Diez de las trece comisiones legislativas se instalaron y escogieron autoridades, en el caso de algunas no fue como lo planeó la mayoría conformada por Alianza País, independientes y CREO.
La siguiente semana se reunirán las otras comisiones.
La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional y los procesos judiciales contra otros nueve de sus miembros asestó un duro golpe a la oposición venezolana, que el jueves llamó a concentraciones en todo el país el fin de semana en un nuevo reto al mandatario Nicolás Maduro.
Las acciones contra los opositores son percibidas por los analistas como un “contraataque” del gobierno para demostrar que aún está fuerte tras el alzamiento militar del 30 de abril, que dejó al descubierto la existencia de fisuras en la fuerza armada y el oficialismo, y seguir golpeado el entorno del líder opositor Juan Guaidó, quien a pesar de haberle perdido la inmunidad parlamentaria no ha sido detenido.
“Vamos a seguir en ofensiva en las calles”, afirmó el jueves Guaidó al descartar que los procesos iniciados contra los congresistas vayan hacer retroceder a la oposición.
El jefe de la Asamblea Nacional consideró como una “atrocidad” la detención del vicepresidente del cuerpo legislativo, Edgar Zambrano, y dijo en conferencia de prensa que el gobierno recurre a la “persecución” de diputados porque busca verse “fuerte cuando no tienen el respaldo del pueblo” y ante la “fractura” de la fuerza armada.
La oposición venezolana en el exterior pidió a la comunidad internacional condenar el arresto de Zambrano y los procesos judiciales contra otros legisladores. Antonio Ecarri, embajador en España de Guaidó, dijo que “la indiferencia no es una opción”.
La detención de Zambrano fue rechazada el jueves por la Unión Europea, 11 países de la región que integran el Grupo de Lima, y la Oficina del Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que instó a las autoridades venezolanas a que lo liberen y detengan los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros.
Estados Unidos ya condenó esta “detención arbitraria” y advirtió de que habría “consecuencias” si no lo liberan de inmediato.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no ha definido cómo se reorganizará tras la detención de su vicepresidente y las acciones judiciales que enfrentan más de una docena de diputados, algunos de los cuales han huido del país o se han refugiado en embajadas, lo que deja al Legislativo con limitaciones para alcanzar el quórum requerido para discutir y aprobar leyes.
Al respecto Guaidó aseguró que el quorum de funcionamiento del Congreso está “intacto”.
Zambrano, de 63 años, fue detenido la noche del miércoles por la policía política (SEBIN) cuando se encontraba en su camioneta frente a las oficinas de su partido, Acción Democrática, en el norte de Caracas. En los últimos años cumplió, el dirigente cumplió funciones de enlace y acercamiento entre la oposición y el oficialismo.
La acción contra el congresista, que acompañó a Guaidó en el fracasado alzamiento militar de la semana pasada, se dio un día después que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le retirara la inmunidad parlamentaria para permitir su enjuiciamiento por los delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes”, tal como lo acordó el Tribunal Supremo de Justicia.
Igual suerte corrieron sus colegas diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Mariela Magallanes, a quienes también les retiraron la inmunidad parlamentaria para permitir su enjuiciamiento por delitos similares tras vincularlos con la fallida sublevación militar del 30 de abril.
Blanco anunció el jueves a la televisora local por internet VPITV que se refugió en la embajada de Argentina en Caracas, donde está en calidad de huésped, mientras Magallanes se encuentra en la residencia del embajador italiano en la capital venezolana.
Horas antes de la detención de Zambrano, el máximo tribunal anunció la apertura de procesos contra otros tres diputados opositores, todos miembros del partido Voluntad Popular del cual forma parte Guaidó. Se espera que próximamente la Constituyente también les retire la inmunidad parlamentaria para enjuiciarlos por delitos similares a los de sus colegas.
“Ellos creen que no va a haber justicia. Aquí va a haber justicia”, afirmó la noche del miércoles el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, en su programa en la televisora estatal al defender el arresto de Zambrano, al que acusó de ser “uno de los jefes principales del golpe”.
Sobre las implicaciones de las recientes acciones del gobierno contra la oposición, el politólogo Luis Salamanca dijo a The Associated Press que el gobierno realizó un “contrataque” hacia la dirigencia opositora para “demostrar fuerza” y tratar de superar el “debilitamiento” que sufrieron tras la sublevación militar de la semana pasada.
“Están tratando de desarmar a la Asamblea para que no sea el reducto de la oposición institucional”, sostuvo Salamanca.
A la pregunta de por qué el gobierno actúa contra el vicepresidente del Congreso y no ha arrestado a Guaidó, quien encabezó el fracasado alzamiento militar, el sociólogo José Antonio Gil Yepes, director de la encuestadora local Datanálisis, indicó que la detención del líder opositor, que ha sido reconocido por más de medio centenar de países, sería una “cosa sumamente riesgosa” para Maduro porque implicaría nuevas sanciones de Estados Unidos y la UE que profundizarían la crisis de su administración.
The Associated Press
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, reiteró este sábado la convocatoria a una movilización en las calles el próximo 23 de enero y dijo que esta constituirá el «primer llamado a la acción» para desalojar a Nicolás Maduro de la Presidencia, que la usurpa, según la oposición.
«Tenemos un primer llamado a la acción, que es el 23 de enero», dijo Guaidó durante su participación en una asamblea de la coalición opositora Frente Amplio, según un comunicado de prensa de su agrupación, Voluntad Popular.
El líder de la Cámara añadió que esta protesta, en el marco de la conmemoración de los 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, será «fundamental» para exigir a Maduro «que cese la usurpación y respete la voluntad de los venezolanos».
«Hoy tenemos todas las piezas del rompecabezas: tenemos el respaldo social y el acompañamiento internacional, ahora toca armar ese rompecabezas y la protesta del 23 de enero es fundamental para eso», aseveró.
Asimismo, volvió a pedir la ayuda de «todos» para lograr una transición política en Venezuela, un país golpeado por la peor crisis económica de su historia.
Maduro juró el jueves ante el Supremo de nuevo como presidente, lo que le mantendrá en el cargo al menos hasta 2025, pese a las peticiones de parte de la comunidad internacional y la oposición para que no lo hiciera y convocara a comicios «libres».
Sus detractores señalan que, al haber sido reelegido en unas elecciones consideradas fraudulentas y a las que no se presentó el grueso de la oposición por estar presos o inhabilitados sus principales dirigentes, su legitimidad está lesionada.
El Parlamento, el único poder que controla el antichavismo, adelanta una hoja de ruta para desalojarlo del cargo, que ejerce desde 2013, y aseveró este viernes, en la vocería del propio Guaidó, que asumirá «las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República», no sin advertir que el mero decreto no será suficiente.
Este sábado Guaidó confirmó que no ha asumido el cargo de presidente -pese a los numerosos llamamientos a que lo haga y felicitaciones por supuestamente haberlo hecho- al identificarse como jefe del Parlamento y «articulador» de soluciones para «los problemas del país».
Fuente: EFE
Otto Sonnenholzner conseguiría al menos 100 votos para ser elegido vicepresidente de la República. Mañana la Asamblea Nacional está convocada a las 10 de la mañana para elegir al sucesor de Alejandra Vicuña.
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, inició hoy una sesión especial en la que se espera se condene la detención del diputado opositor Juan Requesens, a quien el presidente Nicolás Maduro acusó de estar detrás del atentado en su contra el pasado sábado.
La sesión de la Cámara está acompañada por los representantes diplomáticos de varios países como Francia, España, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, Argentina, Chile, Perú y Colombia, entre otros.
La hermana del diputado detenido, Rafaela Requesens abrió la sesión con una denuncia en contra del Gobierno de Maduro al asegurar que no hay noticias de él después de las 38 horas de apresado.
Fuente: EFE
La coalición opositora venezolana dijo que no participará en los comicios presidenciales del 22 abril pero dejó abierta la posibilidad de ir a otra eventual consulta más adelante si el gobierno ofrece garantías electorales.
“Nosotros decimos que a esta elección no vamos”, dijo el miércoles a The Associated Press el dirigente opositor, diputado Enrique Márquez, al asegurar que coalición acordó por consenso que bajo las condiciones que están planteadas no tienen previsto acudir a la consulta convocada por las autoridades electorales.
Al condenar el anuncio de la coalición opositora, el presidente Nicolás Maduro dijo que era partidario de que junto a las elecciones presidenciales se elija una nueva Asamblea Nacional y los consejos legislativos y municipales.
Por antes, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), conformada por una veintena de fuerzas, cuestionó en un acuerdo el modo en que el Consejo Nacional Electoral –que controla el gobierno– llamó a las elecciones anticipadas de abril y calificó la convocatoria como un “show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene”.
“Retamos al gobierno de (Nicolás) Maduro a que se mida contra el pueblo en unas elecciones de verdad”, expresó el coordinador político de la coalición, Ángel Oropeza, al leer el texto del documento en el que exigieron a las autoridades que acepten las condiciones del acuerdo que discutieron el mes pasado en República Dominicana.
El vocero recordó que ese acuerdo aprobado por cinco cancilleres latinoamericanos, que participaron como facilitares de las negociaciones, contempla la realización de elecciones en la segunda mitad del año, la conformación de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, la invitación a misiones de observación internacionales independientes, el voto de los venezolanos en el exterior, el acceso igualitario a los medios de comunicación, la revocatoria de las inhabilitaciones de partidos y candidatos y la realización de auditorías.
La coalición espera que en los próximos cinco días, antes de que culmine el proceso de inscripción de candidatos, las autoridades puedan dar una serie de garantías electorales para acudir a una consulta presidencial, expresó Oropeza.
Associated Press
Los representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela comenzarán consultas en Caracas sobre los avances de la negociación que realizan en Santo Domingo y sobre aspectos en los que aún no logran consenso, informaron el miércoles ambas partes.
El presidente dominicano Danilo Medina, quien ha fungido como mediador, explicó que al término de tres días de discusiones “sólo queda un asunto pendiente”, pero se abstuvo de revelar detalles. Explicó que ese tema “debe ser discutido en Caracas”.
Ambas delegaciones discutirán en Venezuela, con los diferentes sectores a los que representan, los avances de la negociación antes de volver a reunirse en Santo Domingo, de forma tentativa, el próximo lunes.
“Es un día para buenas noticias”, aseguró el ministro de Comunicación y jefe de la delegación del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, al insistir en que ha habido grandes avances. El funcionario había asegurado desde la víspera que ya sólo quedaban pendientes dos aspectos de uno de los seis grandes temas de la agenda de negociación.
Pero la oposición se mostró menos entusiasta. “El día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar porque, a pesar de que hay avances en algunos de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados”, dijo en conferencia de prensa Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia y vocero de la oposición.
Según Borges, “hay muchos temas importantes que requieren seguir trabajándose para ver si posiblemente, como resultado final, se logra un acuerdo” para solucionar la profunda crisis política y económica por la que atraviesa el país sudamericano.
Ni el presidente Medina ni ninguno de los negociadores precisó cuáles son los aspectos en los que se han logrado acercamientos y cuáles aquellos donde existen obstáculos. El gobernante recordó que el principio de la negociación establece que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Los delegados del gobierno y de la opositora Mesa de la Unidad Democrática concluyeron el miércoles en la cancillería dominicana la cuarta ronda de negociaciones.
Ambas partes comenzaron en diciembre una negociación formal en Santo Domingo con la mediación de Medina y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la asistencia como observadores de representantes de Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vigente y las Granadinas.
La última ronda de negociaciones se realizó en medio de las críticas de la oposición y de varios países contra la reciente decisión de la Asamblea Nacional Constituyente -un órgano oficialista- de adelantar las elecciones presidenciales para antes de mayo y de la negativa del Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el gobierno, de que la Mesa de la Unidad Democrática asista a la contienda con un candidato único.
Como parte de las negociaciones la oposición reclama la reforma del Consejo Nacional Electoral, el cronograma para los comicios y garantías de transparencia, así como la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario para atender la escasez de alimentos y medicinas.
El gobierno, por su parte, exige el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el repudio a las sanciones económicas internacionales.
El empresario y asesor de la delegación de la oposición Jorge Roig escribió en su cuenta en Twitter que los avances en la negoción se han dado en “puntos no esenciales” mientras que las garantías y condiciones electorales aún están pendientes y podrían ser discutidas el próximo lunes. Considero que la falta de acuerdo se debe a la “intransigencia del gobierno en aspectos fundamentales intenta cerrar la vía electoral”.
Estados Unidos había exhortado la víspera al gobierno venezolano a que permita la participación de la coalición opositora en las próximas elecciones presidenciales y que reformara el Consejo Nacional Electoral.
El gobierno de Washington emitió su mensaje a través de la cuenta en Twitter de su embajada en Caracas luego de que el presidente Nicolás Maduro denunciara supuestas presiones del Departamento de Estado para boicotear las negociaciones en la capital dominicana.
En Washington, el embajador colombiano Camilo Reyes dijo el miércoles a periodistas que el presidente Juan Manuel Santos aprovechará la visita del secretario de Estado Rex Tillerson el próximo 6 de febrero para pedirle a la comunidad internacional que reconozca lo que él calificó de “crisis humanitaria”.
Reyes dijo que Colombia ha acogido medio millón de venezolanos durante los últimos 14 meses y que el flujo migratorio también lo están sintiendo Brasil y Ecuador.
Tillerson visitará Bogotá durante su primera gira latinoamericana, que lo llevará además a México, Argentina, Perú y Jamaica del 1 al 7 de febrero.
La Prensa Asociada
La Asamblea Nacional está interesada en que el Ministro de Economía comparezca para que explique sobre el desvío de fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, mientras el secretario de Estado asegura que esos fondos ya fueron restituidos en su totalidad.
La vicepresidenta encargada y quien encabeza la terna que podría posesionarla definitivamente en el cargo, Maria Alejandra Vicuña, reaccionó ante la oposición que existe en la Asamblea frente a su posible designación.
Asambleístas de Alianza PAIS pedirán la destitución de Daniel Mendoza de la coordinación de la bancada de aliados.
Mientras tanto, la oposición cree que se allana el camino de la destitución de Jorge Glas luego del dictamen de Fiscalía.
El partido opositor Acción Democrática, uno de los más grandes y antiguos de Venezuela, anunció el martes que excluyó de esa fuerza a los cuatro gobernadores que juraron ante la Asamblea Constituyente.
Henry Ramos Allup, secretario general del partido, informó a la prensa la exclusión de Laidy Gómez, Antonio Barreto Sira, Alfredo Díaz y Ramón Guevara, gobernadores de Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta, respectivamente.
El anuncio se produjo un día después de que cuatro de los cinco gobernadores opositores electos en los comicios del 15 de octubre prestaran juramento ante la Constituyente, integrada en su totalidad por oficialistas.
Juan Pablo Guanipa, electo en el estado Zulia y militante del partido Primero Justicia, no acudió a la ceremonia de juramentación del lunes.
La Mesa de la Unidad Democrática, una alianza integrada por casi tres decenas de partidos opositores, había anticipado que los gobernadores no prestarían juramento ante la Constituyente por considerarla inconstitucional.
Antes de la elección el presidente Nicolás Maduro había advertido que quienes resultaran vencedores debían subordinarse a este organismo para poder asumir sus cargos. De no hacerlo, agregó, pediría la convocatoria de nuevas elecciones en esos estados.
Las leyes venezolanas además contemplan una juramentación ante la Asamblea Legislativa de cada estado.
Como un signo de las divisiones que atraviesa la alianza opositora, el excandidato presidencial opositor y gobernador saliente de Miranda, Henrique Capriles, puso en duda la sinceridad de Ramos Allup y catalogó de “ficticia” la exclusión de los gobernadores. “No voy a permitir que se siga mintiendo a la gente”, dijo a través de Periscope.
Capriles manifestó que llegó la hora de la alianza opositora se reorganice para lograr un cambio político en el país sudamericano.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, consideró que la juramentación de los gobernadores pone en riesgo a la alianza opositora. Era igual de “malo” juramentarse o no, “pero juramentarse unos y no otros es aún peor”, dijo León en Twitter.
“El mayor éxito del gobierno sería la fractura total de la oposición. No necesita mucho más”, enfatizó, argumentando que ninguna de las fuerzas que conforman la alianza opositora “tiene opciones de triunfo sin la otra parte de su lado”.
Aunque la oposición sólo obtuvo cinco de las 23 gobernaciones encuestas previas a los comicios indicaban que era favorita para obtener la mayoría. Por ello ha disputado los resultados y ha dicho que tiene evidencias de una supuesta manipulación de las urnas.
La Constituyente fue integrada en julio después de una elección en la que la oposición se negó a participar. Desde que se instaló el 4 de agosto sus integrantes no han dejado lugar a dudas de que sus poderes son virtualmente ilimitados y que están dispuestos a emplearlos.
Decenas de gobiernos extranjeros -entre ellos Estados Unidos, Francia y varios latinoamericanos- se han mostrado críticos ante la situación./AP
Varios personajes de oposición marcharon en el Centro Histórico para realizar peticiones al presidente Lenín Moreno.
La oposición venezolana convocó para este lunes al mediodía una marcha de protesta contra las muertes producidas por la represión del régimen chavista y en rechazo del «proceso fraudulento» de la Asamblea Constituyente, que se votó este domingo.
Así lo anunció Henrique Capriles, durante una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que pidió al gobierno de Nicolás Maduro que «retire la Constituyente, retire ese fraude» y dijo que «hoy ganó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», durante una conferencia de prensa junto a otros líderes de esa fuerza.
Capriles convocó luego a una marcha opositora en todo el país para el mediodía del lunes, con el fin de protestar por la «masacre» ocurrida en la represión del gobierno, en la que murieron al menos 16 personas en las últimas 24 horas, y contra el «proceso fraudulento» de la Constituyente.
«Si insisten, seguiremos insistiendo», señaló el líder opositor, quien aseguró que en Caracas «había más policías reprimiendo que gente en los centros de votación».
Más temprano, durante la entrega de su primer balance sobre el desarrollo de la jornada electoral de la Asamblea Constituyente en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Julio Borges, denunció que horas antes del cierre de urnas, ya el Consejo Nacional Electoral tiene redactado un boletín oficial sobre los resultados de la votación.
Borges presentó sus declaraciones en una rueda de prensa el mismo 30 de julio, un par de horas antes de culminar oficialmente la votación.
Según el dirigente opositor, en el documento, de manera anticipada el organismo electoral sostiene que durante la jornada de este domingo, que aún no ha cerrado urnas, acudieron a sufragar ocho millones y medio de ciudadanos venezolanos, cuando, según palabras de Borges, la participación real no superaría ni el millón y medio de votos en el oeste de Caracas, en el mayor centro de votación, el Poliedro.
El líder del máximo órgano legislativo del país, al cual Nicolás Maduro busca remover con la Asamblea Constituyente, denunció que en ese lugar, el gobierno ha realizado un montaje que busca maquillar una participación masiva de electores, mediante un carrusel, que “rota” y “recicla” a los sufragantes.
“El día de hoy está caracterizado por la abstención y la represión”, concluyó Borges, al denunciar que sólo en el occidente del país han fallecido una docena de venezolanos, y así, según sus palabras “no puede haber paz, como han dicho todos los jerarcas del régimen”.
En contraste con el parte de victoria expresado y promovido por cada uno de los miembros del gobierno y aspirantes a la Asamblea Constituyente a la salida de las urnas, el opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que “quedó claro que el gobierno salió derrotado y que tiene que aceptar su derrota”.
Fuente: VOA/Infobae.com
Oposición venezolana: la abstención en la elección de la Constituyente de Maduro fue superior al 87%
Sobre el cierre de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente (ACN), la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó que solo un 12,4% del padrón electoral emitió su voto este domingo. Con estos números, la abstención fue superior al 87%, según la oposición.
Los datos fueron aportados por el diputado Henry Ramos Allup, durante una rueda de prensa del bloque opositor, en la que también se anunció la convocatoria a una marcha para este lunes al mediodía.
Más tarde, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, aseguró por su parte que votaron más de 8 millones de ciudadanos, casi la mitad del electorado. La oposición, sin embargo, había advertido en la víspera sobre la posibilidad que el régimen inflara las cifras de la participación.
Horas antes, el presidente Nicolás Maduro había asegurado que no le importaba la «opinión» de la oposición, y reconoció la jornada había sido «exitosa».
«Participación hoy no llegará ni siquiera a requerimiento de 15% electores que podría solicitarla según art.348 CRBV !Fracasaste Maduro!», manfiestó en Twitter el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.
Casi 19,5 millones de venezolanos estaban inscritos en el padrón electoral.
La votación del domingo en Venezuela ha estado marcada por las protestas callejeras contra la Constituyente en ciudades de todo el país, que han sido reprimidas por la Policía y la Guardia Nacional (GNB) y dejan hasta el momento más de 100 muertos.
Fuente: Infobae.com
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a marchar este domingo desde seis puntos de salida al punto de concentración pautado en la autopista Francisco Fajardo en Los Ruices para protestar «contra el fraude» de la Asamblea Constituyente, convocada por el régimen chavista.
Tras no lograr detener la Constituyente con marchas, huelgas y bloqueos, la oposición llamó a una masiva concentración este domingo en Caracas y a poner barricadas en vías de todo el país, pese a que el régimen amenazó con encarcelar a quienes impidan la votación.
Los manifestantes partirán desde Santa Fe, Altamira, Unicentro El Marqués, Caurimare, Plaza Brión de Chacaíto y Bello Monte. El folleto que recorre las redes sociales, que lee en grandes letras blancas ‘»¡Venezuela se rebela contra el fraude!», pidió que los integrantes de la marcha vistan de blanco o tricolor.
En el resto del país, la oposición convocó a un «trancazo» para cortar las vías y hacer sentir el reclamo contra el régimen.
Los centros electorales abrieron a las 06H00 (10H00 GMT) para elegir a 545 asambleístas que formarán un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido. Debido al método de elección, que combina sufragio por territorios y sectores sociales, 62% de los 19,8 millones de electores podrán votar dos veces.
Fuente: NTN24
La oposición venezolana retó nuevamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro al convocar a los ciudadanos a un viernes, sábado y domingo de «calle y protesta» en rechazo a los planes de continuar con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) prevista para el domingo.
“Abandonemos esa ilusión de que ellos van a echar para atrás ese proceso, preparémonos para profundizar un conflicto, un conflicto que va a ser duro, pero que vamos a ganar porque no nos pueden aplastar a todos”, dijo el primer vicepresidente del parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara, en conferencia de prensa la noche del jueves.
“A partir de las 12 del mediodía (de este viernes) que todas las calles tengan gente. No puede ser solamente una tranca, no es simplemente dejar y poner unos obstáculos, tenemos que estar nosotros en las calles, en cuerpo presente”, agregó Guevara.
Horas antes, el ministro de interior y justicia, Néstor Reverol, anunció la prohibición de “reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier acto similar que pueda perturbar el normal desarrollo del proceso electoral” desde este viernes hasta el martes.
“Quien organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penado con prisión de cinco a diez años”, advirtió Reverol en un acto transmitido por el canal del Estado.
El diputado Guevara reaccionó al planteamiento del presidente Maduro, quien “propuso a la oposición una mesa de diálogo” antes de la instalación de la ANC, que ocurriría 72 horas después de la elección.
“No me imagino cómo se impone un diálogo. ¿Nos irá a meter presos a todos? ¿Nos amarrará en una celda y pondrá entonces a los miembros [del gobierno] a hablar con nosotros? Es la única forma en la que se me ocurre que me impongan un diálogo”, aseveró Guevara.
“Yo sería feliz si la instalamos (la mesa de diálogo) antes de la Constituyente, porque sino fuera así, yo le entregaría a la Constituyente todo el poder de convocar de manera obligatoria un diálogo nacional de paz con una ley constitucional”, dijo Maduro la tarde del jueves en cadena nacional de radio y televisión./VOA
A las seis de la mañana de este miércoles se inició el paro general convocado por la oposición venezolana, con la intención de presionar al presidente Nicolás Maduro para que retire su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, ANC, cuya elección está prevista para este domingo 30 de julio.
Se prevé que la huelga general, en la que participan diversos sectores del país, entre ellos más de 500 organizaciones sindicales y otras asociaciones gremiales, culmine el viernes a seis de la mañana.
Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, reiteró este martes que “si hay un momento para que la Fuerza Armada Nacional se desmarque de esta locura y obedezca la Constitución es ahora”.
“Es el momento de darlo todo (…) todo el mundo en sus casasa menos que estén en la calle trancando su avenida o su calle, el objetivo es la paralización de las actividades” dijo Guevara en conferencia de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza de partidos de oposición.
El parlamentario destacó que, aunque el jueves continúa el paro cívico, las “barricadas” deben ser levantadas “ese día” para permitir el desplazamiento de personas, desde otras ciudades, hasta la capital venezolana, para la movilización la “Toma de Caracas”, cuyo destino aún no ha sido anunciado.
“Ese día (viernes) daremos la instrucción para avanzar con determinación a un nivel superior de presión para enfrentar el fraude y la dictadura” aseveró Guevara.
El primer vicepresidente del parlamento desmintió rumores que, durante las últimas horas circularon en las redes sociales, sobre presuntas negociaciones entre el gobierno y la oposición.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), que reúne al sector empresarial del país, respaldó el llamado a huelga realizado por los sindicatos y otras organizaciones civiles.
“Damos libertad plena a nuestros trabajadores y empresarios que decidan sumarse a esta convocatoria cívica (…) reconocemos y defendemos cualquier mecanismo de protesta ciudadana, siempre y cuando se mantenga apegada a la Constitución y a las leyes” dijo Fedecamaras a través de un comunicado.
“No podemos apoyar ningún proceso constituyente que esté de espaldas al pueblo soberano (…) en los términos en que ha sido planteada la ANC, solo agravará los problemas que hoy mantienen al país en los mayores niveles de pobreza, hambre, desnutrición, desabastecimiento y anarquía política y social” destaca el comunicado de la principal organización de gremios empresariales del país.
Venezuela atraviesa una oleada de protestas que iniciaron el pasado 1 de abril, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera una sentencia con la que se atribuía las facultades del Parlamento.
La situación empeoró cuando el presidente Nicolás Maduro convocó a una ANC para cambiar la Constitución, que de acuerdo a la oposición, es un proceso “fraudulento” que viola la Constitución vigente.
Al menos 100 personas han muerto en el contexto de las manifestaciones./VOA
El presidente Nicolás Maduro exigió el domingo a sus adversarios políticos que permitan que los venezolanos se expresen el 30 de julio y elijan en paz a los miembros de una Asamblea Constituyente que estará a cargo de reescribir la carta magna.
“Exijo a la oposición que tenga un poquito de honor y que respete el derecho de los venezolanos a votar este 30 de julio sin violencia”, dijo el mandatario en su programa dominical de radio y televisión “Los domingos con Maduro”.
Dirigiéndose al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, Maduro expresó que “tenemos grandes diferencias, pero si tú tienes la jefatura política de este momento histórico, asume la responsabilidad por alguien. Rectifiquen a tiempo y lleguemos a un acuerdo de paz y convivencia, para que este país se enrumbe”.
El comentario de Maduro se produjo horas después que el diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien habló a nombre de la coalición opositora, dijo que en relación a la Constituyente el pueblo venezolano “ya decidió” en una consulta popular el 16 de Julio y “no permitirá” que en Venezuela “se instaure un comunismo”.
En una rueda de prensa, Guevara ratificó la convocatoria opositora de un paro cívico nacional de 48 horas entre miércoles y jueves próximo, así como otras acciones de protestas en los próximos días, como parte de una campaña que denominan “Hora cero” y con la que busca intensificar las presiones contra Maduro.
El impopular gobierno de Maduro enfrenta desde finales de marzo una andanada de protestas que han dejado al menos 97 fallecidos.
Maduro manifestó que la elección de los miembros de una Asamblea Constituyente se realizará tal y como está previsto por ser “necesaria, justa, constitucional” y pese a que los “gobiernos de la coalición de derecha… pro imperialistas de la oligarquía colombiana, peruana”, entre otros, “en un solo coro repiten lo que dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos” en contra de la iniciativa.
La oposición no postuló candidatos luego de catalogar de inconstitucional el proceso constituyente porque el llamado de Maduro no contó con un referendo previo, como marca la ley.
“Yo reconozco a la oposición y sé que tiene fuerza política también”, dijo Maduro al referirse a la reciente consulta contra de su plan de cambiar la constitución de 1999.
El 16 de julio, una coalición de partidos de oposición organizó una consulta popular simbólica contra la Constituyente que, según dijo, reunió a más de 7,5 millones de votos, cifra que no pudo confirmarse de manera independiente. Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Brasil, Canadá y México están entre los países que han pedido el retiro de la propuesta de redactar una nueva carta magna.
El gobierno del presidente Donald Trump, en particular, ha amenazado con tomar medidas “económicas fuertes y rápidas” si Maduro continúa con el proceso.
Los críticos de Maduro afirman que el cambio de la constitución actual se centra en el propósito de consolidar su poder sobre las pocas instituciones que quedan fuera del control del oficialismo.
También temen que se forme un estado de partido único y autoritario semejante al sistema en Cuba, un estrecho aliado de Maduro.
En su programa dominical, Maduro además comentó que serán detenidos cada uno de los 33 magistrados nombrados el viernes por el Legislativo, dominado por la oposición, luego que el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulas esas designaciones y ordenó que se tomasen acciones contra los involucrados.
“Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno”, manifestó el domingo Maduro. En la víspera la policía política venezolana detuvo del recién designado magistrado Ángel Zerpa.
El congreso de mayoría opositora designó a Zerpa y otros 32 nuevos magistrados con el propósito de reemplazar a cerca de la mitad de los miembros actuales del Tribunal Supremo _ controlado por el oficialismo _ que fueron nombrados en diciembre de 2015 por el anterior Legislativo en un proceso que ha sido cuestionado por opositores y juristas.
El máximo tribunal sentenció que la designación configura el delito de usurpación de funciones, destacando que la Asamblea Nacional se mantiene actualmente en desacato debido a otras sentencias en su contra, por lo que sus actos no tendrían validez.
“Nosotros no tenemos ninguna duda en calificar este acto como terrorismo de Estado, que busca generar terror en los demás magistrados”, dijo el diputado Guevara, quien defendió la constitucionalidad de la designación de los magistrados./AP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro afrontan el jueves un momento crucial ante la primera huelga nacional convocada por la oposición desde un paro de 2002 que no logró derrocar a su predecesor, el fallecido Hugo Chávez.
Quince años después, el partido socialista de Chávez y Maduro controla amplios sectores de la economía venezolana, lo que complica que se paralice el país. El objetivo de la oposición será algo más asequible sin embargo porque gran parte de la economía nacional está ya estancada por una drástica caída de los precios del petróleo y años de corrupción y mala gestión.
Está previsto que la huelga de 24 horas arranque a las 06:00 de la mañana como expresión de la desaprobación del país al plan de Maduro de convocar una asamblea constituyente que reforme el sistema venezolano para consolidar el poder del partido gobernante sobre las pocas instituciones que no controla. La oposición está boicoteando la elección del 30 de julio de la que saldrán los miembros de la asamblea.
El mayor grupo empresarial del país, Fedecámaras, ha evitado respaldar plenamente la huelga, pero sus miembros dijeron a sus empleados que no serán sancionados si no acuden a sus puestos. Fedecamaras jugó un papel central en un paro que se prolongó durante meses en 2002 y 2003, orquestado por los rivales de Chávez, tanto en política como en la empresa privada, para intentar derrocarlo.
Chávez superó la situación y amplió su control sobre el sector privado con años de expropiaciones, estrictas regulaciones e importaciones financiadas con dinero del petróleo para reemplazar la producción local. Grupos empresariales estiman que 150.000 empresas venezolanas cerraron sus puertas en los últimos 15 años.
“Este es un paro cívico, el que quiera trabajar que trabaje y el que se quiera detener que se detenga”, dijo el presidente saliente de Fedecámaras, Francisco Martínez.
Las industrias gestionadas por el gobierno seguirán abiertas y el Ministro de Trabajo, Nestor Ovalles, dijo que el gobierno de Maduro castigará a las compañías que se unan al paro.
“No lo vamos a permitir y estaremos atentos a cualquier cierre intempestivo que viole el derecho al trabajo de la clase obrera del país”, dijo Ovalles. “Las empresas que decidan sumarse al paro serán sancionadas”.
El recién elegido presidente de Fedecámaras, el economista Carlos Larrazábal, señaló que la huelga tendría una duración limitada para no empeorar la grave escasez de comida y otros productos básicos que afecta al país.
“Los niveles de abastecimiento que hay en la actualidad son muy precarios. Si se afectan las cadenas de suministro más allá de lo que están, podríamos tener mayor problema de abastecimiento”.
Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, un sindicato ligado a la oposición, explicó que al menos 12 de los 20 colectivos de todo el país que lo integran habían decidido participar en el paro. Los trabajadores de transporte en la capital, Caracas, anunciaron también que irán a la huelga.
“Hay un llamado a la conciencia del pueblo venezolano”, manifestó Pedro Jiménez, presidente del principal sindicato de transportistas. “No se prestará servicio de transporte”.
Más de 24 horas antes del inicio de la huelga, grupos vecinales en toda Caracas levantaron barricadas con ramas y neumáticos para protestar por los planes de Maduro de cambiar la constitución, lo que irritó a algunos residentes./AP
El vicepresidente Jorge Glas cumplió agenda en Guayas. Aquí respondió al pedido del presidente Lenín Moreno sobre dedicarse a las actividades asignadas y ya no invertir tanto tiempo en los medios para defenderse de las acusaciones de la oposición.
