Estados Unidos no tiene planes de invadir Venezuela, indicaron funcionarios del gobierno de Washington, pese a anteriores declaraciones del presidente Donald Trump y otros de que no se descarta ninguna opción en la campaña para lograr la salida del poder del gobierno de Nicolás Maduro.
Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela y el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) Mark Green le dijeron al Congreso que el gobierno promueve una transición política pacífica en el país sudamericano. Ambos insistieron en que han recibido instrucciones de buscar únicamente esa estrategia.
Abrams dijo que el gobierno está concentrado en aplicar presiones económicas y diplomáticas sobre el gobierno de Maduro mediante sanciones. Anunció que más sanciones son inminentes y que incluso bancos extranjeros podrían ser penalizados si se determina que están ayudando a Maduro a ocultar activos del Estado.
Abrams y Green fueron interpelados el jueves por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Estados Unidos es uno de más de 50 gobiernos alrededor del mundo que reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Argumentan que debido a generalizadas denuncias de fraude electoral, Maduro no es el mandatario elegido y Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional tiene el deber de asumir la presidencia cuando está vacante. /AP
El embajador de Estados Unidos Todd Chapman y un Concejal de Vinces, entre otras figuras destacadas de la política estuvieron presentes para disfrutar de la jugada de la noche «barcelonista».
Los candidatos cada vez se alían más para ser parte de la política farandulera nacional.
Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, brindó sus primeras impresiones a casi un día de haber sido posesionado por la Asamblea Nacional para su nuevo cargo.
En el espacio de entrevistas Los Desayunos de 24 Horas, Sonnenholzner habló sobre los retos que implica estar al frente de la vicepresidencia. De igual manera, da a conocer cuál será la hoja de ruta de esta entidad estatal.
Sonnenholzner se refirió a aspectos como la reestructuración de la vicepresidencia, los cambios en la Ley de Comunicación, la lucha contra la corrupción y otros temas de la coyuntura política ecuatoriana. Además, aseguró que en su mandato su familia no formará parte de las filas políticas.
«Yo soy esposo, yerno, hijo, primo, amigo dentro de mi casa, yo salgo de mi casa y soy Vicepresidente de la República y ahí yo no tengo hermanos, no tengo primos, no tengo parientes, no tengo nada y esto se va a reflejar en una comunicación que yo espero hacer desde la vicepresidencia y estoy viendo la forma legal de hacerla» dijo.
Refieriéndose a la Ley de Comunicación, Sonnenholzner manifestó que pondrá toda su experiencia desde su postura de ex comunicador para garantizar libertad de expresión para la ciudadanía y para los medios de comunicación.
«Hay que ver como le afecta a todos la ley (…) yo estoy poniendo toda mi experiencia en este tema. Yo tuve que estudiar durante años el tema de libertad de expresión, de instrumentos internacionales para garantizar este derecho y lo único que yo si le puedo garantizar es que vamos a sacar una ley que se apegue a esos principios» sostuvo.
El Gobierno ecuatoriano difundió hoy una nueva política para regular las llamadas comerciales a teléfonos móviles, con el fin de que los usuarios podrán identificarlas claramente y sepan si tienen fines informativos, comerciales, publicitarios o incluso proselitistas.
El anuncio sobre la nueva política lo realizó el ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Guillermo León, junto al director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Edwin Almeida, y representantes de las operadoras móviles del país.
La política establece que las llamadas efectuadas al usuario, abonado o cliente del servicio móvil avanzado (SMA), deberán estar identificadas.
Con esta decisión, a partir de ahora los ciudadanos podrán identificar «con claridad el origen de la llamada entrante, para decidir la conveniencia o no de contestarla, evitando de esta manera, la recepción de información engañosa o no requerida por el usuario», señaló el Ministerio de Telecomunicaciones en un comunicado.
Apuntó que la política es obligatoria para quienes ofrecen el SMA así como para las personas naturales o jurídicas que realicen llamadas con fines informativos, de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, a través de las redes de las referidas empresas de servicios.
«Se exceptúan únicamente de aplicación de la presente política, los celulares que, por prestaciones tecnológicas del terminal móvil, no sea posible la lectura de la información que se envía por parte de los operadores móviles», indicó en el escrito.
León comentó que en un «Gobierno de Derechos», el sector de telecomunicaciones establece medidas que permiten al ciudadano elegir con libertad sus servicios, de forma transparente.
Según el Ministerio de Telecomunicaciones, al primer semestre de este año, Ecuador alcanzó una cobertura poblacional del 92,65 % en el Servicio Móvil Avanzado, y obtuvo un 80 % de penetración.
EFE
Docentes y estudiantes cortaban el jueves varias calles de Buenos Aires en protesta por los bajos salarios y el ajuste presupuestario aplicado por el gobierno, en lo que promete ser una jornada de grandes movilizaciones para denunciar la crítica situación de la universidad pública.
Miembros de sindicatos docentes y federaciones estudiantiles bloquearon a primera hora algunas zonas de la capital. Por la tarde confluirán en la llamada “Gran Marcha Universitaria”, que se prevé masiva. Distintas ciudades del país también serán escenario de manifestaciones a las que se sumarán organizaciones políticas y sociales contrarias al conservador presidente Mauricio Macri.
La jornada en defensa de la educación pública viene precedida de huelgas durante cuatro semanas en 57 universidades, la toma de instalaciones educativas y el dictado de clases en la vía pública. Un centenar de colegios preuniversitarios se han plegado a las medidas de fuerza contra el drástico ajuste aplicado por Macri en distintas áreas del Estado.
Al gobierno “no le queda otra alternativa que tomar nota. No vamos a dejar que el ajuste pase por nuestros salarios y por la universidad pública”, dijo a The Associated Press Belén Almejún, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
En el interior del combativo centro educativo, ocupado por los estudiantes, se han instalado grandes carteles que rezan “Sin ciencia no hay futuro” y “Ciencias exactas en crisis”.
Los gremios docentes exigen a Macri una actualización de los salarios de al menos 30% en consonancia con la inflación anual que reconoce el propio oficialismo. Aunque el gobierno está dispuesto a mejorar su oferta inicial de 15%, el diálogo está empantanado.
Los profesores exigen mejores salarios en un escenario de constante aumento de las tarifas de los servicios públicos y el transporte y los precios de los productos básicos, que se han disparado en los últimos tres meses a raíz de la fuerte depreciación del peso que el gobierno no consigue atajar.
El jefe de gabinete Marcos Peña dijo a periodistas que el Ejecutivo “está convencido de la importancia de la universidad pública” y que “ha duplicado el presupuesto universitario y está trabajando para resolver una situación salarial”. Macri se reunió recientemente con los rectores universitarios.
Los docentes y estudiantes denuncian falta de fondos para la investigación y la sustentabilidad de distintos programas a raíz de las políticas de recorte del gasto público que el Fondo Monetario Internacional exige a Argentina en el marco de un acuerdo sellado en junio por 50.000 millones de dólares para combatir la crisis cambiaria.
A su vez cuestionan que el presupuesto para las universidades nacionales de unos 107.000 millones de pesos (unos 2.600 millones de dólares) para 2018 se haya recortado en lo que va de año en 1.056 millones de pesos (26,4 millones de dólares).
Bruno Berardino, docente del departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas, afirmó a AP que pese a que “es un comentario común que los argentinos somos creativos arreglándonos con lo que tenemos… necesitamos avanzar para que no se vacíe la ciencia como se está vaciando”.
Berardino señaló que las universidades están sufriendo una “situación crítica” por la falta de subsidios para la investigación. El docente reconoció que hay problemas estructurales de larga data, “aunque la situación se agravó muchísimo desde que asumió Macri”.
Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios, es necesario un aumento de fondos para que más de 20 casas de estudio que se han declarado en emergencia financiera puedan afrontar sus compromisos hasta fin de año.
La suba del dólar, de 112% en lo que va de año, ha recalentado la inflación, que según el gobierno será de 30% este año y para analistas de al menos 32%. La indomable alza de los precios ha acrecentado las protestas en demanda de mejoras salariales.
Al mismo tiempo la actividad económica se ha desplomado, acrecentando el descontento social.
The Associated Press
A falta de dos semanas para terminar su Gobierno, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció hoy la suspensión del proceso de rescate del galeón español San José, hundido en el siglo XVIII cerca de Cartagena de Indias, justo el día en que vencía el plazo para una posible adjudicación del contrato.
En una declaración a medios, Santos alegó que hay medidas cautelares en la justicia por resolver puesto que «ciudadanos preocupados adelantaron una acción popular que dilató este proceso» de adjudicación de la Alianza Público Privada (APP) para el rescate del pecio.
«He tomado una decisión por respeto a las instancias judiciales, al Estado de derecho (…) y garantizando la seguridad jurídica de todos los sujetos que aquí han intervenido, he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso», manifestó el gobernante.
Según explicó, la decisión es «una muestra más» de su compromiso «con el patrimonio, con las leyes colombianas y con la historia» y especialmente de que ha «antepuesto los intereses culturales y científicos a cualquier otra motivación».
«Es así que hoy entregamos un sitio arqueológico sin intervención alguna, enriquecido, en cambio, de conocimientos, y con un modelo completo de gestión que incluye los recursos económicos necesarios para su intervención científica y como lo dije desde el primer día, para el disfrute y conocimiento de todos los colombianos», aseguró.
Desde que el 4 de diciembre de 2015 el propio Santos anunció que arqueólogos habían encontrado el pecio del San José se generó alrededor del proceso una gran polémica puesto que para su recuperación se recurriría a una APP.
Un gran secretismo rodeó el caso hasta que el pasado 27 de marzo el Ministerio de Cultura publicó los pliegos con los detalles para los interesados en sacar del lecho marino los tesoros del pecio «sin desembolso de recursos públicos».
Como parte de ese proceso de licitación, el Ministerio mostró «la intención» de adjudicar el contrato a la compañía Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG «si no existieren otros interesados en la ejecución del proyecto», lo que fue muy criticado por historiadores y arqueólogos, que argumentaron que el proceso requería de más estudios.
El jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas, explicó hoy a periodistas que «básicamente lo que se produce es la suspensión del proceso contractual», si bien «los procesos siguen vigentes» a la espera de la decisión que tome el presidente electo, Iván Duque, que asumirá el cargo el 7 de agosto.
Vargas detalló que se tomó la decisión por respeto «al estado de derecho, a las decisiones judiciales» mientras «el tribunal toma una decisión sobre las medidas cautelares».
Por tanto, Duque «tendrá que revisar todo» el proceso, dijo Vargas, quien mostró su esperanza de que perciba que en el Ministerio hicieron «un trabajo responsable».
El pasado 10 de julio la ministra de Cultura, Mariana Garcés, entregó al equipo de transición de Duque un informe general sobre el San José.
El director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Ernesto Montenegro, señaló que el pecio «no se ha tocado» hasta el momento, sino que han acumulado «toda la información físico-química» y oceanográfica.
Asimismo, indicó que tanto en el Ministerio de Cultura como en el Icanh siguen trabajando arqueólogos, historiadores y antropólogos «para avanzar en el conocimiento que tenemos y el estudio de los materiales que se han identificado».
Finalmente, aseguró que han «insistido en que hay información confidencial que se limita a las coordenadas y que es importante por la seguridad nacional que se mantenga en reserva» para evitar que cazatesoros intenten llegar hasta los restos del buque.
Al respecto, Santos pidió hoy a la Procuraduría (Ministerio Público) «que observe el carácter confidencial y de reserva de esta información, y que su manejo sea acorde con la seguridad y soberanía nacional».
El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata, que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
Desde el anuncio del hallazgo del galeón surgieron disputas ya que España aduce que por tratarse de «un barco de Estado» con su bandera le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad, y así lo reiteró hoy en Madrid el ministro español de Exteriores, Josep Borrell.
El mes pasado, la Cancillería colombiana dijo que esperaba trabajar con España en la negociación de un memorando de entendimiento sobre el proyecto de recuperación del galeón.
Fuente: EFE
El Ecuador vuelve al gradualismo económico, a la creación de un fondo de estabilización y a mantener el techo de la deuda en el 40 % del PIB.
Así lo anunció el Ministro de Economía a un grupo de inversionistas privados como parte del contenido del programa económico.
Hasta 2021 con el plan de optimización de las empresas públicas, el gobierno planea ahorrar hasta 200 millones de dólares.
El titular de la empresa coordinadora de empresas públicas asegura que las 22 empresas se manejaron de forma política y que no solo arrastran cifras en rojo sino también irregularidades.
El secretario de Justicia Jeff Sessions dijo el lunes que su política de cero tolerancia para cualquiera que ingrese al país ilegalmente podría provocar que los padres queden separados de sus hijos.
En declaraciones vertidas junto al muro fronterizo que separa San Diego de la ciudad mexicana de Tijuana, Sessions dijo que el Departamento de Seguridad Nacional enviará cada caso de ingreso ilegal a los fiscales federales. Los padres permanecerán detenidos, mientras que sus hijos podrían ser transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Thomas Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, dijo algo similar: que la política derivará en más acciones judiciales, lo cual incluye la separación de algunos padres de sus hijos. Negó que el gobierno del presidente Donald Trump tenga una “política general” de separar familias como forma de desanimar a otros para que no intenten ingresar ilegalmente./AP
Trump tienen una relación muy especial con la que pasa de beso en beso.
Si alguna vez se ha preguntado qué tipo de cosas no quiere exactamente Facebook en su propia red, está de suerte. Por primera vez, Facebook publicó el martes las directrices detalladas sobre lo que permite y prohíbe en su propia web: 27 páginas en total.
No realice amenazas violentas creíbles ni se deleite con la violencia sexual; no promueva el terrorismo ni la caza furtiva de especies amenazadas; no intente comprar marihuana, vender armas de fuego o publicar los precios de venta de medicamentos con receta; no publique instrucciones para lesionarse; no muestre a menores en un contexto sexual ni cometa múltiples homicidios en diferentes momentos o lugares.
Facebook ya había vetado la mayoría de estas acciones su anterior página “estándares de la comunidad”, que esbozaba a grandes rasgos los estándares de la red social, pero el documento publicado el martes incluye algunos detalles que a veces pueden resultar sangrientos.
Las pautas actualizadas reflejan los criterios que emplean sus 7.600 moderadores para revisar publicaciones cuestionables y decidir si son eliminadas y, en ocasiones, alertar a las autoridades.
Los criterios en sí no cambian, pero los detalles revelan información interesante. Las fotos de senos están permitidas en algunos casos _como en imágenes de lactancia materna o en pinturas_ pero no en otros. El documento detalla lo que considera explotación sexual de adultos o menores, pero deja espacio para prohibir otras formas de abuso en caso de que surjan.
Dado que Facebook no permite la presencia de asesinos en serie, las nuevas guías definen el término: cualquier persona que haya cometido dos o más asesinatos en “múltiples incidentes o ubicaciones”. Las personas que cometieron un único homicidio no serán excluidas, pues podría haber sido en defensa propia.
El repaso a las pautas da una idea de lo difícil que debe ser la labor de un moderador de Facebook. Estas personas deben leer y observar material cuestionable de todo tipo y tomar decisiones complicadas, como por ejemplo si un video hace apología de los desórdenes alimenticios o simplemente busca ayudar a la gente. O cuando se cruza la línea entre la broma y el acoso, o se pasa de una reflexión teórica a una amenaza directa, y similares.
Los moderadores operan en 40 idiomas distintos. El objetivo de Facebook es responder a los reportes sobre contenidos cuestionables en un plazo 24 horas, aunque dice que no impone cuotas ni límite de tiempo a las revisiones.
La red social ha cometido varios errores sonados en los últimos años. Por ejemplo, grupos de derechos humanos dicen que Facebook ha dado una respuesta inadecuada al discurso de odio y la incitación a la violencia contra las minorías musulmanas en Myanmar.
En 2016, Facebook se retractó luego de eliminar una fotografía icónica de 1972 de The Associated Press en la que aparece una niña corriendo desnuda y gritando tras un ataque con napalm en Vietnam. En un primer momento, la firma insistió en que no podía crear una excepción para una fotografía en concreto de un menor desnudo, pero pronto se retractó apuntando que la imagen tenía una “importancia global”.
The Associated Press
En medio del tema de la nacionalización de Julian Assange, Augusto Barrera, informó el presidente Lenín Moreno establecerá sus opiniones y decisiones sobre el tema, en base de «preservar el interés nacional».
Respecto a la presentación de un proyecto económico pensado por un el Foro de Economía y Finanzas Públicas, Barrera afirmó que el mandatario tiene previsto reunirse con los economistas para escuchar sus planteamientos.
Sobre la veeduría para auditar la deuda pública, Barrera afirma que la intención de Moreno es respetar el trabajo de las instituciones siempre que cumplan con sus obligaciones enmarcadas en lo legal.
Finalmente, como representante del consejo de Educación Superior, Barrera se refirió a la crisis que se vive en la Universidad de Loja y anunció intervenciones.
El excontralor del Estado, Marcelo Merlo, en diálogo con «Los Desayunos 24 Horas», dio a conocer su punto de vista sobre el rol cumplirá la veeduría ciudadana.
Esto, a propósito de la auditoría anunciada a la legalidad, fuentes y usos de fondos públicos y deuda interna y externa contraída durante el Gobierno de Rafael Correa, específicamente entre los años 2012 y 2017.
Merlo indicó que en este tiempo la deuda se incrementó en 35 mil millones de dólares, llevando a que hoy en día se tenga que pagar por familia unos 16 mil dólares.
El excontralor ve preocupante que el endeudamiento adquirido haya sido para financiar el gasto «corriente».
Merlo ve como importante desglosar cada contrato firmado, a fin de establecer responsabilidades ante posibles ilegalidades.
Para dirigentes políticos la salida de Eduardo Mangas del Gobierno es positiva pero para un representante del sector de la producción no es suficiente, sin embargo coinciden en la necesidad de concentrarse en la consulta popular.
La expresidenta y candidata a senadora Cristina Fernández convocó el lunes a poner un límite al gobierno de Mauricio Macri en las elecciones legislativas del próximo domingo y adelantó que desde el Congreso buscará consolidar una fuerza opositora con aspiraciones de poder en 2019.
“Hay que reflexionar, argentinos. Estamos a tiempo de poner un límite. No dejemos que estas políticas sigan avanzando y endeudando al país”, dijo Fernández ante una multitud en el estadio Juan Domingo Perón del Racing Club durante un acto de campaña de Unidad Ciudadana, la coalición centroizquierdista que fundó tras dejar la presidencia (2007-2015).
La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, agregó que “necesitamos construir una fuerza política, una alternativa que le dé a los argentinos una idea, una esperanza, un sueño de que esto que está mandando lo vamos a poder cambiar. Es el 22 (de octubre) y después del 22 también”, en lo que se interpretó como una referencia a las elecciones presidenciales de 2019.
Las últimas encuestas le otorgan ventaja al candidato oficialista Esteban Bullrich, hasta hace unos meses ministro de Educación del gabinete de Macri. De confirmarse estos resultados, Fernández igual obtendría la banca de senadora por la minoría.
Para los analistas, una buena elección de Fernández la situará como indiscutible líder de la oposición y la perfilaría como candidata a la presidencia dentro de dos años. Un mal resultado, en cambio, abrirá el juego a otros dirigentes que pugnan por liderar al peronismo.
Durante su alocución de media hora, la expresidenta no hizo referencia a las causas judiciales en las que está involucrada, por las cuales algunos dirigentes oficialistas y de otros espacios opositores adelantaron podrían impugnarla para asumir la banca.
Fernández deberá presentarse a declarar el 26 de octubre como sospechosa de haber intentado proteger a los iraníes acusados del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, tal como denunció en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de su muerte ocurrida en circunstancias que aún no han sido dilucidadas.
La exmandataria también está bajo sospecha como presunta jefa de “asociación ilícita” integrada por exfuncionarios y empresarios para el cobro de sobornos a cambio de la adjudicación de obras públicas. La orden de compra de dólares a futuro por parte del Banco Central durante su gobierno y lavado de dinero son otras causas en las que está bajo investigación.
Fernández, quien ha sido acusada de postularse a senadora para obtener fueros que la protejan de una eventual orden de detención, negó los cargos que se le imputan y denunció que es víctima de una persecución política orquestada por Macri con la anuencia de parte del Poder Judicial.
“Acá estamos y vamos a seguir estando. No nos vamos a la Luna… Nadie nos va a mover”, desafío Fernández y provocó ovación de sus seguidores, que la despidieron al grito de “¡Cristina senadora!” y “¡Vamos a volver!”./AP
En el espacio de Entrevistas, Los Desayunos 24 Horas, el entrevistado Augusto de la Torre, catedrático de la Universidad de Colorado de Columbia en New York, analiza la situación económica en Ecuador.
Dos analistas opinan sobre las distancias entre el expresidente Correa y Lenín Moreno.
Para ellos lo político está opacando temas de atención prioritaria.
Las Fuerzas Armadas entrarán en un proceso de redefinición de su plan de defensa, identificar las nuevas amenazas, necesidades operativas y presupuestarias, según el ministro de defensa
La elaboración de un plan contra ataques cibernéticos es una necesidad asegura el ministro Miguel Carvajal.
Cada tercer domingo de Junio, se celebra el Día del Padre y nuestras autoridades que también son jefes de hogar no se quedan fuera de este día.
José Francisco Cevallos, gobernador del Guayas comenta que, «es un motivo para que la familia esté unida» y entre otras autoridades que gozan de su día.
