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La información más relevante fue que los computadores encontrados en el campamento del fallecido guerrillero Raúl Reyes, efectivamente eran del grupo irregular de las FARC. Sin embargo, no se estableció si Reyes era el dueño.
Según los medios de comunicación el ambiente de camaradería entre los representantes de la Interpol y los miembros del gobierno colombiano eran evidentes, mientras se iniciaba la rueda de prensa en la que se entregaba el informe sobre el análisis técnico forense realizado a 8 dispositivos electrónicos, entre ellos tres computadores, dos discos duros y tres memorias USB.
La rueda de prensa fue realizada en el solemne Salón Bolívar del Palacio de San Carlos. En esta, el secretario general de la Interpol, Ronald Noble, ratificó la versión que algunos medios habían anunciado anteriormente, de que los archivos de los computadores de las Farc no habían sufrido modificaciones, pese a haber transcurrido 10 días en manos de las autoridades colombianas. Esto es, desde el sábado 1 de marzo, día del ataque a territorio ecuatoriano, y el lunes 10, cuando la Interpol recibió oficialmente este material.
Pese a esta aseveración, se reconoció que durante esos 10 días hubo más de 48 000 accesos a estos archivos. Y que el procedimiento de la Dirección e Investigación Criminal de Colombia (Dijin) no se ciñó a los principios reconocidos internacionalmente.
Sin embargo, la Organización Internacional de Policía Criminal señaló que este error no significa que los documentos hayan sido forjados o manipulados, y que no se violentó la cadena de custodia que es obligatoria en un caso de este tipo.
Además se certificó la información que Colombia hizo al día siguiente del bombardeo, donde se revelaron los supuestos vínculos entre las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela.
Luego de garantizar la total independencia del trabajo forense realizado por Interpol, Noble aseguró que fue necesario conformar una Unidad de Gestión, integrada por dos especialistas forenses de Australia y Singapur, "que no hablan español, para que no se dejen influenciar por el contenido de los documentos". La información recabada sumaría 609,6 gigabytes, que según el funcionario equivaldría a 39,5 millones de páginas, que a una persona le tomaría mil años en leerlas.
Por su parte, la canciller María Isabel Salvador y el secretario de la Administración de Gobierno, Vinicio Alvarado, restaron validez a los documentos, por no haberse respetado la "cadena de custodia" de las computadoras, lo que hace que su contenido pierda toda credibilidad legal.

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