La Contraloría General del Estado detecta irregularidades en el manejo del IESS durante los últimos siete años.
Responsabilidades civiles y penales se derivan de varios exámenes especiales cuyas conclusiones se presentaron hoy.
El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Pablo Dávila, habla sobre propuesta de transformación de la Contraloría General del Estado a un Tribunal de Cuentas.
El debate por crear un Tribunal de Cuentas lo originó el contralor subrogante, Pablo Celi, asegura Dávila.
“Él (Pablo Celi) sugería, incluso presentando un proyecto de ley, que debe transformarse la Contraloría General del Estado en un órgano, que él llama, un Tribunal de Cuentas” dijo.
Y manifestó que la ciudadanía puede confiar en los intereses del estado por no replicar “figuras arcaicas” con respecto al manejo de fondos públicos.
“Me parece que el país puede confiar en el Consejo y en las autoridades del ejecutivo, en que no queremos reproducir una figura arcaica o histórica que ya no tenga ni siquiera impacto en la realidad de lo que es el manejo y el control de fondos público actualmente” afirmó.
Responsabilidades administrativas, penales y glosas, son algunas de las predeterminaciones de la Contraloría luego de examinar varios contratos de obra pública efectuados por la prefectura Manabí.
Además emitió una predeterminación con sanción de destitución al prefecto Mariano Zambrano y otros funcionarios.
La actual presidenta del Tribuna Contencioso Electoral denuncia la contratación de servicios de comunicación por cientos de miles de dólares.
Esto habría ocurrió durante la administración anterior.
La presidenta de esta cartera, Mónica Rodríguez, envió a la Contraloría un informe para que se investiguen dos contratos firmados por el presidente anterior, Patricio Baca Mancheno.
Además, se verificará el uso de los recursos firmados por dos contratos de al menos $320.000 dólares.
Rodríguez comentó las irregularidades que encontró en varios contratos en “Los Desayunos de 24 Horas“.
El superintendente de bancos, Christian Cruz, sometido a evaluación del Consejo de Participación Transitorio, en audiencia pública, deslindó todos los cuestionamientos en su contra y pidió no actuar por revanchismo.
La Contraloría ordenó anular el concurso de frecuencias de radio y televisión iniciado por el gobierno de Rafael Correa.
Esto luego de la aprobación del informe del examen especial a los procesos de concesión de frecuencias para los servicios de radiodifusión y televisión analógica y digital en ARCOTEL y entidades relacionadas, examen especial que detectó irregularidades en el proceso de adjudicación.
En “Los Desayunos de 24 Horas” analizamos este tema junto a Juan Carlos Solines, experto en Telecomunicaciones.
“Los hallazgos de la Contraloría son de varios tipos, en primer lugar se ha cometido ilegalidades” afirmó Solines.
El exdirector de la SENAIN no niega que podría ser su voz la que se escucha en el audio sobre el secuestro a Fernando Balda.
Dicho audio fue entregado por uno de los policías detenidos en el caso hablando sobre la operación secuestro.
Sin embargo, asegura que no ordenó dicho secuestro.
Pablo Romero, exsecretario de inteligencia, aclaró su vinculación en en el caso en “Los Desayunos de 24 Horas”
“Yo no he recibido una orden del expresidente Correa” dijo Romero.
Además, Pablo Celi, Contralor General del Estado, dio a conocer el estado del informe actuarial del IEES.
También abordó el detalle de los documentos desclasificados referentes a la operación secuestro que involucraría al expresidente Rafael Correa.
Un informe parcial de la Contraloría General del Estado detalla varias irregularidades en el concurso de frecuencias para radio y televisión.
Según el informe, las irregularidades serían por parte de la Agencia de Control de las Telecomunicaciones.
El documento advierte de una trama societaria de tres grupos empresariales asociados para captar frecuencias.
Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones, comentó del tema en “Los Desayunos de 24 Horas“.
La Contraloría General del Estado confirmó la responsabilidad penal del expresidente Rafael Correa y su equipo económico en la contratación de deuda pública.
La Fiscalía deberá determinar la participación de cada uno de los mencionados en dicho informe.
Ramiro Crespo, analista económico, habló del tema en “Los Desayunos de 24 Horas“.
“En definitiva estamos mucho más endeudados de lo que la ley nos permitía” expresó Crespo.
La deuda pública total, a diciembre del 2016, llegó a los $50.550 millones de dólares según el borrador del informe de Contraloría.
El examen realizado entre el 2012 y 2016 revela que el endeudamiento excedió en 12 puntos el porcentaje legal permitido.
Para analizar el tema nos acompañó Pablo Celi, contralor general del Estado, en “Los Desayunos 24 Horas“.
Una veeduría convocada por la Contraloría General del Estado analizará la legalidad de la deuda pública externa e interna.
Entre los funcionarios que han sido notificados por resultados preliminares están todos los ministros y personeros directivos que desempeñaron labores durante el período de análisis. Además del expresidente Rafael Correa.
La Contraloría General del Estado realizó algunas observaciones a la venta del Hotel Quito por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El Presidente del IESS sin embargo defiende la subasta y el precio fijado para la venta.
Este miércoles, en el espacio de entrevistas, “Desayunos de 24 Horas”, nos acompañó Pablo Celi, Contralor subrogante quien habló sobre el proyecto de crear un tribunal de cuentas del Estado.
Celi dijo que el día lunes presentó a Lenín Moreno un proyecto en el que ha ido trabajando el equipo de Contraloría desde hace tres meses. Este proyecto nace de una evaluación de tres aspectos fundamentales: la actual normativa que rige a la Contraloría, sus alcances y limitaciones, también el sistema de auditorias que se viene aplicando en país y el sistema de procedimientos internos que se ha desarrollado.
Han confrontado su propia experiencia para generar un proyecto que responda a las necesidades del país, no solamente a la coyuntura sino también a una perspectiva de fuerza del organismo de control de largo alcance, comentó el Contralor.
Además, afirmó que el contenido del proyecto se refiere a modificar la estructura orgánico funcional de la Contraloría, especialmente en la instancia de decisión ya que se considera convertirla en una instancia colectiva.
Para Celi, la garantía que se da al Estado con este proyecto es de tener mejores condiciones para actuar y resolver deliberadamente mediante un tribunal conformado por siete personas y no solamente por una.
Han presentado el proyecto que contiene dos aspectos: la posibilidad de que este proyecto de confirmación de Contraloría como tribunal de cuentas sea una pregunta de la consulta popular y además se ha presentado el texto completo de lo que sería la ley orgánica del tribunal de cuentas del Estado.
Por otro lado dijo que la lucha contra la corrupción debe tener mecanismos institucionales para que no se convierta en una “muletilla” solamente usada en circunstancias políticas.
El presidente ha sido muy abierto y positivo frente a la iniciativa presentada por la Contraloría. Sin embargo, aún no se ha tenido un resultado final, comentó el Contralor.
Finalmente, Celi mencionó que una de las preocupaciones ha sido evaluar el cumplimiento del plan de control y esto significa establecer las razones por las cuales el plan avanzo o no en los distintos campos y la orientación ha sido concluir con todos los exámenes de control.
La Contraloría General del Estado presentó propuestas que forman parte de una restructuración integra de la entidad, cuyo objetivo es dotar a la ciudadanía de un mayor protagonismo en la ejecución de sus funciones.
Entre las propuestas esta la sustitución de la figura del contralor personal.
La Contraloría General del Estado anuncia que ejecutará un examen especial a las fuentes, legalidad y uso de la deuda pública adquirida entre el 2012 y el 2017 después de que el presidente Lenín Moreno dijera que se la adquirió sin el financiamiento necesario.
Carmen Corral, experta en Seguridad Social, analiza las irregularidades de la deuda que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con sus afiliados.
El IESS ha dado por desaparecida la deuda de 2.500 millones de dólares que el estado debe por la atención a personas con enfermedades catastróficas. Los directivos de la entidad defienden la desaparición de la deuda.
Mientras tanto, la Contraloría General del Estado presentará un borrador en el que señalan que dichas acciones del IESS son ilegales.
Corral explica que, declarar a la deuda como desaparecida, no afecta solo al fondo de salud de los afiliados, sino también al fondo de pensiones.
Durante la tarde se registraron incidentes en los interiores de la Contraloría General del Estado, en donde tuvo que intervenir la Policía Nacional para mantener el orden.
Postulantes rindieron las pruebas para la vacante de Contralor General del Estado.
26 personas se postularon para el cargo de Contralor General del Estado hasta la medianoche del miércoles 24 de noviembre, cuando concluyó el plazo de inscripciones, según informó hoy la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González.
El actual contralor Carlos Pólit figura entre los 26 postulantes que en su mayoría son de la provincia de Pichincha; ningún otro funcionario o exfuncionario del Gobierno ha postulado para este cargo.
