Este lunes 12 de diciembre de 2022, a las 15:00, está prevista la audiencia judicial que definirá el pedido de unificación de penas que presentó ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas. Así lo resolvió la jueza Melissa Muñoz, de la Unidad de Especializada de Garantías Penales de Quito.
En su providencia, Muñoz pidió la participación del Director del Centro de Rehabilitación Social Número 2 de la capital. Su presencia, según la jueza, servirá para que entregue la información sobre la permanencia de Glas en los centros de reclusión del país.
Antes, la jueza solicitó que el Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad certifique: el tiempo que permaneció Glas privado de libertad, por cada causa penal en su contra; un informe jurídico actualizado de cada juicio, y que se consigne la documentación que respalde «las condiciones subjetivas de Glas en relación con el cumplimiento de su condena».
Polémica jurídica; ¿qué ganaría Glas?
El ex vicepresidente tiene dos sentencias en su contra. La primera fue por su participación en la red de corrupción de contratos públicos con la empresa brasileña Odebrecht. Mientras que la segunda condena en su contra llegó por el escándalo de cobros de sobornos durante el gobierno de Rafael Correa. En este caso recibió una pena de ocho años de reclusión.
Hay dos posiciones distintas por la posible unificación de penas a favor de Glas. Su defensa jurídica sostiene que la primera sentencia en su contra se basó en el antiguo Código Penal y ese cuerpo legal sí permite esa decisión. Específicamente menciona la norma que sostiene que un detenido deberá cumplir con la condena más alta en su contra. Es decir, ocho años, con lo cual Glas recuperaría definitivamente su libertad.
Sin embargo, hay otros criterios jurídicos que sostiene que no se pueden unificar las penas y deberá cumplir con los 14 años de prisión impuestos en sus dos sentencias.
Actualmente, Glas se encuentra en libertad condicionada, gracias a un polémico amparo constitucional que logró su excarcelación. Este proceso penal aún está por definirse. El Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad quiere revertir esta decisión. Mientras que la Procuraduría presentó los recursos de ampliación y aclaración a la decisión judicial.