La Fiscalía General del Estado plantea una autonomía total para lograr un combate directo a la corrupción, así lo expresó su titular durante su comparecencia ante la comisión de la Asamblea Nacional.
Conforme avanza el análisis dentro de las reformas a la Constitución, al interior de la Asamblea también se debate el alcance que podría llegar a tener su aprobación.
Entre ellas la reforma a la estructura organizacional de la Fiscalía General. Esto con la finalidad de garantizar la independencia del control público y fortalecer la lucha contra la corrupción.
Para la fiscal general, Diana Salazar, se debe proporcionar autonomía. Pues la entidad debe responder directamente al Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno de la Función Judicial, que puede frenar en algún momento ciertos procesos.
Además, Salazar informó que la entidad tiene un défict de 400 fiscales y que sus nombramientos dependen de la judicatura.
Según el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, la autonomía de la Fiscalía ya se encuentra planteada en la Constitución.
Sin embargo, la posición de la entidad para conferir o no una autonomía total se debatirá en los próximos días.
Fiscal plantea una autonomía total para el combate a la corrupción, los detalles en el siguiente video:
Autoridades del Teodoro Maldonado Carbo denunciaron ante la fiscalía supuestas irregularidades en compras realizadas por la institución. El perjucio económico en esta casa de salud, solo en estos casos denunciados, estaría cercano a los USD 10 millones.
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El asambleísta Daniel Mendoza amplió su versión dentro del caso que se sigue en su contra por el delito de delincuencia organizado. Su defensa aseguró que no se acogerá a una cooperación eficaz.
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El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, recibió medidas alternativas a la prisión preventiva. Pese a estar investigado por presunto tráfico de influencias, hoy Morales retomó sus actividades en el gobierno provincial del Guayas.
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La Fiscalía investiga otros posibles delitos que rodean a la red de corrupción montada por el expresidente Rafael Correa durante su gobierno.
La fiscal general Diana Salazar dice que se presume lavado de activos, peculado, tráfico de influencias y otros.
El caso sobornos fue el punto de partida.
La Fiscalía concluyó la presentación de pruebas dentro del proceso por cohecho que enfrenta el expresidente de la República Rafael Correa, exfuncionarios de su gobierno y contratistas del mismo período.
La fiscal Diana Salazar asegura haber probado que el expresidente Rafael Correa fue parte de una organización dedicada a pedir dinero para sus actividades políticas a cambio de la concesión de contratos millonarios, sin concurso.
El Gobierno desconoce del supuesto asilo por parte de México a Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, aseguró este sábado el canciller, José Valencia.
«Nos hemos enterado, también nosotros, por medios de comunicación que el señor Ricardo Patiño, exministro del Gobierno del expresidente Rafael Correa, había recibido asilo o refugio en México», dijo al ser consultado sobre el tema por periodistas en un encuentro con la prensa extranjera.
Y añadió que no tienen comentarios que hacer al respecto pues «es algo que concierne ciento por ciento al Estado, en este acaso a México, si eso ha ocurrido».
«No lo podría confirmar ni nada, no hemos sido notificados», agregó el titular de la diplomacia ecuatoriana antes de recalcar que Patiño «no es un perseguido político».
Apuntó que Patiño «fue acusado por la Fiscalía debido a expresiones suyas, que podrían constituir la comisión de un delito común. La Fiscalía, y no el Gobierno ecuatoriano, fue la que presentó la queja ante un juez», anotó.
El pasado 5 de agosto, una corte del país convocó a un juicio contra Patiño quien fue acusado de instigar a la violencia durante un encuentro de un grupo político opositor al Gobierno del presidente Lenín Moreno.
El juez Marcelo Palomo, de la Corte de Justicia de la provincia andina de Cotopaxi, acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a Patiño, contra quien pesaba entonces una orden de prisión preventiva, con fines de investigación.
Sin embargo, el proceso quedó suspendido debido a que Patiño ya había abandonado el país.
El proceso obedece a una denuncia presentada contra Patiño, quien en octubre del año pasado, durante un discurso político, habría llamado a ocupar instituciones públicas y a cerrar vías.
El pasado 9 de mayo, el mismo juez había sustituido la prisión preventiva contra Patiño y fijado una fianza de 50.000 dólares, aunque luego insistió en la primera ante la ausencia del acusado.
La Fiscalía de Cotopaxi acusó a Patiño de instigación en base a una investigación abierta el 27 de octubre de 2018, a raíz de una denuncia interpuesta por Juan Carlos Machuca.
Ese ciudadano acusó al exministro de haber incitado a la discordia, tras llamar a la movilización y a ocupar instituciones.
Patiño era considerado el colaborador más cercano al expresidente Rafael Correa (2007-2017), después de que el exvicepresidente Jorge Glas ingresó en prisión a finales de 2017, tras ser condenado en primera instancia por un caso de asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma Odebrecht, que él niega.
Patiño fue ministro de Economía, de Relaciones Exteriores y de Defensa de Correa, quien reside en Bélgica y quien es requerido por la justicia ecuatoriana en varios casos, la mayor parte de ellos por presunta corrupción.
Correa y varios de sus colaboradores han expresado ser víctimas de una persecución política por parte de grupos de derechas y del Gobierno de Moreno, excorreligionario suyo convertido ahora en uno de sus más acérrimos rivales políticos.
Fuente: EFE
Alexis Mera, funcionario público ha utilizado personajes de la famosa franquicia fílmica, Star Wars (Obi-Wan Kenobi, Mace Windu y Owen Lars). La Fiscalía General del Estado todavía investiga el propósito de las direcciones electrónicas.
Solo 11 fiscales manejan los cientos de casos de corrupción que se investigan en el país. La falta de avance en las indagaciones se debe a que, en promedio, cada fiscal indaga 150 casos relacionados con funcionarios del estado.
Más información sobre este acontecimiento en la siguiente nota:
La Fiscalía General del Estado pide a la Corte Nacional de Justicia una audiencia de vinculación para el ex presidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y 20 personas más, entre funcionarios públicos y empresarios, por el Caso Sobornos 2012-2016.
Más detalles de este acontecimiento en la siguiente nota:
Las investigaciones por el delito de concusión en el Caso Arroz Verde continúan en la Fiscalía General.
Este lunes, las versiones se centraron en desvirtuar lo escrito por la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez.
En Los Desayunos de 24 Horas, Roberto Gómez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, analizó el caso Arroz Verde.
Roberto Gómez, asegura que este caso es parte de una situación sistemática y muy amplia, debido a que comprende toda la contratación pública, a través de un sistema de coimas y de concusión.
Además, considera que lo que se conoce sobre el caso Arroz Verde es una situación superficial pues existen muchos delitos dentro de este tema, como es la corrupción, el cohecho y el peculado.
Por lo cual, considera que la Fiscalía tiene que llegar a juzgar por peculado, lo cual se conseguirá con la declaración de un estado de emergencia de la institución para que la fiscalía tenga los recursos materiales y humanos necesarios para conseguirlo.
Finalmente, afirma que esto es un proceso difícil pero que el Estado debe trabajar para llegar a la verdad, lo cual se va a lograra si se brinda todo el apoyo de todos los poderes del Estado a la Fiscalía General.
En Los Desayunos de 24 Horas, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, explicó el proceso y avance en la investigación del caso denominado «Arroz Verde».
Salazar afirmó que los ciudadanos deben estar conscientes de que la investigación periodística y la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado son diferentes, porque la Fiscalía debe comprobar de manera real, material y formal cada una de las aseveraciones realizadas en redes sociales o portales web.
Además, aseguró que los registros de Pamela Martínez son elementos que van a permitir recabar otras pruebas que darán la certeza de que lo escrito corresponde a la verdad de los hechos.
También, manifestó que no puede asegurar que desde la Fiscalía o Policía Nacional se fuga la información, debido a que considera que las instituciones han trabajado en acciones con resultados efectivos. Y es por que la Fiscalía está trabajando en minimizar al máximo la fuga de los involucrados en una investigación.
Por otra parte, Diana Salazar afirmó que algunas personas, conforme va avanzando la investigación, serán llamadas a rendir sus versiones y de acuerdo a elementos que se vayan recabando se valorará su grado de responsabilidad y participación.
Finalmente, respecto a las irregularidades del Ministerio de Salud, manifestó que esa investigación no está direccionada a una sola persona sino que se están investigando hechos y a partir de ellos se van desprendiendo responsabilidades de cada uno de los actores.
La Fiscalía General del Estado empieza a receptar testimonios de los exfuncionarios mencionados en la investigación Arroz Verde que habla de supuestos aportes ilícitos en la campaña electoral de Rafael Correa.
Esta denuncia parte de una instrucción fiscal, que, de momento, mantiene en prisión a dos excolaboradoras de Rafael Correa.
Solo en 2018 el 6% de los procesos de contratación revisados fueron a Contraloría y 15 a la Fiscalía General del Estado.
Es por lo que el servicio de contratación pública junto con el Banco de Desarrollo acuerdan parámetros más severos de revisión de los procesos de contratación.
Al ciudadano sueco Ola Bini, colaborador de Julian Assange, la Fiscalía le formuló cargos por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Finalizada la sesión, Rodolfo Navarrete, el juez de la Unidad de Flagrancia, dictó a Bini prisión preventiva y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
El colaborador de Assange fue detenido en el aeropuerto de Quito este jueves cuando se disponía a tomar un vuelo a Japón. Se lo detuvo por supuestamente haber participado en acciones de desestabilización del gobierno de Lenín Moreno.
La audiencia fue instalada a las 22h00 de este viernes, en la que el juez afirmó que la detención de Ola Bini era legal y procedió a escuchar la versión de las partes. Para entender a Bini se contó con la presencia de dos traductores de su idioma.
La Fiscalía nombró uno por uno los elementos por los que estaría relacionado al delito de ataque cibernético, señalado en el Art. 232 numeral 1 dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Cuando iba a emprender el viaje a Japón y se lo detuvo, detalla el Fiscal, se encontró una gran cantidad de computadoras portátiles, cables USB, Ipods, Ipads, dispositivos de memoria, teléfonos celulares, tarjetas de crédito, adaptadores, etc.
Otro de los elementos de convicción de presentó Fiscalía fue un reporte migratorio obtenido de la Base de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) donde se evidencia una gran lista de viajes realizados por el sueco, y otro en el que se detalla que desde 2015 hasta 2019 Ola Bini hizo pagos a través de internet por más de USD 230.000.
La reestructuración interna y un plan estratégico de intervención de la Fiscalía son algunos de los retos a los que se enfrenta la nueva Fiscal General del Estado.
Para ampliar estos temas nos acompañó, en Los Desayunos de 24 Horas, Diana Salazar, Fiscal General designada.
«La reestructuración se basa en la evaluación a los funcionarios y en un plan estratégico para analizar cada una de las investigaciones (…). En mi gestión la ciudadanía tendrá las puertas abiertas para hacer conocer a su máxima autoridad de manera directa y poder tomar las decisiones que corresponda», aseguró la Fiscal.
Sobre los casos de corrupción de Odebrecht, Salazar explicó: «vamos a tener una auditoría de trabajo con cada uno de los fiscales que estaban encargados de los casos (…). Lo que tenemos que hacer es procesar la información entregada por la Fiscalía de Brasil».
Algunos casos de corrupción como el de Iván Espinel y María Sol Larrea han quedado en la impunidad, por lo que la Fiscal aseguró que por esa razón es indispensable la evaluación a los funcionarios, sobre todo a los Fiscales, se hará «sin persecución, pero sí con responsabilidad».
Finalmente, la Fiscal Diana Salazar aseguró que no le preocupa su seguridad porque no tiene nada que temer y que confía sobre todo en el respaldo de la ciudadanía.
La posibilidad de reencontrarse con el caso Odebrecht y que surjan los procesos que quedaron pendientes contra el exvicepresidente Jorge Glas, son los grandes retos que tiene Diana Salazar, en la Fiscalía General para demostrar una verdadera independencia, opinan dos analistas.
Se cuentas los días para conocer el nombre de quién será la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Este viernes se realizó la audiencia pública de impugnación a los candidatos.
