La empresa con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó el contrato para el voto telemático en el exterior en las elecciones anticipadas no existe en la Superintendencia de Compañías, sin embargo, ganó la licitación por casi 800 000 dólares.
Antroproyectos S.C., quien se encarga del voto telemático, está representada por Antonio Arias Larenas en calidad de gerente general, según el contrato con el organismo electoral. No obstante, no se tiene conocimiento sobre la procedencia de esta compañía pues no existe información sobre su creación o actividad en la Superintendencia de Compañías.
A través de un certificado de contribuyentes del Servicio de Rentas Internas (SRI) se conoció que se trata de una sociedad que inició sus actividades en el 2017, pero que fue actualizada el 9 de junio del 2023. Asimismo, en el documento se detalla que su principal actividad económica es el manejo de sistemas informáticos.
Germán Rodas, de la comisión nacional anticorrupción, cuestiona esta adjudicación pues dice que se firmó un contrato con una empresa, «que es una sociedad comanditaria y que puede organizarse ante un notario y deshacerse en ese mismo lugar». De igual manera, indica que no cuenta con la capacidad tecnológica o experticia para manejar el voto telemático.
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Para la contratación de esta empresa, el CNE nombró a una comisión técnica conformada por cinco funcionarios de la institución especializados en informática y finanzas. Sin embargo, este grupo recomendó adjudicar el contrato a Antroproyectos S.C. el 29 de junio del 2023.
El proceso se lo dio por 847 185,77 dólares, monto que se encuentra pagado en un 50%. Se espera cubrirlo en su totalidad hasta la segunda vuelta del 15 de octubre del 2023.
«Vamos a ejercer la presión moral y social para que los cuatro vocales del CNE renuncien y los alternos asuman la responsabilidad», sentenció Rodas.
De acuerdo con el contrato, la empresa debía de proveer del servicio informático y contar con un plan de contingencia en caso de fallas o intermitencias durante el sufragio. Una situación que no se cumplió pues decenas de compatriotas no pudieron votar.
Ante ello, la empresa alegó un hackeo informático, pero en un informe los responsables de administrar el contrato con el CNE concluyeron que «no se contaba con información contundente que demuestre el origen y tipo de ataques». Y al contrario solo se había informado «que los ataques ocasionaron una alta ocupación de recursos disponibles en los servicios».
También en el contrato no consta ninguna cláusula sobre posibles fallos o incumplimientos de las condiciones contratadas.
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