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¿CUÁNTAS DE ESTAS PROPUESTAS FUERON VIABLES?

Muchas de las propuestas de los aspirantes a la presidencia en estas elecciones abordaron problemáticas comunes con discursos diferentes para lograr establecer algún tipo de diferencia ante los ojos del electorado.

¿Cuánto de lo que propusieron los candidatos presidenciales fue realista? ¿Cuánto fue probable y qué otro tanto surrealista o un mero intento de diferenciarse de otros para ganar tu voto? Lo analizamos a través de videos, textos e infografías en el siguiente resumen.


PROPUESTAS CYNTHIA VITERI

1. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Pese a que esta es una propuesta con la que concordaron siete de los ocho candidatos a la presidencia, El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la estructura del Estado y por lo tanto eliminarlo no sería tarea sencilla. De hecho, con la constitución actual de la Corte Constitucional que debe avalar ese proceso, expertos en la materia califican a esta propuesta de inviable.

Según el experto en derecho constitucional Rafael Oyarte, para eliminar el CPCCS sería necesario que el Presidente, una mayoría de legisladores o la ciudadanía (con el 1% del respaldo electoral) emprendan una reforma parcial a la Constitución. Una reforma de ese carácter se debería producir en dos debates y aprobarse en el seno de la Asamblea Nacional con la mitad más uno de los votos. Luego, la ciudadanía debe aprobar la propuesta de reforma a través de una Consulta

Popular que después debe ser validada por la Corte Constitucional.

2. Derogar la Ley de Comunicación.

Si bien derogar la Ley de Comunicación ecuatoriana sería posible, hacerlo no depende netamente de la voluntad de los diversos actores políticos del país, sino también de la voluntad del pueblo. Es por ello que ofrecer derogar esta ley, no podría constituirse en una propuesta realista de campaña. Internar hacerlo, sí.

Para eliminar la Ley de Comunicación, es necesario convocar a Consulta Popular, puesto que esta fue una ley aprobada a través del mismo método por la ciudadanía. En caso de que la ciudadanía apruebe derogar la ley a través de dicho proceso, la Corte Constitucional cuyos miembros han sido designados por el actual gobierno deberá aprobar esa consulta. En el caso de que la Corte avale el resultado que arrojen las urnas, se suprimirían instituciones creadas por y para servir a la Ley como la SUPERCOM y debería se debería dictaminar qué sucedería con los funcionarios de la misma, así como cuál o cuales serían las leyes y reglamentos que suplan los vacíos que pudiera dejar la derogatoria de esta Ley.


PROPUESTAS PACO MONCAYO

1. Suprimir la extracción de petróleo en páramos, lagos, ríos, humedades y en general zonas que atenten contra la población y el medio ambiente y anular aquellos contratos que no respeten estos parámetros.

Según recogen datos de la Procuraduría General del Estado desde el 2004, Ecuador se ha visto inmerso en 29 litigios internacionales por haber desconocido, de cierta manera, convenios o contratos subscritos con empresas extranjeras para proyectos nacionales. Puesto a que este es un hecho que se ha venido produciendo durante más de una década, la propuesta de continuarlo es probable. Sin embargo, los números indican que probablemente no sea deseable.

De los 29 litigios internacionales en los que se vio inmerso el país los últimos 13 años, 12 de permanecen activos. Entre los 17 restantes, 11 fueron archivados y el Ecuador debió saldar una indemnización de USD 128 millones por otros seis. Entre estos, el caso de mayor relevancia dado el monto de la indemnización asumida ocurrió el año pasado con la petrolera Occidental a la que se pagó USD 1 062 millones. Según Alianza País, el pago a Occidental significó un decrecimiento de un punto porcentual en el crecimiento de la economía ecuatoriana que sufrió un notable deterioro tras la caída del precio del barril de petróleo.

Las compensaciones del estado a entidades privadas se arraigan en ciertos convenios bilaterales de inversión que subscribió Ecuador con distintos países en la década de los 80. Ante ello, entrar en nuevos litigios en caso de desconocer convenios o contratos petroleros podría representar un costo excesivo para el Estado ecuatoriano que ya ha perdido seis procesos y aún debe enfrentar otros 12 en los que se litigan USD 366 millones.

2.Despenalizar el aborto en casos de violación y enfermedades graves que afecten al feto o la madre.

Esta propuesta podría pecar de surrealista puesto que intentos anteriores de despenalizar el aborto han fracasado por falta de voluntad política en un país cuya mayoría de electores defienden la vida desde la concepción.

Pese a que desde el 2015 el 98% de los países del mundo permitían el aborto cuando la vida de la madre corría peligro y otros dos tercios si la salud física o psíquica de la mujer estaba en riesgo, según Diario El Mundo, en Ecuador no se ha despenalizado el aborto en casos de violación todavía. La oportunidad más visible para hacerlo se presentó en el 2013 cuando la Asamblea Nacional elaboraba el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Entonces, asambleístas del oficialismo propusieron legalizar la despenalización del aborto en casos de violación a través del código. Sin embargo, la propuesta fue retirada cuando el Presidente Rafael Correa y el movimiento en su conjunto sancionaron a las mujeres que impulsaron la iniciativa con contradecir las políticas de la organización a la que pertenecían. Ningún otro legislador de un partido o movimiento diferente retomó o impulsó esa propuesta. Algunos consideran que el motivo radica en que Ecuador es aún una sociedad conservadora en la que 8 de cada 10 ecuatorianos que dicen tener alguna afiliación religiosa son católicos, según el INEC. Así las cosas, contradecir las creencias de respeto a la vida desde la concepción del 80% de la ciudadanía podría acarrear un costo político que hasta hoy, ninguna organización ha querido asumir. Para despenalizar el aborto en casos de violación, Moncayo seguramente carecería del respaldo necesario de otros actores políticos para reformar el COIP.