La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal por la compra de los kits de alimentos realizada por la Secretaría de Gestión de Riesgo.
Existiría un 40% de sobreprecio, al revisar el precio unitario de los productos se detectó que hay artículos a los que se le habría aumentado hasta 7 dólares.
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La contraloría dispuso eliminar preliminarmente a cuatro movimientos políticos, entre ellos fuerza compromiso social que auspicia al Correismo. Estos movimientos se podrían haber inscrito con firmas de menores de 16 años y de personas fallecidas.
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Tras la lectura del informe borrador del cumplimiento de recomendaciones hechas al Consejo Nacional Electoral (CNE), la contraloría dispuso que se deje sin efecto la inscripción de 4 organizaciones políticas, entre estas, fuerza compromiso social.
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La jueza Ana Cristina Guerrón declaró nula una parte del proceso relacionado con el incendio a las instalaciones de la contraloría en las manifestaciones de octubre. Con ello, se pidió incorporar un peritaje antropológico social respecto a los 27 procesados por un concurso ideal de infracciones.
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El hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil será intervenido por la Contraloría.
Pablo Celi aseguró que esa casa de salud está en una situación de emergencia de control público, donde más del 80 % de las compras se han realizado mediante dudosos convenios de pago.
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La Contraloría General del Estado, a través de las direcciones de auditorías provinciales y nacionales, aprobó mil 600 informes y fijó millonarias sanciones.
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El contralor general del estado, Pablo Celi, confirmó que el ataque a las instalaciones de la institución que preside fue direccionado a eliminar información sensible para romper la cadena de control de los procesos de auditoria.
Lo hizo en el marco de las comparecencias ante la comisión legislativa que investiga el paro. Además, estuvo la fiscal general Diana Salazar.
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La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que hay serios indicios de que el ataque a la contraloría fue concertado y planificado, hablo de evidencias que van más allá de tuits o proclamas en los hechos vandálicos de octubre.
Esto lo dijo la fiscal durante un evento en la contraloría, su titular Pablo Celi hizo la bandera del ecuador como muestra de fortalecimiento de la institución.
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Mientras avanzan las investigaciones del ataque al edificio a la Contraloría General del Estado en Quito, el contralor Pablo Celi junto con autoridades, excontralores y funcionarios izaron las banderas del Ecuador, Quito y la institución.
Fue un acto simbólico para recordar que los ataques políticos en manos de criminales disfrazados de manifestantes no lograron acabar con la Contraloría.
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Organismos internacionales evalúan los actos violentos ocurridos en el país durante los 11 días de protesta. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la ONU, incluirán en sus informes el ataque a las instalaciones de la matriz de la Contraloría General del Estado.
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En Los Desayunos de 24 Horas, Pablo Celi, Contralor General del Estado, habló acerca del conjunto de acciones de control luego del atentado a las instalaciones de la Contraloría.
Con respecto a los daños producto de las manifestaciones mencionó que “aún no se pueden establecer con precisión la magnitud de los daños; el ataque afectó seriamente la infraestructura de la contraloría y la base documental. Se espera en los próximos días el informe del Cuerpo de Bomberos”.
Celi afirma que “el ataque del cual fue objeto es uno de gran magnitud, además, no se da de forma aislada sino en un contexto; es un acto criminal grave en cuanto atenta la memoria institucional del país”.
Menciona que este ataque a la infraestructura también “apunta afectar documentos, quemar documentos y sustraerlos al funcionario de la Contraloría, es decir que hay una concurrencia de delitos”.
Otro de los puntos que abordó es que “los procesos de auditoria se sustentan en una base documental. En el desarrollo de los procesos de control, el paso de la fase de auditoria a la fase de determinación de responsabilidades, los documentos que sustentan las decisiones en este caso del contralor son muy importantes, es decir el documento físico”.
En cuanto al entorno mundial de casos de manifestaciones similares menciona “es muy delicado precipitar asociaciones arbitrariamente, cada país tiene sus particularidades. En nuestro caso, “se debe entender cuáles son las condiciones que hay llevado a un momento tan crítico en la institucionalidad pública en el país”.
Finalmente, afirma “se ha iniciado varios exámenes en el GAD de Pichincha, esto tiene que ver con uso de recursos públicos, esta iniciado el periodo de análisis. La contraloría tiene la capacidad de realizar la auditoria de gestión, vamos a utilizar esa capacidad para evaluar ese GAD y otros”.
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Debido al ataque e incendio de sus instalaciones, la Contraloría General del Estado resolvió suspender varios actos administrativos que estaban en curso desde el 7 de octubre.
Aquí este y otros detalles del acuerdo firmado por el contralor Pablo Celi.
El contralor general del estado, Pablo Celi, denunció ante la fiscalía los ataques a la sede de esa institución. Además, solicitó que se realicen las investigaciones para dar con los responsables de esos actos vandálicos.
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La Comisión Nacional Anticorrupción denuncia ante la Contraloría General compras de insumos médicos para la red pública con sobreprecios y sin requisitos de ley. Calculan que el perjuicio para el estado asciende a los 76 millones de dólares.
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El evaluador de los jueces, Ramiro García, calificó como inentendible la actitud de tres de ellos que se negaron a levantar el sigilo de sus cuentas. Aseguró además que la Judicatura debería preocuparse por la postura de los magistrados, aunque tarde o temprano, Contraloría y Fiscalía las revisarán.
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La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la gestión de la Prefectura del Guayas desde abril de 2013, durante el período de Jimmy Jairala. Existen contratos que se firmaron sin licencia y obras por las que se pagó más de lo previsto.
Más detalles del acontecimiento en la siguiente nota:
La Contraloría General del Estado detecta irregularidades en el manejo del IESS durante los últimos siete años.
Responsabilidades civiles y penales se derivan de varios exámenes especiales cuyas conclusiones se presentaron hoy.
El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Pablo Dávila, habla sobre propuesta de transformación de la Contraloría General del Estado a un Tribunal de Cuentas.
El debate por crear un Tribunal de Cuentas lo originó el contralor subrogante, Pablo Celi, asegura Dávila.
«Él (Pablo Celi) sugería, incluso presentando un proyecto de ley, que debe transformarse la Contraloría General del Estado en un órgano, que él llama, un Tribunal de Cuentas» dijo.
Y manifestó que la ciudadanía puede confiar en los intereses del estado por no replicar «figuras arcaicas» con respecto al manejo de fondos públicos.
«Me parece que el país puede confiar en el Consejo y en las autoridades del ejecutivo, en que no queremos reproducir una figura arcaica o histórica que ya no tenga ni siquiera impacto en la realidad de lo que es el manejo y el control de fondos público actualmente» afirmó.
Responsabilidades administrativas, penales y glosas, son algunas de las predeterminaciones de la Contraloría luego de examinar varios contratos de obra pública efectuados por la prefectura Manabí.
Además emitió una predeterminación con sanción de destitución al prefecto Mariano Zambrano y otros funcionarios.
La actual presidenta del Tribuna Contencioso Electoral denuncia la contratación de servicios de comunicación por cientos de miles de dólares.
Esto habría ocurrió durante la administración anterior.
La presidenta de esta cartera, Mónica Rodríguez, envió a la Contraloría un informe para que se investiguen dos contratos firmados por el presidente anterior, Patricio Baca Mancheno.
Además, se verificará el uso de los recursos firmados por dos contratos de al menos $320.000 dólares.
Rodríguez comentó las irregularidades que encontró en varios contratos en «Los Desayunos de 24 Horas«.
