Gobierno analiza incluir entre 6 y 8 preguntas en referéndum sobre bases militares en Ecuador
El Gobierno planea agregar preguntas de consulta popular sobre empleo y seguridad jurídica a lo que enviará a la Corte Constitucional.

El Gobierno planea llevar adelante una consulta popular en diciembre de este año.
Archivo API
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Actualizada:
14 jul 2025 - 12:12
La Presidencia de la República analiza entre seis y ocho preguntas de consulta popular para incluirlas en el Referéndum previsto en diciembre de 2025 sobre el retorno de las bases militares a Ecuador.
“Hay certezas respecto a dos preguntas: las de bases extranjeras y el financiamiento de partidos”, indicó la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, este lunes 14 de julio.
La funcionaria señaló que además de las dos preguntas, el Gobierno analiza otros temas relacionados con la generación de empleo, seguridad jurídica y fomento a la productividad. “De acuerdo a lo tratado podrían ser de seis a ocho preguntas”, mencionó Jaramillo en una rueda de prensa.
Sostuvo que en términos presupuestarios es mejor incluir otros temas en la misma consulta para abaratar costos. El presidente Daniel Noboa había anticipado, en una entrevista con un medio internacional, que el referendo sobre bases militares sería a finales de 2025.
El pasado 3 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la reforma del artículo 5 de la Constitución, que abre la puerta a la instalación de bases militares extranjeras en el país. Pero, para que ello ocurra, el tema debe pasar por un referéndum.
Propuesta de castración química a violadores
La funcionaria también se pronunció sobre la propuesta de castración química a los violadores, la vocera Carolina Jaramillo aseguró que "la reforma parcial, tal como está planteada, es una reforma que se puede hacer vía Asamblea Nacional".
Eso en relación a un proyecto de reforma a la Constitución que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional para promover la castración química a violadores. En sus redes sociales, informó que el objetivo es evitar la impunidad de los abusadores. "Pensaron que el poder los iba a proteger", indicó.
La propuesta del Gobierno es incorporar la castración química para quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación. Además, la creación de un registro confidencial de los ofensores para prevenir su vinculación con actividades que involucren a niñas, niños y adolescentes.
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