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Honduras: Cuatro magistrados de la Corte Suprema fueron destituidos

Están acusados de bloquear el intento de limpiar la corrupción en las fuerzas policiales.

La crisis política hondureña se agudizó el miércoles cuando los magistrados de la Corte Constitucional, destituidos de madrugada por el Congreso, dijeron en un comunicado que el legislativo, al irrumpir en el Poder Judicial, violentó la separación de poderes y alteró el orden constitucional.

"El congreso nos destituye del cargo pero hemos cumplido el cargo a cabalidad cumpliendo la legislación vigente. Hemos aplicado nuestro de trabajo de acuerdo a los preceptos", escribieron los magistrados al calificar la destitución de "ilegítima, ilegal e injusta".

"Es política", añadieron.

Para los jueces, "el procedimiento de destitución no tiene fundamento legal alguno. Los fallos fueron dictados conforme a derecho, no tenemos funciones administrativas porque así lo dispuso el mismo Congreso de la Republica, el único encargado de funciones administrativas" y "se ha vulnerado el derecho a defensa y el derecho a ser oído y el debido proceso".

El Congreso hondureño aprobó el miércoles por la madrugada la destitución inmediata de cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia después de que estos tomaron una decisión contraria a los intereses del gobierno de Porfirio Lobo, lo que provocó una crisis institucional que se gestaba desde hace días.

Con 97 sufragios a favor y 31 en contra, los legisladores aprobaron la destitución a las 4 de la mañana tras la lectura de un informe elaborado por una comisión y un largo debate.

"La conducta de los magistrados pone en peligro la seguridad ciudadana. Es manifiestamente contraria al interés del estado", afirmó el diputado Jeffrey Flores, que presentó la moción que destituía a los miembros de la Corte.

El fiscal general de república, Luis Rubí, dijo que "el imperio de la fuerza de la mayoría por encima de la ley es inaceptable", y añadió que "los fiscales de la republica están reunidos estudiando el caso. Nadie esta por encima de la ley, ni el presidente del Congreso ni el de la republica".

Rubí también explicó que los fiscales "analizamos la responsabilidad de quienes han tomado esa decisión y si la hay nos vamos a pronunciar. Hemos solicitado al congreso que nos proporcione la información necesaria, la moción, el decreto, el acta de la sesión, lo estudiaremos y nos pronunciaremos".

El presidente Lobo ha estado enfrascado en un enfrentamiento con los jueces de la Corte Suprema, a quienes acusa de atender poderosos intereses de negocios. Dice que la misma gente que depuso en su momento al presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado de 2009 ahora planea deponerlo a él.

Desde hace tiempo se considera que los jueces hondureños están vinculados íntimamente con la élite empresarial. En octubre, la Corte Suprema desestimó el plan de Lobo de construir ciudades privadas como una manera de atraer inversión y desarrollo económico, y la semana pasada declaró inconstitucional su plan de limpiar la Policía nacional, famosa por su corrupción.

Horas antes de aprobar la destitución, el Congreso también aprobó una ley de referendo para someter a voto popular dicho plan luego de que los tribunales lo bloquearon.

En la exposición de motivos de la destitución de los magistrados, presentada por el diputado Rigoberto Chang, se explicó que "el Congreso aprobó el decreto de depuración policial con vigencia de seis meses entre el 25 de mayo y el 25 de noviembre. Fue impugnado (por la Corte Suprema) el 26 de junio y era de tramitación expedita, pero fue resuelto el 27 de noviembre cuando ya no estaba en vigencia".

"La resolución emitida por la Corte no es congruente con la política de seguridad desarrollada por el ejecutivo y el legislativo y conlleva graves perjuicios a la seguridad del estado, y deja abierto que se presenten demandas millonarias por parte de los policías afectados por la depuración", agregó.

Los diputados que no estuvieron de acuerdo con el resultado de la votación agregaron sus motivos.

José Saavedra, jefe de bancada del Partido Liberal, dijo lamentar "el mensaje expuesto a la opinión pública nacional e internacional. Se está amedrentando desde el poder legislativo al poder judicial. Se está violentando la independencia de poderes que no tienen relaciones de subordinación. Los problemas de inseguridad no se resuelven con esta decisión. Así no generamos seguridad jurídica para Honduras".

Otro diputado opositor, Wenceslao Lara, del Partido Liberal, consideró que se estaba cometiendo un delito en la cámara.

"Quienes ejecuten actos encaminados a remplazar al gobierno, alterar la Constitución de cualquiera de los poderes del estado o atacar su independencia serán inhabilitados entre seis y 12 años. Esto es un delito. Honduras es el país más corrupto de Centroamérica y este es un ejemplo".

Por su parte, Osman Aguilar, del Partido Liberal, calificó la votación como un golpe de estado técnico en el que se llama a atentar contra la forma de gobierno del país.

El fiscal general adjunto Roy Urtecho señaló el martes que "cualquier pronunciamiento, señalamiento u objeción de los otros poderes del Estado sobre posturas jurídicas de fondo suponen intromisión en el ejercicio de las potestades atribuidas por la Constitución".

Urtecho adujo que con la acción en contra de los magistrados se rompe el principio de separación de poderes.

Honduras ya ha pasado por este tipo de disputas.

Zelaya fue depuesto cuando ignoró la orden de la Corte Suprema de cancelar un referendo planeado para revisar la Constitución, prometiendo a los pobres que serían representados a la hora de planear el rumbo del país hacia el futuro.

El narcotráfico y la violencia se han incrementado desde el derrocamiento de Zelaya, y dos tercios de los 8,2 millones de habitantes del país viven en la pobreza. Con una tasa de homicidios de 91 por cada 100.000 habitantes, con frecuencia se dice que Honduras es el país más violento del mundo.

El golpe de estado de 2009 fue un dolor de cabeza para Estados Unidos, que dejó de enviar ayuda a Honduras en sanción, pero después fue criticado por reconocer al gobierno de Lobo, quien ganó unas elecciones programadas posteriormente ese año.

Lobo asumió el poder en enero de 2010 y está limitado a un solo período de gobierno, que termina el año entrante./ AP

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