COVID-19: El exdiputado regional Paulo Melo, expresidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y uno de los políticos brasileños salpicados por la operación Lava Jato de combate a la corrupción, fue arrestado este jueves acusado de desvío de recursos públicos destinados al combate de la enfermedad
Melo, que hasta hace pocos meses cumplía prisión domiciliaria en uno de los procesos generados por la Lava Jato, fue detenido junto a otras cuatro personas en el marco de una operación para combatir una organización acusada de incurrir en fraudes para adjudicarse contratos públicos para acciones de combate a la pandemia, informó el Ministerio Público.
Entre los detenidos este jueves destaca el empresario Mario Peixoto, socio mayoritario de Melo en varias empresas que han sido beneficiadas con contratos públicos en el estado de Río de Janeiro supuestamente de forma irregular.
La organización venía siendo investigada desde hacía varios meses por irregularidades en diferentes licitaciones públicas en el área de la salud pero el juez responsable por la Lava Jato en Río de Janeiro, Marcelo Bretas, decidió anticipar la expedición de las órdenes de arresto de sus integrantes tras verificar que el grupo tenía en su mira contratos para acciones contra el COVID-19.
Una de las empresas de Peixoto se adjudicó el mes pasado parte de una licitación por 850 millones de reales (unos 144 millones de dólares) para el montaje de hospitales de campaña en Río de Janeiro para atender pacientes con COVID-19.
Otra de sus firmas fue beneficiada con un contrato de 27,8 millones de reales (unos 4,7 millones de dólares) para servicios de limpieza igualmente en el marco de las medidas de combate a la pandemia.
«La organización criminal seguía en franca actuación y recaudando valores millonarios de los cofres públicos de la gobernación de Río de Janeiro, incluso en el área de salud, y existe el temor de que tales contratos hayan sido negociados mediante acuerdos oscuros entre los miembros del grupo, especialmente Mario Peixoto, con funcionarios públicos», alegó el Ministerio Público en la petición que hizo al juez para que ordenara los arrestos.
Según la Policía Federal, que participó en la operación de este jueves, las empresas de Peixoto pagaron sobornos a consejeros del Tribunal de Cuentas del Estado, a diputados regionales y a otros agentes públicos para beneficiarse en contratos de servicios tercerizados para órganos del estado de Río de Janeiro.
ACUSADOS DE APROVECHARSE DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA de COVID-19
La Policía Federal agregó que la misma organización «se aprovechó de la situación de calamidad pública provocada por la pandemia, que autoriza al Gobierno a realizar contrataciones sin licitación, para obtener contratos millonarios de forma ilícita».
Igualmente se constató, también mediante escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia entre marzo y abril de este año, que los miembros de la organización venían destruyendo posibles pruebas de sus actividades, de acuerdo con la Policía Federal.
Melo, acusado de ser un importante cabecilla de la organización, fue uno de los diputados salpicados por la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que mandó a prisión a decenas de empresarios y políticos, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El exdiputado estaba preso hasta el 20 de marzo cumpliendo régimen semiabierto, lo que le permitía salir de la cárcel, pero ese día fue beneficiado con la prisión domiciliaria precisamente para evitar que pudiera contagiarse del COVID-19 en prisión.
Río de Janeiro, con más de 2.000 víctimas mortales y 19.467 contagiados, es uno de los estados más afectados por el COVID-19 en Brasil.
Brasil registra más de 188.000 casos de la enfermedad y al menos 13.000 muertes. EFE