ABC del caso Vocales que salpica al Consejo de la Judicatura y Corte de Pichincha

Por Redacción Transmedia Digital |

El caso Vocales se inició en junio del 2022 e involucra a Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura. También es parte del caso Vladimir Jhayya, juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. A los tres se los vincula con el presunto delito de tráfico de influencias.

La investigación empezó después de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el presunto delito. Este se conoció por una grabación difundida por el medio digital La Posta. El audio contenía una conversación entre ambos vocales de la Judicatura y el juez para favorecer a la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

La exlegisladora interpuso una acción de protección para permanecer en el cargo luego de ser destituida. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), tanto Barreno como Morillo intentaron convencer al juez para que falle a favor de la expresidenta del Legislativo.

Según la Fiscalía, la mañana del 2 de junio de 2022, los dos vocales del Consejo de la Judicatura junto con el juez provincial y otras personas “se habrían reunido en un edificio particular”, en el norte de Quito.

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La Fiscalía determinó que el juez fue quien presuntamente dio las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, afirmando que se trataba de una oficina del vocal Juan José Morillo. Además, se presume que expuso los argumentos para motivar el fallo solicitado por ambos vocales.

Una cronología del caso

La audiencia de formulación de cargos se dio en junio. Allí, la fiscal general Diana Salazar presentó 41 elementos de convicción y acusó a los tres implicados por el presunto delito de tráfico de influencias. Ese día, un juez ordenó que Barreno, Morillo y Jhayya se presenten semanalmente en un juzgado y les prohibió la salida del país.

Además ordenó la retención de cuentas por el valor de 5.100 dólares a cada uno y la prohibición de enajenar bienes.

El caso se retomó en agosto de 2023, cuando la FGE cerró la etapa de instrucción fiscal y solicitó al juez Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia, fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio. El magistrado llamó a los dos vocales en calidad de autores del delito y al juez como cómplice.

La audiencia se instaló luego de cuatro intentos fallidos. En los llamados anteriores, los abogados de los vocales no asistieron a la audiencia argumentando calamidad médica, diligencia jurisdiccional y nueva defensa.

Los abogados defensores pidieron en varias ocasiones la nulidad del proceso argumentando, entre otras cosas, que no fueron notificados a tiempo, que se recopiló testimonios sin su presencia, etc. Además, la vocal Maribel Barreno presentó una demanda de recusación en contra del juez Walter Macías, mismo que no fue admitido.

La audiencia finalmente se desarrolló este 27 de septiembre del 2023 y duró más de 12 horas. El juez dictó prisión preventiva para Maribel Barreno y ordenó su localización y captura. El argumento fue que existe riesgo procesal de obstrucción a la justicia.

En la diligencia también se llamó a juicio a los tres funcionarios y se dictó medidas de protección a favor de los fiscales y una testigo protegida, quien habría grabado la conversación.

Tras la decisión y, según el Código Orgánico de la Función Judicial, los tres procesados quedan inhabilitados temporalmente para ejercer sus cargos. Esa prohibición se levantaría únicamente si su inocencia se ratifica en el juicio. O quedaría en firme si reciben una sentencia.

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