La oposición de Venezuela acusó este miércoles al Gobierno de Nicolás Maduro de ocultar la cifra real de muertos por el coronavirus. Además, llamó a los ciudadanos a extremar las medidas de bioseguridad y mantenerse en casa siempre que la situación lo permita.
«Lamentablemente, Nicolás Maduro sigue mintiendo, sigue manipulando la data de casos positivos y la data de mortalidad (por coronavirus)», dijo en una rueda de prensa virtual el diputado opositor José Manuel Olivares.
Según el legislador, exiliado en Colombia desde finales de 2018, en Venezuela han muerto por complicaciones derivadas de la enfermedad al menos 130 personas. Esto es 59 más de las que reportan los informes oficiales.
El parte gubernamental, ofrecido el martes por el vicepresidente de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dice que en Venezuela han muerto 71 personas. Así mismo, indica que 7.693 personas se han contagiado de COVID-19.
«Hay una manipulación de la (tasa de) mortalidad para intentar decir que tienen controlado al coronavirus en Venezuela», dijo hoy al respecto Olivares.
Contagio en ciudades fronterizas
El opositor precisó, como soporte a su denuncia, que el Gobierno oculta la causa real de muerte de algunas personas. Usó como ejemplo recientes decesos, que aseguró se debieron al nuevo coronavirus, de un paramédico en Caracas y otro hombre en el estado de Bolívar.
Olivares también dijo que la tasa de contagio en los estados fronterizos es mayor en las ciudades venezolanas que en las colombianas.
Así, puso en duda que la mayoría de los contagios en Venezuela, tal y como lo ha señalado el propio Maduro, tengan un origen «importado».
«Los venezolanos que vuelven a nuestro país -casi 60.000, según dice el Gobierno- se enferman en territorio venezolano», aseguró.
Asimismo, pidió que se descentralice el análisis de las pruebas PCR para detectar el virus SARS-CoV-2, que hoy hace una sola institución en el país.
El oficialismo movilizó este sábado a miles de simpatizantes en Caracas para responder a una protesta antigubernamental y para expresar su repudio a lo que considera un «golpe de Estado» contra Evo Morales, quien la semana pasada renunció a la Presidencia de Bolivia.
Convocados desde el domingo por el gobernante partido PSUV, los chavistas caminaron desde cuatro puntos de la capital venezolana hasta una tarima en el centro de la ciudad, en la que varios dirigentes de la llamada revolución bolivariana ofrecieron declaraciones.
El presidente Nicolás Maduro no acudió a la manifestación pero declaró vía telefónica ante la multitud que la convocatoria había sido una «victoria de paz».
«Que no se equivoquen con Venezuela (…) hoy ha triunfado otra vez la paz», dijo el mandatario que reiteró su apoyo a Morales, su aliado político y amigo personal, y denunció una «masacre» en Bolivia, en alusión a las protestas de los últimos días.
Maduro estimó en un millón de asistentes la concurrencia a la movilización chavista que recorrió varias calles del oeste y centro de Caracas y al final llenó unas cuatro cuadras.
La caminata transcurrió, como de costumbre, en un ambiente festivo en el que los presentes vistieron mayoritariamente de rojo, el color de la llamada revolución bolivariana, y mostraron los símbolos de las instituciones públicas a las que están suscritos como la Superintendencia de Bancos o la cinemateca nacional.
Los manifestantes bailaron y corearon consignas para mostrar apoyo a Maduro y eventualmente a Morales, cuyo respaldo también se dejó ver en afiches con el mensaje «Evo, Venezuela está contigo».
La actividad oficialista fue ampliamente difundida en los canales del Estado y contó con la participación de cientos de personas que se trasladaron desde otras regiones.
Fuente: EFE
Una explosión en una planta de gas, de la estatal petrolera Pdvsa, ha desatado este domingo nuevas acusaciones por parte de representantes del Gobierno de Nicolás Maduro en contra de la oposición venezolana, a la que responsabilizan por este siniestro que no dejó fallecidos.
«Estos actos son obra de la derecha, quienes pretenden afectar la paz y la tranquilidad ciudadana», dijo el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, según es citado en una nota de prensa difundida este domingo, en la que indican que las llamas que se produjeron tras la explosión registrada la noche del sábado ya fueron sofocadas.
El incidente tuvo lugar en el norteño estado de Miranda, cercano a Caracas, y aunque «no generó pérdidas humanas» sí arrojó «daños materiales», refiere el comunicado oficial.
Quevedo informó de la conformación de un equipo «que profundizará en la investigación de este acto terrorista perpetrado por quienes nuevamente han querido afectar uno de los servicios vitales», en alusión al gas doméstico, un producto que escasea desde hace años, especialmente en regiones lejanas a la capital venezolana.
A través de la red social Twitter, el ministro difundió varias fotografías que dan cuenta del siniestro: automóviles quemados, una alta columna de humo y un trabajador que, remarcó, fue el único que sufrió heridas por el incidente.
«DENUNCIAMOS a la derecha terrorista, que está detrás de este sabotaje en contra del Pueblo», insistió.
Esta acusación fue compartida en la misma red social por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien señaló por estos hechos a la «derecha imperial».
«Planes terroristas de la derecha imperial contra los servicios públicos se encontrarán con el repudio y rechazo absoluto del pueblo venezolano», escribió la funcionaria chavista.
Por su parte, el gobernador de Miranda, el oficialista Héctor Rodríguez, aseguró que las investigaciones «conducen a que un sabotaje generó la explosión».
«Esto coincide con la acciones iniciadas por (el partido opositor) Primero Justicia (PJ) para atacar los servicios públicos del estado», agregó en Twitter.
Ante ello, la organización PJ, de la que forma parte el excandidato presidencial Henrique Capriles, rechazó las acusaciones en su contra y exigió una investigación «transparente» sobre lo ocurrido.
«Condenamos el deplorable estado en el que se encuentran los servicios públicos en Venezuela por culpa de la corrupción, ineficiencia y mal manejo de quienes desde el poder destruyeron al país», expresó la formación que pidió además no usar este hecho «para perseguir políticamente» a la oposición.
El Gobierno de Maduro, que no es reconocido como legítimo por buena parte de la comunidad internacional, generalmente acusa a la oposición por la severa crisis que vive el país petrolero y que incluye escasez de alimentos y medicinas, deterioro de todos los servicios públicos, hiperinflación y emigración masiva.
Fuente: EFE
Decenas de miles de personas se reunieron el sábado en el centro de Moscú por tercer fin de semana consecutivo para protestar contra la exclusión de la oposición y de los candidatos independientes de las elecciones al consejo municipal de la capital rusa.
La protesta pareció tener, con mucho, la mayor participación de ciudadanos en comparación con otros mítines recientes por un asunto que muestra la fuerte insatisfacción con el sistema político de Rusia, estrictamente controlado.
Un grupo que monitorea la asistencia a congregaciones públicas, Beliye Schetchik, calculó unas 40.000 personas en la manifestación. Según la policía, la multitud era de 20.000 personas.
A diferencia de las dos protestas anteriores, en las que a veces hubo medidas policiales violentas y miles de detenciones, la del sábado fue autorizada por las autoridades municipales.
Algunas figuras de la oposición llamaron a una marcha no autorizada que inicie una vez que termine el mitin que ya fue permitido.
La policía detuvo el sábado a la activista Lyubov Sobol, quien es uno de los candidatos a concejal de la ciudad y a quien se le negó un lugar en las urnas. Sobol es una de las principales figuras que promueven la protesta electoral.
Un video de Sobol en Twitter mostró a policías entrando a su oficina mientras ella les exigía una explicación.
Pequeñas protestas afines también fueron reportadas en varias ciudades siberianas el sábado./ AP
En Los Desayunos de 24 horas, el exvicepresidente del Ecuador Blasco Peñaherrera analizó los 40 años de retorno a la democracia.
Peñaherrera afirmó que en los últimos años se ha deteriorado el funcionamiento correcto de la administración pública, perjudicando la institucionalidad democrática y el funcionamiento del Gobierno.
Además, manifestó que la institucionalidad del país fue intervenida por un manejo casi dictatorial que ha implantado instituciones que no benefician al país y, por el contrario, solo han generado situaciones críticas.
Es por eso que considera que en los últimos años se ha gobernado con muy pocos límites, pues a través de una administración autoritaria se abusó del poder, generando la inmoralidad administrativa y la negación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
También, aseguró que el objetivo fundamental de la oposición es oponerse al gobierno inadecuado, con un límite fijado por la sensatez, el equilibrio de criterios y por el ejercicio eficiente y legítimo de la democracia.
Finalmente, considera que el problema del país es que “no hemos sido gobernantes ni opositores adecuados” y es por eso que cree que para enrumbar la democracia se debe reconocer los errores y mantener una oposición equilibrada y firme.
El Gobierno de Nicaragua cerró pequeñas empresas que apoyaron una reciente protesta contra el presidente Daniel Ortega, informó este domingo la opositora Alianza Cívica, que expresó su «más enérgica condena».
«La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresa su más enérgica protesta al régimen Ortega Murillo, por la nueva modalidad de represión: castigar a las empresas que se sumaron al paro nacional del pasado 23 de mayo», informó el movimiento, que es contraparte del Gobierno en las negociaciones para sacar a Nicaragua de su peor crisis en décadas.
Las empresas cerradas en días recientes, tras sumarse al paro nacional de actividades para mostrar rechazo a Ortega, son principalmente restaurantes y farmacias, en las zonas Pacífico, sur y norte de Nicaragua.
«Hemos sido informados de múltiples acciones cometidas por instancias públicas, desde el cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones, hasta el acoso directo y la amenaza», destacó la Alianza.
En uno de los casos denunciados, los trabajadores estatales construyeron un muro de unos tres metros de alto que tapó la entrada del restaurante afectado, a pesar de ser propiedad privada.
En cuanto a las farmacias, el Ministerio de Salud (Minsa) consideró que estas cometieron una «falta muy grave» al apoyar la protesta contra Ortega, razón por la que aplicó la Ley de Medicamentos y Farmacias a una cantidad no específica de distribuidoras de medicinas.
«De nuevo el régimen demuestra su talante represivo y arbitrario, así como su desprecio por la libertad», pronunció la Alianza.
El paro nacional es una de diversas formas de protesta ideadas por una aparente mayoría de nicaragüenses contra Ortega, a quien culpan por la muerte, desaparición y arresto de cientos de personas, así como del exilio de decenas de miles, desde el estallido social de abril de 2018.
Horas antes del paro el Gobierno había amenazado a los empresarios que apoyaran la protesta, según había denunciado la Alianza.
Aunque el paro nacional fue apoyado por empresas de todo tamaño, hasta ahora el Gobierno de Nicaragua únicamente ha cerrado negocios pequeños, que en la misma semana afirmó que protegería.
«De nuevo el régimen, predica lo que no hace», señaló el movimiento opositor.
La Alianza también criticó al Gobierno por pedir a la comunidad internacional que suspenda las sanciones económicas contra allegados de Ortega, pero que «al mismo tiempo sanciona a los dueños de pequeños y medianos establecimientos e incluso grandes empresas» por apoyar las protestas.
Las negociaciones entre la Alianza y el Gobierno de Nicaragua se truncaron el 16 de mayo pasado, cuando un custodio mató de un disparo a un «preso político», pese a que el Ejecutivo se había comprometido en marzo a liberar a todas las personas capturadas por oponerse a Ortega, unas 809 en ese mes.
La Alianza ha insistido en que no negociará con el Gobierno hasta que brinde muestras concretas de que tiene «voluntad política» para superar la crisis.
La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos desde el estallido social del 18 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha responsabilizado al Gobierno por la violencia. ONGs locales cuentan hasta 594. Ortega reconoce 199.
Fuente: EFE
Diez de las trece comisiones legislativas se instalaron y escogieron autoridades, en el caso de algunas no fue como lo planeó la mayoría conformada por Alianza País, independientes y CREO.
La siguiente semana se reunirán las otras comisiones.
La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional y los procesos judiciales contra otros nueve de sus miembros asestó un duro golpe a la oposición venezolana, que el jueves llamó a concentraciones en todo el país el fin de semana en un nuevo reto al mandatario Nicolás Maduro.
Las acciones contra los opositores son percibidas por los analistas como un “contraataque” del gobierno para demostrar que aún está fuerte tras el alzamiento militar del 30 de abril, que dejó al descubierto la existencia de fisuras en la fuerza armada y el oficialismo, y seguir golpeado el entorno del líder opositor Juan Guaidó, quien a pesar de haberle perdido la inmunidad parlamentaria no ha sido detenido.
“Vamos a seguir en ofensiva en las calles”, afirmó el jueves Guaidó al descartar que los procesos iniciados contra los congresistas vayan hacer retroceder a la oposición.
El jefe de la Asamblea Nacional consideró como una “atrocidad” la detención del vicepresidente del cuerpo legislativo, Edgar Zambrano, y dijo en conferencia de prensa que el gobierno recurre a la “persecución” de diputados porque busca verse “fuerte cuando no tienen el respaldo del pueblo” y ante la “fractura” de la fuerza armada.
La oposición venezolana en el exterior pidió a la comunidad internacional condenar el arresto de Zambrano y los procesos judiciales contra otros legisladores. Antonio Ecarri, embajador en España de Guaidó, dijo que “la indiferencia no es una opción”.
La detención de Zambrano fue rechazada el jueves por la Unión Europea, 11 países de la región que integran el Grupo de Lima, y la Oficina del Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que instó a las autoridades venezolanas a que lo liberen y detengan los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros.
Estados Unidos ya condenó esta “detención arbitraria” y advirtió de que habría “consecuencias” si no lo liberan de inmediato.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no ha definido cómo se reorganizará tras la detención de su vicepresidente y las acciones judiciales que enfrentan más de una docena de diputados, algunos de los cuales han huido del país o se han refugiado en embajadas, lo que deja al Legislativo con limitaciones para alcanzar el quórum requerido para discutir y aprobar leyes.
Al respecto Guaidó aseguró que el quorum de funcionamiento del Congreso está “intacto”.
Zambrano, de 63 años, fue detenido la noche del miércoles por la policía política (SEBIN) cuando se encontraba en su camioneta frente a las oficinas de su partido, Acción Democrática, en el norte de Caracas. En los últimos años cumplió, el dirigente cumplió funciones de enlace y acercamiento entre la oposición y el oficialismo.
La acción contra el congresista, que acompañó a Guaidó en el fracasado alzamiento militar de la semana pasada, se dio un día después que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le retirara la inmunidad parlamentaria para permitir su enjuiciamiento por los delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes”, tal como lo acordó el Tribunal Supremo de Justicia.
Igual suerte corrieron sus colegas diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Mariela Magallanes, a quienes también les retiraron la inmunidad parlamentaria para permitir su enjuiciamiento por delitos similares tras vincularlos con la fallida sublevación militar del 30 de abril.
Blanco anunció el jueves a la televisora local por internet VPITV que se refugió en la embajada de Argentina en Caracas, donde está en calidad de huésped, mientras Magallanes se encuentra en la residencia del embajador italiano en la capital venezolana.
Horas antes de la detención de Zambrano, el máximo tribunal anunció la apertura de procesos contra otros tres diputados opositores, todos miembros del partido Voluntad Popular del cual forma parte Guaidó. Se espera que próximamente la Constituyente también les retire la inmunidad parlamentaria para enjuiciarlos por delitos similares a los de sus colegas.
“Ellos creen que no va a haber justicia. Aquí va a haber justicia”, afirmó la noche del miércoles el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, en su programa en la televisora estatal al defender el arresto de Zambrano, al que acusó de ser “uno de los jefes principales del golpe”.
Sobre las implicaciones de las recientes acciones del gobierno contra la oposición, el politólogo Luis Salamanca dijo a The Associated Press que el gobierno realizó un “contrataque” hacia la dirigencia opositora para “demostrar fuerza” y tratar de superar el “debilitamiento” que sufrieron tras la sublevación militar de la semana pasada.
“Están tratando de desarmar a la Asamblea para que no sea el reducto de la oposición institucional”, sostuvo Salamanca.
A la pregunta de por qué el gobierno actúa contra el vicepresidente del Congreso y no ha arrestado a Guaidó, quien encabezó el fracasado alzamiento militar, el sociólogo José Antonio Gil Yepes, director de la encuestadora local Datanálisis, indicó que la detención del líder opositor, que ha sido reconocido por más de medio centenar de países, sería una “cosa sumamente riesgosa” para Maduro porque implicaría nuevas sanciones de Estados Unidos y la UE que profundizarían la crisis de su administración.
The Associated Press
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, reiteró este sábado la convocatoria a una movilización en las calles el próximo 23 de enero y dijo que esta constituirá el «primer llamado a la acción» para desalojar a Nicolás Maduro de la Presidencia, que la usurpa, según la oposición.
«Tenemos un primer llamado a la acción, que es el 23 de enero», dijo Guaidó durante su participación en una asamblea de la coalición opositora Frente Amplio, según un comunicado de prensa de su agrupación, Voluntad Popular.
El líder de la Cámara añadió que esta protesta, en el marco de la conmemoración de los 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, será «fundamental» para exigir a Maduro «que cese la usurpación y respete la voluntad de los venezolanos».
«Hoy tenemos todas las piezas del rompecabezas: tenemos el respaldo social y el acompañamiento internacional, ahora toca armar ese rompecabezas y la protesta del 23 de enero es fundamental para eso», aseveró.
Asimismo, volvió a pedir la ayuda de «todos» para lograr una transición política en Venezuela, un país golpeado por la peor crisis económica de su historia.
Maduro juró el jueves ante el Supremo de nuevo como presidente, lo que le mantendrá en el cargo al menos hasta 2025, pese a las peticiones de parte de la comunidad internacional y la oposición para que no lo hiciera y convocara a comicios «libres».
Sus detractores señalan que, al haber sido reelegido en unas elecciones consideradas fraudulentas y a las que no se presentó el grueso de la oposición por estar presos o inhabilitados sus principales dirigentes, su legitimidad está lesionada.
El Parlamento, el único poder que controla el antichavismo, adelanta una hoja de ruta para desalojarlo del cargo, que ejerce desde 2013, y aseveró este viernes, en la vocería del propio Guaidó, que asumirá «las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República», no sin advertir que el mero decreto no será suficiente.
Este sábado Guaidó confirmó que no ha asumido el cargo de presidente -pese a los numerosos llamamientos a que lo haga y felicitaciones por supuestamente haberlo hecho- al identificarse como jefe del Parlamento y «articulador» de soluciones para «los problemas del país».
Fuente: EFE
Otto Sonnenholzner conseguiría al menos 100 votos para ser elegido vicepresidente de la República. Mañana la Asamblea Nacional está convocada a las 10 de la mañana para elegir al sucesor de Alejandra Vicuña.
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, inició hoy una sesión especial en la que se espera se condene la detención del diputado opositor Juan Requesens, a quien el presidente Nicolás Maduro acusó de estar detrás del atentado en su contra el pasado sábado.
La sesión de la Cámara está acompañada por los representantes diplomáticos de varios países como Francia, España, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, Argentina, Chile, Perú y Colombia, entre otros.
La hermana del diputado detenido, Rafaela Requesens abrió la sesión con una denuncia en contra del Gobierno de Maduro al asegurar que no hay noticias de él después de las 38 horas de apresado.
Fuente: EFE
La coalición opositora venezolana dijo que no participará en los comicios presidenciales del 22 abril pero dejó abierta la posibilidad de ir a otra eventual consulta más adelante si el gobierno ofrece garantías electorales.
“Nosotros decimos que a esta elección no vamos”, dijo el miércoles a The Associated Press el dirigente opositor, diputado Enrique Márquez, al asegurar que coalición acordó por consenso que bajo las condiciones que están planteadas no tienen previsto acudir a la consulta convocada por las autoridades electorales.
Al condenar el anuncio de la coalición opositora, el presidente Nicolás Maduro dijo que era partidario de que junto a las elecciones presidenciales se elija una nueva Asamblea Nacional y los consejos legislativos y municipales.
Por antes, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), conformada por una veintena de fuerzas, cuestionó en un acuerdo el modo en que el Consejo Nacional Electoral –que controla el gobierno– llamó a las elecciones anticipadas de abril y calificó la convocatoria como un “show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene”.
“Retamos al gobierno de (Nicolás) Maduro a que se mida contra el pueblo en unas elecciones de verdad”, expresó el coordinador político de la coalición, Ángel Oropeza, al leer el texto del documento en el que exigieron a las autoridades que acepten las condiciones del acuerdo que discutieron el mes pasado en República Dominicana.
El vocero recordó que ese acuerdo aprobado por cinco cancilleres latinoamericanos, que participaron como facilitares de las negociaciones, contempla la realización de elecciones en la segunda mitad del año, la conformación de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, la invitación a misiones de observación internacionales independientes, el voto de los venezolanos en el exterior, el acceso igualitario a los medios de comunicación, la revocatoria de las inhabilitaciones de partidos y candidatos y la realización de auditorías.
La coalición espera que en los próximos cinco días, antes de que culmine el proceso de inscripción de candidatos, las autoridades puedan dar una serie de garantías electorales para acudir a una consulta presidencial, expresó Oropeza.
Associated Press
Los representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela comenzarán consultas en Caracas sobre los avances de la negociación que realizan en Santo Domingo y sobre aspectos en los que aún no logran consenso, informaron el miércoles ambas partes.
El presidente dominicano Danilo Medina, quien ha fungido como mediador, explicó que al término de tres días de discusiones “sólo queda un asunto pendiente”, pero se abstuvo de revelar detalles. Explicó que ese tema “debe ser discutido en Caracas”.
Ambas delegaciones discutirán en Venezuela, con los diferentes sectores a los que representan, los avances de la negociación antes de volver a reunirse en Santo Domingo, de forma tentativa, el próximo lunes.
“Es un día para buenas noticias”, aseguró el ministro de Comunicación y jefe de la delegación del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, al insistir en que ha habido grandes avances. El funcionario había asegurado desde la víspera que ya sólo quedaban pendientes dos aspectos de uno de los seis grandes temas de la agenda de negociación.
Pero la oposición se mostró menos entusiasta. “El día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar porque, a pesar de que hay avances en algunos de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados”, dijo en conferencia de prensa Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia y vocero de la oposición.
Según Borges, “hay muchos temas importantes que requieren seguir trabajándose para ver si posiblemente, como resultado final, se logra un acuerdo” para solucionar la profunda crisis política y económica por la que atraviesa el país sudamericano.
Ni el presidente Medina ni ninguno de los negociadores precisó cuáles son los aspectos en los que se han logrado acercamientos y cuáles aquellos donde existen obstáculos. El gobernante recordó que el principio de la negociación establece que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Los delegados del gobierno y de la opositora Mesa de la Unidad Democrática concluyeron el miércoles en la cancillería dominicana la cuarta ronda de negociaciones.
Ambas partes comenzaron en diciembre una negociación formal en Santo Domingo con la mediación de Medina y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la asistencia como observadores de representantes de Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vigente y las Granadinas.
La última ronda de negociaciones se realizó en medio de las críticas de la oposición y de varios países contra la reciente decisión de la Asamblea Nacional Constituyente -un órgano oficialista- de adelantar las elecciones presidenciales para antes de mayo y de la negativa del Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el gobierno, de que la Mesa de la Unidad Democrática asista a la contienda con un candidato único.
Como parte de las negociaciones la oposición reclama la reforma del Consejo Nacional Electoral, el cronograma para los comicios y garantías de transparencia, así como la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario para atender la escasez de alimentos y medicinas.
El gobierno, por su parte, exige el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el repudio a las sanciones económicas internacionales.
El empresario y asesor de la delegación de la oposición Jorge Roig escribió en su cuenta en Twitter que los avances en la negoción se han dado en “puntos no esenciales” mientras que las garantías y condiciones electorales aún están pendientes y podrían ser discutidas el próximo lunes. Considero que la falta de acuerdo se debe a la “intransigencia del gobierno en aspectos fundamentales intenta cerrar la vía electoral”.
Estados Unidos había exhortado la víspera al gobierno venezolano a que permita la participación de la coalición opositora en las próximas elecciones presidenciales y que reformara el Consejo Nacional Electoral.
El gobierno de Washington emitió su mensaje a través de la cuenta en Twitter de su embajada en Caracas luego de que el presidente Nicolás Maduro denunciara supuestas presiones del Departamento de Estado para boicotear las negociaciones en la capital dominicana.
En Washington, el embajador colombiano Camilo Reyes dijo el miércoles a periodistas que el presidente Juan Manuel Santos aprovechará la visita del secretario de Estado Rex Tillerson el próximo 6 de febrero para pedirle a la comunidad internacional que reconozca lo que él calificó de “crisis humanitaria”.
Reyes dijo que Colombia ha acogido medio millón de venezolanos durante los últimos 14 meses y que el flujo migratorio también lo están sintiendo Brasil y Ecuador.
Tillerson visitará Bogotá durante su primera gira latinoamericana, que lo llevará además a México, Argentina, Perú y Jamaica del 1 al 7 de febrero.
La Prensa Asociada
La Asamblea Nacional está interesada en que el Ministro de Economía comparezca para que explique sobre el desvío de fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, mientras el secretario de Estado asegura que esos fondos ya fueron restituidos en su totalidad.
La vicepresidenta encargada y quien encabeza la terna que podría posesionarla definitivamente en el cargo, Maria Alejandra Vicuña, reaccionó ante la oposición que existe en la Asamblea frente a su posible designación.
Asambleístas de Alianza PAIS pedirán la destitución de Daniel Mendoza de la coordinación de la bancada de aliados.
Mientras tanto, la oposición cree que se allana el camino de la destitución de Jorge Glas luego del dictamen de Fiscalía.
El partido opositor Acción Democrática, uno de los más grandes y antiguos de Venezuela, anunció el martes que excluyó de esa fuerza a los cuatro gobernadores que juraron ante la Asamblea Constituyente.
Henry Ramos Allup, secretario general del partido, informó a la prensa la exclusión de Laidy Gómez, Antonio Barreto Sira, Alfredo Díaz y Ramón Guevara, gobernadores de Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta, respectivamente.
El anuncio se produjo un día después de que cuatro de los cinco gobernadores opositores electos en los comicios del 15 de octubre prestaran juramento ante la Constituyente, integrada en su totalidad por oficialistas.
Juan Pablo Guanipa, electo en el estado Zulia y militante del partido Primero Justicia, no acudió a la ceremonia de juramentación del lunes.
La Mesa de la Unidad Democrática, una alianza integrada por casi tres decenas de partidos opositores, había anticipado que los gobernadores no prestarían juramento ante la Constituyente por considerarla inconstitucional.
Antes de la elección el presidente Nicolás Maduro había advertido que quienes resultaran vencedores debían subordinarse a este organismo para poder asumir sus cargos. De no hacerlo, agregó, pediría la convocatoria de nuevas elecciones en esos estados.
Las leyes venezolanas además contemplan una juramentación ante la Asamblea Legislativa de cada estado.
Como un signo de las divisiones que atraviesa la alianza opositora, el excandidato presidencial opositor y gobernador saliente de Miranda, Henrique Capriles, puso en duda la sinceridad de Ramos Allup y catalogó de “ficticia” la exclusión de los gobernadores. “No voy a permitir que se siga mintiendo a la gente”, dijo a través de Periscope.
Capriles manifestó que llegó la hora de la alianza opositora se reorganice para lograr un cambio político en el país sudamericano.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, consideró que la juramentación de los gobernadores pone en riesgo a la alianza opositora. Era igual de “malo” juramentarse o no, “pero juramentarse unos y no otros es aún peor”, dijo León en Twitter.
“El mayor éxito del gobierno sería la fractura total de la oposición. No necesita mucho más”, enfatizó, argumentando que ninguna de las fuerzas que conforman la alianza opositora “tiene opciones de triunfo sin la otra parte de su lado”.
Aunque la oposición sólo obtuvo cinco de las 23 gobernaciones encuestas previas a los comicios indicaban que era favorita para obtener la mayoría. Por ello ha disputado los resultados y ha dicho que tiene evidencias de una supuesta manipulación de las urnas.
La Constituyente fue integrada en julio después de una elección en la que la oposición se negó a participar. Desde que se instaló el 4 de agosto sus integrantes no han dejado lugar a dudas de que sus poderes son virtualmente ilimitados y que están dispuestos a emplearlos.
Decenas de gobiernos extranjeros -entre ellos Estados Unidos, Francia y varios latinoamericanos- se han mostrado críticos ante la situación./AP
Varios personajes de oposición marcharon en el Centro Histórico para realizar peticiones al presidente Lenín Moreno.
La oposición venezolana convocó para este lunes al mediodía una marcha de protesta contra las muertes producidas por la represión del régimen chavista y en rechazo del «proceso fraudulento» de la Asamblea Constituyente, que se votó este domingo.
Así lo anunció Henrique Capriles, durante una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que pidió al gobierno de Nicolás Maduro que «retire la Constituyente, retire ese fraude» y dijo que «hoy ganó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», durante una conferencia de prensa junto a otros líderes de esa fuerza.
Capriles convocó luego a una marcha opositora en todo el país para el mediodía del lunes, con el fin de protestar por la «masacre» ocurrida en la represión del gobierno, en la que murieron al menos 16 personas en las últimas 24 horas, y contra el «proceso fraudulento» de la Constituyente.
«Si insisten, seguiremos insistiendo», señaló el líder opositor, quien aseguró que en Caracas «había más policías reprimiendo que gente en los centros de votación».
Más temprano, durante la entrega de su primer balance sobre el desarrollo de la jornada electoral de la Asamblea Constituyente en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Julio Borges, denunció que horas antes del cierre de urnas, ya el Consejo Nacional Electoral tiene redactado un boletín oficial sobre los resultados de la votación.
Borges presentó sus declaraciones en una rueda de prensa el mismo 30 de julio, un par de horas antes de culminar oficialmente la votación.
Según el dirigente opositor, en el documento, de manera anticipada el organismo electoral sostiene que durante la jornada de este domingo, que aún no ha cerrado urnas, acudieron a sufragar ocho millones y medio de ciudadanos venezolanos, cuando, según palabras de Borges, la participación real no superaría ni el millón y medio de votos en el oeste de Caracas, en el mayor centro de votación, el Poliedro.
El líder del máximo órgano legislativo del país, al cual Nicolás Maduro busca remover con la Asamblea Constituyente, denunció que en ese lugar, el gobierno ha realizado un montaje que busca maquillar una participación masiva de electores, mediante un carrusel, que “rota” y “recicla” a los sufragantes.
“El día de hoy está caracterizado por la abstención y la represión”, concluyó Borges, al denunciar que sólo en el occidente del país han fallecido una docena de venezolanos, y así, según sus palabras “no puede haber paz, como han dicho todos los jerarcas del régimen”.
En contraste con el parte de victoria expresado y promovido por cada uno de los miembros del gobierno y aspirantes a la Asamblea Constituyente a la salida de las urnas, el opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que “quedó claro que el gobierno salió derrotado y que tiene que aceptar su derrota”.
Fuente: VOA/Infobae.com
Oposición venezolana: la abstención en la elección de la Constituyente de Maduro fue superior al 87%
Sobre el cierre de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente (ACN), la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó que solo un 12,4% del padrón electoral emitió su voto este domingo. Con estos números, la abstención fue superior al 87%, según la oposición.
Los datos fueron aportados por el diputado Henry Ramos Allup, durante una rueda de prensa del bloque opositor, en la que también se anunció la convocatoria a una marcha para este lunes al mediodía.
Más tarde, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, aseguró por su parte que votaron más de 8 millones de ciudadanos, casi la mitad del electorado. La oposición, sin embargo, había advertido en la víspera sobre la posibilidad que el régimen inflara las cifras de la participación.
Horas antes, el presidente Nicolás Maduro había asegurado que no le importaba la «opinión» de la oposición, y reconoció la jornada había sido «exitosa».
«Participación hoy no llegará ni siquiera a requerimiento de 15% electores que podría solicitarla según art.348 CRBV !Fracasaste Maduro!», manfiestó en Twitter el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.
Casi 19,5 millones de venezolanos estaban inscritos en el padrón electoral.
La votación del domingo en Venezuela ha estado marcada por las protestas callejeras contra la Constituyente en ciudades de todo el país, que han sido reprimidas por la Policía y la Guardia Nacional (GNB) y dejan hasta el momento más de 100 muertos.
Fuente: Infobae.com
