Contraloría detecta hasta USD 2 millones sin justificar en los patrimonios de jueces y fiscales
Más de la mitad de los exámenes realizados a jueces y fiscales revelan indicios de responsabilidad penal, informó el contralor Mauricio Torres.
La Contraloría General de Estado tiene la potestad de evaluar las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
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Actualizada:
15 jul 2025 - 17:14
La Contraloría General del Estado realizó auditorías a las declaraciones patrimoniales de 110 jueces y fiscales de cinco provincias de Ecuador. Los exámenes se iniciaron el 28 de noviembre del 2023
De ese total, 59 funcionarios, entre ellos 57 jueces y 2 fiscales, tuvieron indicios de responsabilidad penal por inconsistencias patrimoniales. Así lo detalló el contralor general del Estado, Mauricio Torres, este martes 15 de julio del 2025, en las Entrevistas en 24 Horas de Teleamazonas.
Según Torres, más del 50% de los casos analizados muestran irregularidades. Entre las inconsistencias detectadas figuran depósitos en efectivo sin respaldo, compras de bienes inmuebles y vehículos al contado y diferencias entre activos y pasivos que no han podido ser justificadas.
Según Torres, los jueces y fiscales señalados no han podido justificar "cómo obtuvieron los recursos. Y no son montos pequeños, son montos grandes".
"Estamos hablando de 500 000 dólares, un millón, dos millones de dólares que no se ha podido justificar", indicó el Contralor, este martes 15 de julio.
Al detectar los hallazgos, la Contraloría pide a los funcionarios auditados que justifiquen el aumento patrimonial, pero si no lo hacen se emite un informe con indicios de responsabilidad penal.
Luego, indicó Torres, ese documento se envía a Fiscalía General, con carácter de reservado, para que esa entidad abra una investigación y determine si se habría cometido o no un delito. Mientras dure ese proceso, el funcionario señalado podrá continuar en funciones.
Notarías también serán auditadas
El contralor Mauricio Torres también reveló que no solo jueces y fiscales están siendo auditados. En la lista de entidades bajo revisión están alcaldes, prefectos y concejales.
"En los próximos días también empezamos a analizar las declaraciones patrimoniales en las notarías y también a evaluar la gestión de las autoridades", señaló el titular del ente de control.
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