Bolivia sancionará penalmente la «desinformación» que se genere en torno a la crisis sanitaria originada por el coronavirus. El gobierno transitorio de Jeanine Áñez promulgó el pasado 7 de mayo el Decreto Supremo (DS) 4231 que modifica dos parágrafos de los decretos 4119 y 4200, emitidos en marzo.
Esta reforma no incluye a periodistas, debido a estar regidos por otra ley, sino más bien está orientada a “esos ciudadanos que están tratando en las redes sociales de confundir, de enfrentar mal la información», explicó el ministro de la presidencia, Yerko Núñez.
- El decreto 4231 endurece la sanción contenida en otro, el 4200, de marzo pasado, pues somete al ámbito penal al supuesto infractor. La pena oscila entre uno y 10 años de prisión
Asimismo, Núñez detalló que el decreto es solo sobre la pandemia:
Quien dé mala información que quieren dividir, que se rompa la cuarentena, esos son quienes deben preocuparse y el Ministerio Público deberá regular eso.
Dentro del país, la norma ha sido criticada por periodistas y voceros de organizaciones sociales, sosteniendo que es una clara violación a la libertad de expresión.
Es un exceso y un grave riesgo para la libertad de expresión. [dijo hoy el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic]
La norma alarmó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló que «no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud» y pidió derogarla.
Algo similar dijo el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien consideró la norma como:
Un grave retroceso en libertad de expresión en Bolivia con el pretexto de combatir el COVID-19.
Fuente | AFP/EFE