La poca o nula formación de los jueces estaría afectando su desempeño en el cargo, así lo sostienen dos expertos en el tema judicial.
Desde la academia se piden cambios de fondo para que el sistema judicial del país avance.
Cientos de personas protestaban el lunes en la capital de India para pedir justicia por la muerte de una veterinaria de 27 años, asesinada y violada en grupo la semana pasada.
Los manifestantes reclamaban una investigación rápida del caso y leyes duras para aumentar la seguridad de las mujeres en India.
“Ya no estamos a salvo en India. Nos da miedo salir de nuestra casa”, dijo Sejal Kumar, estudiante universitaria.
La mujer desapareció el miércoles por la noche. Un peatón encontró su cuerpo quemado la semana siguiente en un paso subterráneo, en el estado sureño de Hyderabad.
Cuatro sospechosos fueron detenidos, según la policía.
Los crímenes violentos contra las mujeres en India han recibido más atención desde 2012, cuando la muerte de una mujer tras una violación en grupo en un autobús en marcha en Nueva Delhi en 2012 hizo que cientos de miles de personas salieran a la calle para reclamar leyes más duras contra las violaciones.
La indignación impulsó una rápida reforma legal que multiplicó por dos las penas de prisión para los violadores, a 20 años, y penalizó el voyeurismo, el acoso y la trata de mujeres. Los legisladores indios también aprobaron rebajar de los 18 a los 16 años la edad a la que podía ser juzgado un sospechoso de delitos graves.
Según los últimos datos oficiales de delincuencia, la policía documentó 33.658 casos de violaciones en India en 2017, una media de 90 diarios. Pero se cree que la cifra es real es muy superior, ya que muchas mujeres en India no reportan los casos ante la policía por miedo.
Los datos también revelan que más del 90% de los casos de crímenes contra mujeres estaban pendientes en cortes locales.
El último caso también llegó al debate parlamentario.
El ministro de Defensa, Rajnath Singh, dijo que el gobierno estaba dispuesto a hablar de la violencia contra las mujeres y considerar las medidas más duras contempladas por la ley.
“Este acto ha traído vergüenza sobre todo el país. Ha dañado a todo el mundo. Los acusados deben recibir el castigo más duro por su crimen”, dijo Singh./AP
Con los brazos en alto y agitando las manos, una decena de exestudiantes de un colegio para sordos en Argentina expresaron el lunes su felicidad luego de que dos curas católicos que los sometieron a múltiples abusos sexuales fueron condenados en un juicio histórico.
Un tribunal penal de la provincia cordillerana de Mendoza, en el oeste del país, sentenció al sacerdote italiano Nicola Corradi a 42 años de prisión y al cura argentino Horacio Corbacho a 45. La corte formada por tres jueces también condenó al laico argentino Armando Gómez a 18 años de cárcel.
Corradi, de 83 años, Corbacho, de 59, y Gómez, de 49, escucharon con gesto adusto el fallo dictado por el tribunal de la ciudad de Mendoza, unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires, mientras eran observados por sus víctimas, exalumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
El veredicto, que puede ser apelado, se dio a conocer después de un juicio que duró más de tres meses y en el que se comprobaron 20 hechos de abusos y violaciones sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos, entonces menores de edad. El colegio ha sido clausurado.
Después de escuchar la sentencia, las víctimas fueron a uno de los vestíbulos del edificio donde el tribunal tiene su sede y manifestaron su alegría saltando y alzando los brazos, como si estuvieran aplaudiendo. También se abrazaron a los fiscales que investigaron las denuncias.
Los exalumnos y los funcionarios de la justicia destacaron que haya sido en Argentina, la tierra del papa Francisco, donde Corradi encontró por fin su castigo luego de que durante décadas lo rodearan las sospechas sobre delitos similares que habría cometido en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, en Italia.
“Estoy feliz, muchas gracias por la lucha, porque todos nos han apoyado… esto ha cambiado mi vida”, dijo a periodistas Vanina Garay, de 26 años, con la ayuda de una intérprete.
Una joven que no se quiso identificar y que fue una de las primeras denunciantes dijo a The Associated Press con los ojos llenos de lágrimas que lloraba de felicidad “por todo este esfuerzo” y que se sentía “en paz y tranquila”. También criticó al Papa Francisco porque “nunca se interesó por nosotros”.
Sobre estos casos que se denunciaron masivamente en 2016 generando un terremoto en Argentina, Francisco no ha hecho comentarios públicos.
El escándalo se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por supuestos abusos en Verona sin que fuera juzgado y que Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
El Arzobispado de Mendoza difundió un comunicado en el que trasmitió su “solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones” y dijo sentirse desafiado “a seguir trabajando para evitar que estas situaciones se repitan”.
La institución ha sido cuestionada por los sordos del Próvolo de Mendoza, que afirmaron no sentirse protegidos por la Iglesia local y el Vaticano durante estos tres últimos años.
Según Anne Barrett, cofundadora de BishopAccountability.org, “la corte argentina ha dado a los niños traumatizados del Próvolo una medida de justicia que la Iglesia católica no les dio”.
“El papa también debe aceptar la responsabilidad por el sufrimiento inimaginable de estos niños…. Ignoraba las repetidas advertencias de que Corradi estaba en Argentina”, agregó.
Está previsto que el cura italiano siga bajo prisión domiciliaria por su avanzada edad mientras que Corbacho y Gómez permanecerán confinados en una cárcel de la capital mendocina.
Este es el primero de una serie de juicios a los que serán sometidos otros exintegrantes del colegio.
El laico Jorge Bordón, que trabajó como administrativo en el instituto, admitió su culpabilidad en 2018 en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.
En las audiencias del proceso se conocieron los testimonios de jóvenes de ambos sexos sobre las violaciones y toqueteos cometidos por los sacerdotes en sus dormitorios y en los baños del colegio. También relataron que sufrieron maltratos y fueron obligados a ver imágenes pornográficas.
Los testimonios fueron considerados verídicos en la etapa de instrucción previa al juicio y avalados por distintos elementos encontrados en los allanamientos al instituto, como registros de las denuncias realizadas por los padres que luego caían en saco roto, ropa interior presuntamente manchada con semen de los imputados o fotografías de una menor desnuda en la computadora de Corbacho y las cadenas que éste supuestamente usaba para amarrar a una joven con el fin de someterla.
Los abusos ocurrían generalmente los fines de semana y las víctimas eran los alumnos pupilos, quienes a su vez sostuvieron que eran amenazados para no denunciar lo ocurrido.
Los exalumnos del Próvolo exigen que el papa despoje del estado sacerdotal a los abusadores en el marco del proceso canónico que se les sigue desde hace meses.
El caso golpea las puertas del Vaticano cuando Francisco ha promulgado nuevas normas para combatir el abuso en la Iglesia.
El Vaticano envió en 2017 a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo a The Associated Press cuando comenzó el juicio que los hechos denunciados eran “horribles” y “más que verosímiles”.
En un informe que elevó al Vaticano, Simón pidió la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho, es decir, “que sean dimitidos directamente por el Santo Padre”. El informe debe ser revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Simón señaló que el pontífice le había expresado que “estaba muy preocupado por esta situación”, pero muchos en Argentina se preguntan por qué el papa no removió a Corradi como autoridad del Próvolo de Mendoza tras ser advertido sobre las denuncias en su contra en Italia.
El nombre del cura apareció públicamente en 2009 cuando 67 sordos dijeron haber sido abusados en el instituto veronés por 24 curas, laicos y hermanos religiosos y especificaron que en ese entonces el sacerdote italiano estaba en Argentina.
En 2012 la diócesis de Verona pidió perdón a las víctimas y sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.
El nombre del cura italiano apareció de nuevo en una carta dirigida a Francisco en 2014 en la que le reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo en Mendoza.
Corradi también está en la mira de la justicia de la provincia de Buenos Aires por presuntos abusos cometidos en el Instituto Próvolo de la ciudad de La Plata, a unos 70 kilómetros de la capital argentina. A ese centro fue a parar el sacerdote cuando fue trasladado desde Verona y luego destinado a Mendoza en la década de 1990.
Familiares de las víctimas apuntaron que los traslados de Corradi obedecerían a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados./ AP
Miembros activos de la Policía, de las Fuerzas Armadas y funcionarios de la Fiscalía están entre los 16 detenidos tras un operativo por asociación ilícita. Los detenidos perfilaban a sus víctimas y realizaban falsos allanamientos.
La presidenta interina Jeanine Áñez advirtió el viernes que si el exmandatario Evo Morales regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral, mientras el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz en Bolivia y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones.
Morales “puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral. Nadie lo echó, se fue solo”, dijo la mandataria en una reunión con corresponsales.
Áñez reconoció, sin embargo, que hay aproximaciones con legisladores del Movimiento Al socialismo (MAS), que controla casi dos tercios de la Asamblea Legislativa, para encaminar la agenda legislativa, pacificar el país y convocar nuevas elecciones.
“Hacemos esfuerzos con el MAS para llevar adelante el proceso. Ellos tienen dos tercios, nosotros somos minoría. Las negociaciones iniciales son fallidas”, sostuvo, pero acotó que está en marcha una “mesa de negociaciones” con mediadores.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre, dijo que “los acuerdos deben avanzar paso a paso”.
El primer acercamiento se produjo el jueves en la noche con la renovación de la dirección de las cámaras de la Asamblea, presididas por legisladores del MAS, el partido de Morales.
“Queremos dar la respuesta más pronta para pacificar al país y para una elección sana, saludable y pronta”, dijo Mónica Eva Copa, que fue confirmada como presidenta del Senado con los votos del partido Unidad Democrática (UD) de Áñez.
Áñez aclaró que por el momento no reconocerá la presidencia del Senado de Copa, del MAS. “Entiendo que no había quorum”, en la sesión en que fue elegida, dijo.
Como senadora, Copa estaría habilitada para una eventual sucesión presidencial.
Morales renunció el domingo por la presión del ejército tras las protestas en todo el país por un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre, de los que declaró ganador para un cuarto mandato. Una auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) halló irregularidades generalizadas en las elecciones.
La recomposición de la dirección de la cámara alta es un primer paso para activar el proceso legislativo “que debe aprobar la ley de convocatoria a elecciones”, dijo a The Associated Press la senadora de la UD, Carmen Eva Gonzales.
De esos esfuerzos participan la Conferencia Episcopal de Bolivia y Jean Arnault, el enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, que llegará a La Paz el viernes.
Todas las partes marcaron como prioritaria la restauración de la paz en un país convulsionado desde los comicios y donde más de 10 personas han muerto en las protestas que, en un primer momento, estuvieron impulsadas por opositores y líderes cívicos contra del fraude.
Ahora son los sindicatos afines a Morales los que se manifiestan a diario en rechazo a Áñez y pidiendo el regreso del exmandatario.
En La Paz algunas gasolineras se quedaron sin suministro por los bloqueos de carreteras en la cercana ciudad de El Alto, un bastión de Morales e importante punto de distribución de combustible.
Las autoridades detuvieron a más de 100 personas el jueves y decomisaron dinero, palos, cuchillos, explosivos y bombas caseras cuando cocaleros y campesinos afines a Morales pretendían ingresar a Cochabamba, en el centro del país, para una protesta, informó la policía.
Áñez dijo la víspera que Morales no puede postularse como candidato en unas nuevas elecciones, aunque el derrocado mandatario sigue siendo el presidente de la nación andina dado que la Asamblea Legislativa no aceptó todavía su renuncia.
“La Asamblea tiene que rechazar o aprobar la renuncia. Hasta ahora no aprobaron ni rechazaron”, apuntó Morales en una entrevista con The Associated Press la víspera en México, donde recibió asilo político.
Parte de la oposición a Morales nació de su rechazo a aceptar el resultado que un referendo que le habría prohibido presentarse a la reelección.
Tras su dimisión, no estaba claro si la autoridad electoral boliviana tendría que prohibirle formalmente postularse a unos nuevos comicios.
El MAS “tiene todo el derecho de participar en elecciones, que busquen candidatos”, declaró Áñez.
El nuevo gobierno interino de Bolivia comenzó a recibir reconocimiento internacional, pero enfrentó desafíos a su legitimidad dentro de sus fronteras.
Morales cambió la política de Bolivia, gobernada durante décadas por descendientes de europeos, al revertir la profunda desigualdad. La economía creció con fuerza gracias a la suba del precio de las materias primas y promulgó una nueva constitución que creó un Congreso con escaños reservados para minorías indígenas y permitió el autogobierno de las comunidades nativas.
Aunque algunos de sus seguidores se mostraron descontentos por su insistencia en aferrarse al poder, Morales sigue siendo una figura popular, especialmente entre los aymara, la etnia a la que pertenece./ AP
La encarcelada líder opositora Keiko Fujimori tenía conocimiento de que la constructora brasileña Odebrecht aportó dinero a su campaña presidencial de 2011, según declaró ante la Fiscalía el empresario Jorge Yoshiyama, uno de los principales colaboradores de la Justicia en la investigación de este caso.
El empresario, sobrino del exjefe de esa campaña, Jaime Yoshiyama, señaló el último lunes ante la fiscal Elvia Caro que su tío le dio el dinero aportado por Odebrecht (800.000 dólares, según una declaración anterior) para que lo transfiera a las cuentas del partido mediante falsos aportantes.
En su testimonio, publicado este jueves por el diario La República, Yoshiyama detalló que su pariente le informó que había hablado de ese tema con Keiko y esta le dijo: «Jaime, por si acaso debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros'».
La declaración coincide con la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, quien al pedir en octubre de 2018 la prisión preventiva para Keiko y otros diez implicados señaló que ocultaron hasta un millón de dólares entregados por Odebrecht mediante una contabilidad ficticia, en la que se simularon múltiples aportes.
Desde entonces, varios de los investigados, entre ellos Jorge Yoshiyama, acordaron colaborar con la Fiscalía, por lo que se les dictó orden de comparecencia e impedimento de salida del país.
APORTES SIMULADOS
Según la declaración de Yoshiyama, la consigna de su tío y de Keiko fue siempre encubrir el verdadero origen del dinero, por lo que al comienzo de la investigación fiscal organizaron el encubrimiento de los hechos junto con sus abogados.
Agregó que Fujimori le manifestó directamente que se estaba «moviendo políticamente y con jueces para resolver el caso».
«Su planteamiento de defensa era solo ratificar falsamente los aportes y que ella se iba a encargar desde la política, y que si los falsos aportantes aceptaban ser falsos donantes, le iba a impactar fuertemente en las encuestas. Alegaba que si querían salir (los implicados) del problema, la teníamos que seguir apoyando», acotó.
MÁS REVELACIONES DE OBSTRUCCIÓN
Otras acciones de obstrucción revelada por Yoshiyama también coinciden con la hipótesis fiscal de una presunta conspiración del fujimorismo con el ex fiscal general Pedro Chávarry para frenar las investigaciones contra Keiko.
La aproximación entre el fujimorismo y Chávarry se realizó, según Yoshiyama, mediante reuniones con el entonces portavoz de la bancada del partido Fuerza Popular, Daniel Salaverry, quien este jueves negó haber cumplido esas órdenes.
Salaverry, quien presidió el Congreso en el período 2018-2019, aseguró en Twitter que efectivamente recibió ese pedido pero se negó a cumplirlo porque le «pareció incorrecto e ilegal» y fue una de las principales causas que lo llevaron a alejarse del partido fujimorista.
Yoshiyama también dijo que Fujimori mantuvo contacto con el ex juez supremo César Hinostroza, actualmente a la espera de ser extraditado desde España bajo la acusación de haber liderado una red de corrupción en la Judicatura peruana.
Con esto, se habría buscado que Hinostroza resuelva la casación de esta caso que interpuso Fujimori ante la Corte Suprema y desestime la investigación contra ella y su esposo, el estadounidense Mark Vito, por un presunto lavado de activos.
En un audio publicado el año pasado por medios locales, Hinostroza hace referencia a una reunión con una «señora K», que muchos identificaron con Keiko, pero esta y sus seguidores niegan que se trate de ella.
A LA ESPERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Keiko Fujimori cumple prisión preventiva por 18 meses, aunque el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver una acción de amparo presentada en julio pasado por su hermana Sachi, para que se anule esa orden por considerar que sus derechos fueron vulnerados.
En ese sentido, miembros del Tribunal Constitucional señalaron este jueves que el presidente de ese organismo, Ernesto Blume, expondrá el próximo martes una ponencia en la que, según medios locales, se pronuncia a favor de la liberación de Keiko.
Sin embargo, el miembro del TC Eloy Espinosa-Saldaña señaló que se ha solicitado a Blume que las nuevas revelaciones conocidas tras la declaración de Yoshiyama sean incluidas en su ponencia.
Fuente: EFE
Hasta con 3 años de cárcel se sancionaría a quienes incurran en el delito de maltrato animal, incluido en las reformas al Código Penal.
La zoofilia ahora será penada con privación de libertad, mientras que el abandono de animales en la calle se convirtió en una contravención.
El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este lunes al juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, después de que este fin de semana el diario The New York Times publicara un análisis en el que aparecía una presunta nueva acusación de acoso sexual contra el magistrado.
«El que está siendo asaltado es el juez Kavanaugh. ¡Asaltado por mentiras y noticias falsas!», dijo Trump en Twitter después de que el New York Times rectificase este lunes parte de la noticia publicada.
En una primera versión, el diario relató a través de un supuesto compañero de Kavanaugh en la Universidad de Yale un episodio que narraba cómo el juez puso su pene en la mano de una estudiante en una fiesta universitaria cuando estaba borracho.
Sin embargo, el Times publicó este lunes una nota adjunta en la que explica que la supuesta víctima «se negó a ser entrevistada y sus amigos dicen que ella no recuerda el incidente».
Tras este anuncio, Trump criticó que el diario, junto a los demócratas, «estén intentando destruir e influir en las opiniones» de la gente respecto a Kavanaugh, que fue acusado por varias mujeres de acoso sexual antes de ser confirmado el año pasado.
«¡Deberían ser demandados!», agregó el mandatario, que ya recomendó este fin de semana al juez conservador que presentase una denuncia contra el diario neoyorquino por la publicación de esa noticia.
Varios legisladores demócratas e, incluso, candidatos presidenciales, como el exlegislador Beto O’Rourke, demandaron al Congreso que iniciara un proceso de destitución («impeachment») del magistrado.
Kavanaugh, por su parte, ha negado siempre las acusaciones.
Mientras el Senado estadounidense valoraba la candidatura de Kavanaugh para ocupar una de las nueve plazas de la máxima instancia judicial del país, varias mujeres hicieron público que, supuestamente, el juez las había agredido sexualmente décadas atrás.
Una de ellas, de hecho, Christine Blasey Ford, llegó a comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara Alta para explicar su historia.
Sin embargo, otra que acusó al juez de haberla violado, Judy Munro-Leighton, reconoció un mes después que mintió para evitar la confirmación del juez ya que estaba «furiosa».
Pese a la polémica desatada, Kavanaugh fue finalmente confirmado por el Senado de EE.UU. el 6 de octubre y ese mismo día asumió la posición de juez del Supremo.
Fuente: EFE
Las cardiopatías se han vuelto un fenómeno común entre algunos de los líderes políticos peruanos encarcelados o acorralados por la Justicia, males que los llevan a ser repentinamente hospitalizados por varios días e incluso meses, a veces en coincidencia con los plazos de su proceso penal.
El último episodio lo protagonizó este sábado Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y actual líder del partido fujimorista Fuerza Popular, quien fue trasladada desde la cárcel a una clínica de Lima por unos problemas coronarios.
Keiko, de 44 años, que pocos meses antes de ingresar en prisión preventiva se ufanaba de participar en pruebas de triatlón, salió con esta dolencia momentáneamente y por primera vez de la cárcel de mujeres donde lleva recluida desde finales de octubre de 2018 mientras se le investiga por presunto lavado de activos.
La política logró esta semana que la Justicia le redujese el periodo de prisión preventiva de 36 a 18 meses, por lo que puede salir en libertad el 30 de abril de 2020 si la Fiscalía no presenta antes una acusación con los suficientes indicios y pruebas para abrir juicio.
No obstante, Keiko tiene en marcha un recurso en el Tribunal Constitucional para lograr su libertad antes de esa fecha mediante la anulación de la prisión preventiva dictada por obstruir a la Justicia en una presunta compra de testigos del caso donde está imputada por ocultar un millón de dólares recibido presuntamente de Odebrecht.
Keiko fue ingresada en la misma clínica a la que suelen trasladar frecuentemente a su padre Alberto, de 81 años, que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.
De hecho, por solo un día no coincidieron ambos en el mismo recinto médico, pues el patriarca de los Fujimori estuvo hospitalizado en ese nosocomio desde el pasado domingo hasta este viernes por una fibrilación auricular descompensada, según su médico personal, el excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga.
Esa arritmia crónica que puede provocar muerte súbita es uno de los motivos de las hospitalizaciones periódicas del octogenario expresidente a pesar de que en su prisión, donde es el único recluso en una cárcel construida expresamente para albergarlo solo a él, tiene atención médica permanente.
Fujimori también tiene otros males crónicos como una hernia, hipertensión, gastritis y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta en seis ocasiones.
La hospitalización de Fujimori que más llamó la atención fue la que lo mantuvo hasta 112 días en la clínica entre el año pasado y el actual, después de que la Justicia peruana anulase el indulto que le había otorgado meses atrás el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Fujimori llegó a la clínica el mismo día que el juez revocó el indulto y ordenó su vuelta a prisión, pero no salió del centro médico rumbo a su celda hasta que la Corte Suprema ratificó la decisión sin que ya hubiese marcha atrás,
Algo similar ocurrió recientemente con el mismo Kuczynski, investigado en el marco del caso Odebrecht por presuntamente haber ocultado supuestos pagos ilícitos de la constructora a través de consultorías entre 2004 y 2007, mientras era ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Kuczynski, de 80 años, ya fue hospitalizado en abril al aducir una descompensación horas antes de que un juez le dictase prisión preventiva por 36 meses, lo que le llevó a ser intervenido de urgencia para colocarle un marcapasos en el corazón.
El expresidente salió a los pocos días del centro médico, justo después de que un tribunal superior anulara la medida de prisión para dictarle a cambio arresto domiciliario.
Kuczynski ha sido ingresado de urgencia en cuidados intensivos hasta en dos ocasiones más desde entonces, siempre horas antes de sendas audiencias judiciales donde se iba a revisar un pedido de la Fiscalía para que pasase a prisión preventiva por haberse reunido durante su arresto domiciliario con otros investigados del mismo caso.
Después de que la Justicia no aceptase la solicitud del fiscal, Kuczynski, que también padece fibrilación auricular paroxística, fue dado de alta en ambas ocasiones para proseguir su arresto domiciliario.
En los tres casos la información médica que trasciende es escasa, y normalmente proviene del círculo cercano a ellos, ya sea familiares, abogados o amigos, sin que las autoridades médicas que los tratan acostumbren a pronunciarse públicamente.
Fuente: EFE
El principal tribunal de Noruega dijo que “sin duda alguna” los muñecos sexuales de niños son una forma de sexualizar a menores y violan la ley del país.
La Corte Suprema falló por unanimidad el martes que la ley de ofensas sexuales contra menores incluye textos, imágenes, películas y representaciones tridimensionales como muñecos.
El caso surgió después de que el servicio de aduanas noruego confiscó en 2016 un muñeco comprado en internet y los fiscales acusaron al hombre que intentó importarlo. En Noruega, los acusados pueden ser multados o pasar hasta tres años en prisión.
En 2017, la policía noruega expresó preocupaciones sobre el aumento de muñecos sexuales realistas comprados en Hong Kong, diciendo que entre quienes los compraban había hombres acusados de crímenes sexuales cometidos contra menores. Concluyó que los muñecos podrían aumentar el riesgo de cometer más abusos contra niños./ AP
En un camino formado por zapatos desgastados y fotos de personas, centenares de colombianos pidieron este viernes en Bogotá saber qué pasó con sus hermanos, hijos o padres que hacen parte de la lista de más 120.000 desaparecidos que hay en el país según organizaciones sociales.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los familiares de las víctimas realizaron un plantón en la Plaza de Lourdes, a donde llegaron con pancartas y camisetas blancas.
Allí también llevaron plantas pequeñas con las que rodearon las fotos como símbolo de esperanza, así como un coro de niñas que cantaron por la «libertad» y «el respeto a la vida».
«Para mí es muy triste porque (…) el Estado todo lo quiere callar, nosotros pedimos que nos digan qué pasó, ellos salen vivos y no los entregan calcinados», afirmó a Efe entre lágrimas Inés Castiblanco, que llevaba un pancarta que decía «Amar es resistir».
Su hermana Ana trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia cuando ocurrió la toma guerrillera del M-19 hace 34 años y su cuerpo fue recibido por sus familiares en 2017, 32 años después de su desaparición.
El plantón fue organizado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) con el propósito de preservar la memoria de las personas desaparecidas y alzar la voz para exigir justicia.
Para Sandra Bonilla, una de las líderes de la Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá, es importante seguir luchando para que los desparecidos no sean olvidados.
«Vamos a luchar hasta encontrarlos, ser parte de la verdad y que se haga justicia. Queremos que todos aquellos que han perdido un familiar hagan una denuncia», manifestó a Efe.
Según denunció el jueves Erik Arellana Bautista, miembro de Movice y de Human Rights Everywhere (HREV), el número de personas desaparecidas forzosamente en Colombia durante el conflicto supera los 120.000, cifra superior a la que han publicado las entidades del Estado.
Arellana señaló durante la presentación del libro «Cartografía de la desaparición forzada en Colombia» que la Fiscalía tiene registradas 96.000 desapariciones, mientras que para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) son 80.472 los desaparecidos.
De igual forma, en el Registro Único de Víctimas se habla de 47.762 víctimas y en el Registro Nacional de Desaparecidos tan solo de 28.755.
Además de Bogotá, los familiares de los desaparecidos también se reunieron en otras ciudades como Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), donde fueron puestos retratos de personas víctimas de este flagelo.
Fuente: EFE
El arresto domiciliario de Alexis Mera levanta suspicacias y cuestionamientos, pues hay argumentos jurídicos que sostienen que debería estar en prisión.
Una mujer y un hombre en Nueva York, que alegan haber sido abusados por líderes de los Testigos de Jehová cuando eran niños, anunciaron este lunes una demanda contra la organización religiosa, basados en una nueva ley que entra en vigor en dos días.
Heather Steele y John Michael Ewing, que presentarán demandas por separado el próximo miércoles, cuando entra en vigor la «Ley de víctimas infantiles», aseguraron que durante años soportaron haber sido molestados y violados por líderes de los Testigos de Jehová.
La «Ley de víctimas infantiles», que el gobernador Andrew Cuomo sancionó el pasado febrero, permitirá a las presuntas víctimas de abusos abrir un proceso civil hasta la edad de 55 años y presentar cargos penales hasta los 28, frente a los 23 que permitía la ley anterior.
Establece además un periodo de litigio de un año para que cualquier víctima, independientemente de su edad, tome una acción civil.
Steele aseguró en una conferencia de prensa que apenas era una niña que comenzaba a caminar, a mediados de los setenta, cuando comenzó a ser molestada sexualmente por un líder de la congregación, que además era amigo de su familia y a quien identificó como Donald Nicholson, ahora de 82 años, señala el Daily News.
«Él comenzó a abusar de mí cuando estaba todavía en pañales», afirmó la mujer, que ahora vive en Florida, que detalló que el presunto abuso comenzó con sexo oral y que la violó cuando ella tenía 10 años, agrega el rotativo.
Steele recordó además: «!ccidentalmente lo conté a mi madre. Estaba asustada de decirlo creyendo que era un secreto entre Don y yo».
Igualmente afirmó que líderes de la congregación presionaron a su familia para que no cooperara con la investigación criminal, pero ella trabajó con las autoridades hasta lograr que fuera enjuiciado y encarcelado.
Nicholson cumplió cerca de cuatro años de prisión y tras quedar en libertad se mudó a Nueva Jersey, donde, según la presunta víctima, la congregación de allí no sabía de su pasado criminal.
Mientras que Ewing, de 48 años, alega en los documentos de la demanda que fue abusado cuando tenía 14 años por un alto miembro de la organización Testigos de Jehová, lo que dice comenzó con caricias y mostrándole pornografía infantil.
El alegado abuso progresó hasta el sexo oral y anal, entre 1986 y 1989, de acuerdo con la demanda, que será presentada en la Corte Suprema de Brooklyn este miércoles.
«Estaba con él 80 horas al mes, así que tenía pleno acceso a mí. Mis padres lo amaban. Yo estaba avergonzado, así que lo dejé continuar porque no sabía cómo decírselo (a sus padres)», señaló.
Finalmente se lo dijo a sus progenitores y un tribunal de la congregación fue convocado para discutir el asunto, que resultó en que Ewing y su alegado abusador fueran excomulgados por practicar la homosexualidad, indicó.
Los líderes de la congregación nunca notificaron a la Policía, según la demanda.
«Esta demanda demuestra claramente cómo los Testigos de Jehová están más preocupados acerca de proteger su marca que acerca del bienestar y seguridad de los niños», indicó por su parte Irwin Zalkin, abogado de los demandantes, que ha presentado más de 20 demandas en EE.UU contra los Testigos de Jehová a nombre de sobrevivientes de abuso infantil.
El sistema judicial del estado ya ha asignado a 45 jueces para gestionar las miles de demandas que, esperan, sean presentadas a partir del miércoles. EFE
Analistas de la organización internacional de Derechos Humanos y digitales Electronic Frontier Foundation (EFF) instaron este viernes al Gobierno ecuatoriano a que se aparte del caso del sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, investigado por un supuesto delito de espionaje.
En una rueda de prensa celebrada en Quito, los expertos de la EFF insistieron en que el Gobierno «permita que en el caso de Bini se haga justicia, de lo contrario, corren el riesgo de seguir perjudicando la reputación del sistema judicial ecuatoriano», aseguraron los analistas.
La delegación de la EFF manifestó, además, que la presunta persecución del informático sueco «es política y no criminal».
El director estratégico de la EFF, Danny O’Brien, dijo que un factor importante que aparentemente afecta el estado actual de juicio de Bini «son las intenciones políticas que se encuentran» dentro del proceso.
«Nos preocupa mucho que el efecto político sobre la inocencia o culpabilidad del experto informático Ola Bini parece estar afectando la investigación actual», agregó O’Brien.
Y enfatizó en que el estado judicial de Bini es un hecho que debe ser determinado por un «juicio justo» separado de cualquier «ramificación política».
Con la información recabada, la EFF elaborará un informe sobre la situación jurídica del informático, que podría estar lista la próxima semana, según los expertos.
La EFF es una organización estadounidense sin fines de lucro que visitó el país para conocer de cerca la situación de Ola Bini y sus delegados mantuvieron reuniones con periodistas, abogados y académicos.
Según los analistas, pidieron reunirse con la fiscal general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar, y la ministra del Interior, María Paula Romo, pero no lograron concretar las citas.
Bini es investigado por presuntamente participar en una supuesta red de espionaje digital.
En este proceso, cuyas pruebas aún no se conocen, solo han trascendido públicamente las catorce visitas que Bini hizo a Assange, situación que su defensa considera «circunstancial».
Carlos Soria, abogado de Bini, aseguró en su momento que se ha corroborado que «en ningún momento hubo evidencia física o magnética» para pretender que la investigación en contra de Bini prosiga y apostilló que «se trató de algún tipo de confusión» y que gracias a eso una persona inocente terminó en la cárcel.
El informático sueco fue puesto en libertad el pasado 20 de junio después de que un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, cuya capital es Quito, decidió aceptar el recurso de «habeas corpus» que había pedido su defensa.
El juez consideró que se violaron sus derechos cuando se ordenó su detención preventiva.
A Bini lo detuvieron el pasado 11 de abril, horas después de que el Estado ecuatoriano pusiera fin al asilo concedido a Assange desde 2012 en su Embajada en Londres.
Cuando se le retiró el asilo a Assange, la ministra del Interior, María Paula Romo, anticipó la posibilidad de ataques a sistemas informáticos públicos y privados «como retaliación a la decisión soberana del Ecuador».
Ello llevó a «revisar los potenciales aliados de Assange en Ecuador» y descubrieron que uno de sus «más asiduos visitantes» en la Embajada en Londres era Bini, que vive en el país suramericano desde hace seis años. EFE
Una Corte de Ecuador vinculó este jueves a otro sospechoso por el presunto ataque a sistemas informáticos del Estado, en el que también está encausado el experto sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
La jueza Irene Pesántez aceptó el pedido de la Fiscalía y vinculó al ciudadano ecuatoriano identificado como Marco A. a la instrucción fiscal, por su presunta participación en el delito de ataque la integridad de sistemas informáticos.
Durante una audiencia celebrada este jueves en un complejo judicial de Quito, la jueza extendió por 30 días la instrucción fiscal, según informó el Ministerio Público en un comunicado.
Además, prohibió la salida del país del sospechoso y ordenó que se presente cada ocho días ante el fiscal de la causa, para garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso.
La vinculación de Marco A. se dio pocas horas después de que el abogado del sueco Ola Bini, Carlos Soria, denunciara un asalto a la oficina de su defendido, quien vive en la capital ecuatoriana.
Según Soria, la noche del miércoles fue asaltada la oficina y se llevaron equipos informáticos, por lo que dio aviso a la Policía y responsabilizó al Ministerio del Interior por la seguridad e integridad del equipo de trabajo de la organización no gubernamental Centro de Autonomía Digital (CAD), fundada por Bini.
El sueco, experto en encriptación cibernética y software libre, fue detenido en Quito por presunto espionaje informático el pasado 11 de abril, horas después de que el Estado ecuatoriano pusiera fin al asilo concedido a Assange desde 2012 en su Embajada de Londres.
Bini, que había sido puesto bajo prisión preventiva, fue liberado el pasado 20 de junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, aceptara un recurso de «hábeas corpus» solicitado por su defensa.
Desde entonces comparece cada viernes ante la autoridad fiscal que adelanta la instrucción, la misma que debía concluir el pasado 10 de julio, pero que ha sido extendida por pedido del propio Ministerio Público.
Según Soria, la Fiscalía ha involucrado a otra persona, Marco A., cuya relación con Ola Bini es «meramente profesional», y ello ha supuesto que se dilate la instrucción.
«Treinta días más sin que nos digan qué, cómo, cuándo ni dónde se vulneraron sistemas informáticos» del Estado, de acuerdo a la denuncia presentada por las autoridades del Gobierno, añadió Soria.
El pasado viernes, en relación a la petición de la Justicia de Estados Unidos de tomar declaración a Bini en el marco de una investigación que lleva a cabo por el caso Assange, el informático sueco aseguró que no teme ningún proceso: «Julian es solo un amigo, como siempre lo he dicho».
El pasado 11 de junio, un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó que el Gobierno de Washington pidió formalmente al Reino Unido la extradición del fundador de WikiLeaks.
De 47 años y origen australiano, Assange se enfrenta en una corte federal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en 2010.
El 11 de abril fue detenido por la Policía británica en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en 2012 para eludir su extradición a Suecia, que pidió su entrega a raíz de dos presuntos delitos sexuales -uno violación- que él siempre negó. EFE
Igual que ya lo hiciera Europa, el gobierno de Estados Unidos está tratando de controlar a las grandes compañías tecnológicas. Pero la empresa puede resultar más difícil de lo que parece.
El Departamento de Justicia (DJ) inició el martes una investigación de presuntas prácticas monopólicas de algunas firmas y de si sus plataformas digitales perjudican a la competencia, suprimen las innovaciones o le hacen mal de algún modo a los consumidores.
Dijo que en la investigación tomarán en cuenta “la preocupación generalizada” en torno a las redes sociales, los motores de búsqueda y los servicios de ventas por internet.
“Sin la disciplina de una competencia basada en el mercado, las plataformas digitales pueden actuar de forma que no responde a lo que quiere el consumidor”, dijo Makan Delrahim, director de la unidad antimonopólica del DJ, en un comunicado. “La unidad antimonopólica explorará estos importantes asuntos”.
El anuncio se produce en momentos en que arrecia la preocupación del Congreso y otros sectores en torno al poder de firmas como Google, Facebook y Amazon. Legisladores y aspirantes a la nominación presidencial demócrata piden regulaciones más estrictas e incluso la fragmentación de las grandes empresas, que se han visto involucradas en sonados escándalos sobre la privacidad de los usuarios, problemas de seguridad, difusión de información falsa y de posturas extremistas.
La Comisión Federal de Comercio multó el miércoles a Facebook con 5.000 millones de dólares en relación con sus prácticas sobre privacidad y dispuso nuevas restricciones. Pero los reguladores dijeron que consideran que el director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg tiene una responsabilidad limitada.
La Comisión dijo asimismo que planea imponer otra multa astronómica a Google por su manejo de información para menores en YouTube. Europa ya investigó y multó a varias empresas tecnológicas grandes de Estados Unidos en los últimos años.
“Pareciera que los organismos reguladores del país finalmente se están dando cuenta de la amenaza que representan las grandes firmas tecnológicas”, dijo Stacy Mitchell, del Instituto para la Autosuficiencia Local, que ha criticado a Amazon por hundir a los negocios independientes. Mitchell declaró ante la Cámara de Representantes la semana pasada.
El presidente Donald Trump ha criticado en varias oportunidades a estas firmas en los últimos meses. A menudo afirma, sin ofrecer pruebas, que están prejuiciadas en su contra y en contra de los conservadores en general.
“Big Tech”, como se denomina a las grandes firmas de tecnología, pueden ser un blanco difícil, ya que las actuales leyes antimonopólicas no se aplican a empresas que ofrecen productos a bajo precio o gratis a través de la internet.
La investigación del DJ es un calco de otra que llevó a cabo la subcomisión antimonopólica de la cámara baja, cuyo presidente, el demócrata David Cicilline, criticó duramente la conducta de los gigantes del Silicon Valley y dijo que el Congreso o los reguladores tienen que tomar medidas. Planteó incluso una fragmentación de las firmas como último recurso.
Las empresas aludidas se negaron a comentar la investigación del DJ.
Las leyes antimonopólicas le apuntan a firmas que dominan un mercado y perjudican a los consumidores. Pero muchas empresas tecnológicas ofrecen productos gratis, que son pagados por un intercambio invisible de información personal. Firmas como Amazonas ofrecen productos a precios más bajos.
“Les va a costar mucho (a los reguladores) demostrar irregularidades”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Pensilvania Herbert Hovenkamp.
También puede quedar bajo la lupa la compra de rivales más pequeños que pueden ser una amenaza para sus negocios. La semana pasada Cicilline acusó a las grandes empresas de crear una “zona de eliminación de startups” para eliminar la competencia.
Por ejemplo, Google compró YouTube en el 2006, cuando la firma enfrentaba una cantidad de demandas sobre derechos de autor, y adquirió la tecnología que hoy domina el software de los teléfonos Android. Facebook se llevó Instagram –hoy su producto que más rápido crece– cuando recién empezaba y Apple compró la tecnología que usa en su asistente personal electrónico Siri.
Durante su proceso de confirmación, el secretario de justicia William Barr se mostró interesado en la forma en que Silicon Valley creció tanto “debajo de las narices” de los funcionarios antimonopólicos. “No creo que algo grande sea necesariamente malo”, manifestó. “Pero quiero saber más acerca de esa dinámica”.
Trump ha sido un feroz crítico de AT&T, propietaria de CNN. Y también ha criticado a Apple, Google, Facebook y Amazon por lo que describió como un comportamiento turbio, tendencioso o antipatria./ AP
Autoridades de la Unión Europea multaron el martes a la compañía japonesa dueña de la marca Hello Kitty por restringir las ventas internacionales por internet de juguetes, tazas, bolsos y otros productos con la caricatura de la gata.
La comisionada antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, dijo que Sanrio Co. fue sancionada con 6,2 millones de euros (7 millones de dólares) por violar las reglas antimonopolio al prohibir a comerciantes vender mercancía en diferentes países del bloque.
La comisión halló que las prácticas ilegales de Sanrio estuvieron en vigencia por 11 años hasta diciembre pasado.
Las limitadas ventas transfronterizas “llevan a menos opciones y potencialmente precios más elevados para los consumidores y va contra las reglas antimonopolio de la UE”, dijo Vestager.
Las autoridades de la UE lanzaron su investigación en 2017, junto con pesquisas contra Nike y Universal Studios, mientras intensificaban su escrutinio del comercio por internet como parte de los esfuerzos de fomentar un “mercado digital único”.
De momento Sanrio no respondió la petición de comentario.
Creada en 1974, la gatita Helly Kitty se ha convertido en ícono global con fans de todas las edades. Sanrio dice que pueden encontrarse 50.000 productos diferentes de la marca vendidos en 130 países. La compañía también tiene los derechos de otros personajes animados, incluyendo las series “Mr. Men” (“Los Señordones”) y “Little Miss”./ AP
En Los Desayunos de 24 Horas, Yanera Constante, madre de Giovanna Pérez, explicó el caso de desaparición de su hija.
Yanera Constante manifestó que desde la desaparición de Giovanna Pérez han pasado 8 años y 196 días, tiempo en el cual los fiscales no han establecido ninguna línea de investigación o algún indicio que ayude a resolver el caso.
Además, afirma que al cumplir un año de la desaparición de Giovanna, las autoridades no realizaban ningún tipo de avance porque, a su parecer, al ser Giovanna mayor de edad no era necesario buscarla pues existía la posibilidad de que por su decisión huyera con su último contacto.
Yanera Constante dijo que su hija tenía muchos sueños, muchas metas y planes que se vieron truncados por esta situación. Y es por eso que “esto es una lucha permanente para exigir verdad y justicia”.
También hizo un llamado a la Fiscal General, Diana Salazar, para que el caso sea analizado y se pueda llegar a la justicia. Y espera que se pueda depurar a los fiscales que se han burlado de la justicia, porque después de tanto tiempo las investigaciones no avanzan, lo cual evidencia la ineptitud e ineficiencia dentro de la justicia ecuatoriana.
El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los siete consejeros principales y suplentes que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La Asamblea Nacional aún no define el día de la posesión.
El asambleísta César Rohón, en Los Desayunos de 24 Horas, analizó el nuevo escenario político y jurídico tras la detención de la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez.
César Rohón afirma que estos procesos no son parte de una persecución política sino, que por el contrario, se esta empleando la justicia.
Según el asambleísta, a pesar de que el grillete electrónico no ha funcionado, considera que la decisión que tomen las autoridades para controlar a las personas involucradas en procesos de investigación, debe tener clara la responsabilidad de todas las autoridades.
Además, considera que la recuperación de capitales no es fácil, porque existen muchos delitos involucrados y no existen leyes, pero espera que con la información proporcionada por Pamela Martínez y la ley anticorrupción se llegue al fondo del caso Arroz Verde.
