La polarización en Bolivia rebrotó este lunes durante una jornada en la que movimientos cívicos contrarios al Gobierno convocaron a un paro nacional en protesta a la criticada ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento Contra el Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La jornada transcurrió entre bloqueos en varias de las principales ciudades del país y los intentos de la Policía Boliviana que, incluso, utilizó gases lacrimógenos para garantizar la «libre circulación», apoyada en algunos casos por civiles que decían estar en contra de la protesta.
Las principales manifestaciones se produjeron en Santa Cruz, la ciudad más poblada y principal foco de la oposición, junto a La Paz y Cochabamba, que conforman el «eje central» del país, y otras concentraciones esporádicas en urbes como Oruro, Potosí, Tarija y Sucre, la capital de Bolivia.
Santa Cruz el corazón del paro
Santa Cruz fue la ciudad en la que el paro se sintió con más fuerza ya que desde temprano en la mañana se notó la ausencia del transporte público sindicalizado, además de que muchos comercios cerraron sus puertas en respaldo a la convocatoria del Comité Cívico.
En varias intersecciones de calles y avenidas se apostaron personas que protestaron contra la norma que consideran dará poderes especiales a instancias del Estado para desarrollar una persecución política y que se cree vulnera cláusulas de confidencialidad o secreto profesional.
Los manifestantes pusieron cuerdas, llantas y otros objetos en las esquinas para impedir la circulación y en algunos puntos estaban frente a frente con grupos que se opusieron al paro cívico.
El presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, destacó la acogida que ha tenido el paro en esa región contra una medida que vecinos como Wilma Balcazar considera que «vulnera» los «intereses y los derechos» de todos los bolivianos.
También en esa ciudad, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, retiró personalmente objetos como llantas que bloqueaban vías e instó a la población a abrir el paso por las calles.
Tensión en otras ciudades
En La Paz, sede del Parlamento y el Ejecutivo, el paro fue relativo con algunos bloqueos en el centro y zonas cercanas además del sur de la ciudad.
En algunos sitios la Policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a las personas que, incluso, hicieron una barrera uniendo sus brazos y se sentaron en las calles para impedir el paso.
El presidente del Consejo Municipal de La Paz, Jorge Dulón, advirtió sobre la presencia de supuestos «grupos paramilitares» del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que, junto a la Policía, impedían las protestas tras una convocatoria de ese partido a garantizar la «libre circulación».
No obstante, una masiva marcha de gremios y comerciantes informales atravesó el centro de la ciudad contra la polémica ley que, según creen, puede dar paso a procesos judiciales infundados en ese sector no formal de la economía del país.
«Estamos en este paro cívico ciudadano diciéndole al MAS que a través de leyes no va a imponer la dictadura», dijo a Efe la activista Lizeth Beramendi desde un punto de bloqueo en Cochabamba.
En esa ciudad del centro del país la tensión llegó al extremo de que manifestantes y policías terminaron quitándose a tirones una bandera boliviana ante el intento de los agentes por disuadir la manifestación.
El Gobierno boliviano desde un inicio minimizó el anuncio del paro cívico y lo tildó como un intento de la oposición para desestabilizar la gestión del presidente Luis Arce, quien no se ha pronunciado sobre las manifestaciones de la jornada.
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En cambio, el expresidente Evo Morales dijo en su cuenta de Twitter que el paro «fracasó» y que el pueblo boliviano «no quiere ser cómplice del golpe, defiende la democracia» y «no quiere hacer daño a la economía».
Precisamente un eventual perjuicio a la economía ha sido el argumento del Gobierno para rechazar el paro cívico, mientras los convocantes a esta jornada señalaron que algunos gremios no se sumaron por temor a represalias o a enfrentamientos con afines al MAS.
El Gobierno ha indicado de que el proyecto de ley busca cumplir estándares internacionales contra el enriquecimiento ilícito y que el secreto de fuente, en el caso de los medios, no se verá afectado. EFE