1 000 presos extranjeros que fueron deportados no podrán ingresar a Ecuador por 40 años

El Gobierno de Ecuador informó que los presos extranjeros que fueron deportados no podrán ingresar al país en los próximos 40 años. Este proceso se realizó con el respaldo de la Ley de Integridad Pública. 

John Reimberg, ministro del Interior, informó que se inició el proceso de deportación individual de 1 000 extranjeros que se encuentran finalizando su pena en las cárceles del país. Todos ellos están vinculados a los delitos de robo, receptación, tráfico ilícito de sustancias y contra la propiedad. 

"Quienes atenten contra la seguridad del país, no tienen cabida aquí. Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años. No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles", señaló Reimberg. 

¿Qué ocurrirá con los extranjeros que no cumplan la medida?

La deportación de extranjeros se establece en la Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea el 30 de junio del 2025. En el artículo 61.1 de la normativa se señala que los deportados tienen prohibido el retorno al territorio ecuatoriano por un plazo de cuarenta años. 

Si la persona extranjera deportada regresa a territorio ecuatoriano antes del periodo indicado estaría cometiendo un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.  

También, en la Ley se indica que los infractores volverán a cumplir la pena privativa de libertad en los casos que fue emitida una sentencia condenatoria ejecutoriada y si la pena no está prescrita.  

Mientras que en caso de persistir el conflicto armado interno, los extranjeros que incumplan con la prohibición de ingresar al Ecuador serán considerados como objetivo militar. 

Tensión con Colombia por deportación de presos 

Ecuador deportó a más de 800 personas privadas de libertad (PPL) de nacionalidad colombiana entre el viernes 25 y sábado 26 de julio del 2025. 

Todo el proceso se realizó en el puente de Rumichaca, forntera entre Ecuador y Colombia, con la presencia de fuerzas del orden y autoridades migratorias de ambos países. 

Los primeros presos de un grupo de 870 salieron de las cárceles ubicadas en las provincias de Chimborazo, Carchi y Napo. 

El sábado también la Oficina de Migración Colombia, encargada del control migratorio en Rumichaca, informó que se liberaron a ciudadanos deportados que no enfrentan cargos judiciales en su país. Mientras que los requeridos por la Fiscalía fueron trasladados a la cárcel de Ipiales, en el departamento de Nariño, para ser puestos a órdenes de jueces locales. 

Este proceso generó críticas y cuestionamientos por parte del gobierno colombiano. Con una "enérgica protesta", la Cancillería de Colombia calificó el proceso como un "este gesto inamistoso" hacia su país y aseguró que la medida se había tomado de "manera unilateral". 

Por su lado, Ecuador aclaró que la deportación se realiza en "estricto cumplimiento del marco normativo vigente y de sus obligaciones internacionales en materia migratoria".  Además afirmó que desde el 8 de julio se comunicó al Consulado de Colombia en Quito los procesos individuales de deportación en curso. 

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también cuestionó el proceso y aseveró que Ecuador está respondiendo con desdén.

"Si la Gran Colombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad. Si la grancolombia se encuentra, se encuentra la humanidad", añadió el mandatario colombiano en torno a la fractura de relaciones con Ecuador.