Corte declara inconstitucionales las Leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional

La Corte Constitucional de Ecuador declaró, este viernes 26 de septiembre del 2025, inconstitucionales las Leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional, promovidas por el presidente Daniel Noboa. 

Las dos normas anuladas por el tribunal constitucional fueron enviadas a la Asamblea Nacional con carácter "económico urgente", lo que obliga al Legislativo a tramitar la norma en un máximo de treinta días.

La Corte Constitucional determinó que la primera de estas normas "mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica". Mientras que, para el organismo, la segunda ley vulneró "la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática".

"Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica", concluyó el alto tribunal.

La decisión del tribunal constitucional agudiza el enfrentamiento abierto contra Noboa, que tras las primeras suspensiones de artículos lanzó una campaña contra los jueces. El Primer Mantario acusó a los magistrados de ser enemigos de la seguridad del país y derivó en una convocatoria a un referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente. 

La primera autoridad en reaccionar fue la ministra de Gobierno,  Zaida Rovira. A através de su cuenta de X rechazó la desición y recalcó que el camino del Gobierno será la Asamblea Constituyente. 

"A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos para quiénes trabajan y a quiénes sirven. Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos", señaló Rovira. 

Indultos anticipados a policías y militares

La Ley de Solidaridad Nacional buscaba establecer fórmulas de financiación hacia la Policía y las Fuerzas Armadas para reforzar su lucha contra el crimen organizado, dentro del "conflicto armado interno" declarado por Noboa desde inicios de 2024 para enfrentar la escalada de violencia sin precedentes que vive el país, causada por el auge de las bandas criminales.

Sin embargo, dentro del texto había disposiciones polémicas como la prerrogativa que se le daba al mandatario para conceder "indultos anticipados" a policías y militares que sean procesados por delitos cometidos durante sus acciones contra criminales dentro del "conflicto armado interno".

Mientras, en la Ley de Integridad Pública, que buscaba combatir la corrupción dentro de los funcionarios del sector público, se incluyó un endurecimiento de penas a adolescentes de entre doce y 18 años, para pasar de penas máximas de privación de libertad de ocho años a quince años.

Pendiente de decisión por parte de la Corte Constitucional también está la Ley de Inteligencia, sobre la que el tribunal ya había suspendido algunos artículos que permitían a los agentes de inteligencia adquirir identidades falsas, además de requerir a las compañías telefónicas datos sobre los usuarios.

Cinco leyes bajo fórmula exprés

Desde que Noboa fue reelegido en abril pasado para un periodo completo (2025-2029) y lograse tener mayoría en la Asamblea, el gobernante ha tramitado otras tres leyes más bajo la calificación de carácter económico urgente. La última de ellas fue aprobada este mismo jueves, enfocada en reformas en el sistema de pensiones.

Las decisiones preliminares que había tomado la Corte Constitucional frente a estas leyes llevaron a Noboa a encabezar una campaña del Gobierno contra sus jueces, que conforman actualmente el único contrapeso a las iniciativas del gobernante.

Noboa lideró una multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional con carteles con los rostros de los nueve jueces del tribunal a los que acusó de estar en contra de la seguridad nacional, lo que llevó a llamamientos como los del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, a respetar la independencia de poderes.

El pulso ha llegado incluso a que Noboa convoque un referéndum para establecer una Asamblea Constituyente sin tener previamente el dictamen favorable del tribunal constitucional, que finalmente revisó el decreto y dio luz verde a que se celebre dicha consulta popular, prevista para el 16 de noviembre.