La Asamblea Nacional, con abrumadora mayoría oficialista, nombró el martes como miembros de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a dos reconocidos opositores, incluido un activista que estuvo preso acusado de participar en supuestas acciones para desestabilizar el gobierno socialista.
Una concesión que sería parte de una serie de medidas recientemente adoptadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro que apuntan a mejorar las relaciones con la administración del mandatario estadounidense Joe Biden.
Es la primera vez desde 2005 que la oposición venezolana tendrá dos miembros en el directorio del organismo electoral o CNE, que se encarga de realizar las elecciones nacionales, estatales y municipales en el país sudamericano. Desde el 2006, pese al dominio oficialista, el Tribunal Supremo designó a los miembros de la Asamblea Nacional, por falta de consenso entre los legisladores. Se necesitan dos terceras partes de los votos para su selección.
El nombramiento y la posterior juramentación se produjo luego de varias semanas de negociaciones tras bastidores entre representantes el gobierno de Maduro y adversarios moderados, algunos de ellos alineados con el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles.
La oposición de Venezuela lucha por recuperar su relevancia a medida que Maduro ha reforzado su control del poder en medio de las sanciones de Estados Unidos y millones de venezolanos han huido del país devastado por la crisis, renunciando a la lucha para poner fin a dos décadas de gobierno socialista.
En el nuevo Consejo predominan los cercanos al gobierno. Como nuevos directores del CNE para los próximos siete años fueron nombrados Alexis Corredor Pérez y Pedro Calzadilla, ambos profesores universitarios y ex funcionarios del gobierno socialista; Tania D’Amelio, actual miembro del Poder Electoral, y los opositores Roberto Picón y Enrique Márquez.
Los dos representantes de la oposición aportan una amplia experiencia política y conocimiento de la maquinaria electoral de Venezuela. El exlegislador Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional por consenso luego que la oposición tomó el control del Legislativo tras ganar por abrumadora mayoría los comicios en 2015.
Se le unirá Picón, el estratega de toda la vida e ingeniero de sistemas informáticos que fue encarcelado entre junio y diciembre de 2017 por organizar una votación simbólica y paralela cuando la oposición boicoteó el referendo de Maduro para nombrar una Asamblea Constituyente. Fue liberado por recomendación de la llamada comisión de la verdad de la Constituyente.
De los tres representantes vinculados al gobierno, el historiador Calzadilla se desempeñó brevemente como ministro de Educación Superior al comienzo del primer mandato de Maduro en 2013 y como ministro de Cultura de su predecesor Hugo Chávez. El profesor universitario Corredor Pérez, por su parte, fue vicepresidente de la comisión de derechos humanos de la oficialista Asamblea Constituyente.
D’Amelio fue sancionada el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro estadounidense y en febrero de 2021 la Unión Europea la incluyó entre los 19 funcionarios sancionados por su relación con el gobierno de Maduro, acusada de “contribuir a socavar el estado de derecho en Venezuela en sus funciones al participar en la ejecución de las elecciones presidenciales de 2018 y en el cambio a las normas electorales para las elecciones legislativas de diciembre”.
La designación de una nueva junta es observada de cerca como una señal de la voluntad de Maduro de volver a comprometerse con sus oponentes, un primer paso necesario para que Biden alivie las devastadoras sanciones petroleras que heredó de la administración de Donald Trump.
Es también la continuación de una serie de gestos similares de Maduro, incluida la concesión del arresto domiciliario a seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en 2017 por cargos de corrupción y su reciente acuerdo que permite que el Programa Mundial de Alimentos comience a operar dentro de Venezuela.
“Puede existir una ventana de oportunidad, y creo que deberíamos aprovecharla”, dijo el martes el representante Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, en un evento patrocinado por el Consejo de las Américas, un grupo pro-empresarial centrado en la región.
En contraste, el líder opositor Juan Guaidó rechazó en Twitter la forma en que se dio el proceso de selección de los nuevos directores y afirmó que “las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán los mismas que en el 2018 y 2020: Arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”.
La Secretaría General de la OEA se sumó a las críticas y manifestó en un comunicado que “rechaza y condena estas acciones de la dictadura”, como llama al gobierno de Maduro, por ser “contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los Poderes políticos del Estado”.
Los analistas dicen que quedan por delante una serie de obstáculos antes de que Venezuela vuelva a la senda democrática y se cumplan las demandas de la oposición para que participe en las elecciones de alcaldes y gobernadores que la administración de Maduro quiere celebrar a finales de este año.
Picón dijo que el CNE por sí solo no puede crear condiciones para que las elecciones sean libres y justas y que las negociaciones en otras áreas será clave. Tiene la esperanza de que una junta electoral pluralista, si se le permite trabajar de manera independiente, ayudará a calmar la hostilidad de los últimos años y podría servir de ejemplo para los partidos políticos, la sociedad civil y las instituciones estatales.
“Necesitamos que todo el país esté alineado para recuperar el valor del voto como instrumento de cambio”, dijo a The Associated Press. “Estoy preparado para trabajar con personas de cualquier origen político que estén interesadas en reinstitucionalizar el país, comenzando por el Consejo Nacional Electoral”.
Sin embargo, algunos observadores dicen que el acuerdo podría debilitar aún más a Guaidó, a quien Estados Unidos y decenas de aliados reconocen como el líder legítimo de Venezuela.
Guaidó se encuentra entre los intransigentes que dominan en la coalición opositora que han rechazado cualquier coexistencia con Maduro. El lunes, más de una decena de partidos que adversan a Maduro condenaron la “designación unilateral” del CNE por parte de la Asamblea Nacional, que considera ilegítima.
La legislatura está repleta de partidarios de Maduro después de que la oposición boicoteara las elecciones del año pasado cuando a varios de sus principales candidatos se les prohibió postularse. Esos comicios fueron considerados fraudulento por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la región.
El actual directorio del CNE fue designado en junio pasado por el máximo tribunal de Venezuela.
Después de la derrota legislativa de 2015, Maduro se dedicó a minar el poder de la Asamblea Nacional y a privarle de sus atribuciones mediante decisiones de la autoridad electoral y el Tribunal Supremo, que además de despojar de sus facultades al Legislativo declaró “inconstitucionales” y “absolutamente nulos” sus actos desde el 2016, incluyendo la elección de nuevas autoridades electorales.