Daniela, nombre utilizado para preservar su identidad, denunció ser víctima de abuso sexual en diciembre de 2022 a manos de un compañero de trabajo de su esposo, miembro de la Policía Nacional.
Pese a que ella realizó una denuncia ante las autoridades de la institución, Daniela afirma no haber recibido el apoyo necesario. De igual manera, dijo que trató de comunicarse con los superiores de su esposo, pero sus intentos fueron en vano.
La atención que finalmente recibió fue de una teniente de la institución, pero fue insatisfactoria, siendo prácticamente culpabilizada y desestimada.
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La situación empeoró cuando Daniela decidió denunciar el caso ante la Fiscalía General del Estado, enfrentándose a amenazas por parte del agresor. Ella asegura que él intentó persuadirla para llegar a un acuerdo y, al no lograrlo, la amenazó de muerte. El chantaje incluyó a su hijo y esposo.
“Me decía que hablemos, que lleguemos a un acuerdo. Me decía que si no quito la denuncia no me sorprenda si aparezco muerta, que iba a matar a mi hijo y a mi esposo”, comentó.
De igual manera, dijo que en octubre de 2023 el agresor la atacó físicamente cuando descendía de un autobús. Interceptándola en una motocicleta policial, la amenazó, golpeó y le causó graves lesiones en el rostro.
A pesar de presentar la denuncia ante la Unidad de Flagrancia, el oficial de la Policía permanece en libertad y las amenazas persisten. Daniela teme represalias contra su familia y ella misma.
Geraldine Guerra, de la Fundación Aldea, señala que no se trata de un caso aislado y destaca la impunidad e ineficacia presentes en las instituciones de seguridad. “No entendemos porqué en una institución que debería velar por la seguridad de la ciudadanía se permiten actos violentos. No hay ningún respaldo para las víctimas”, comentó.
TELEAMAZONAS solicitó una entrevista a la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo, la institución informó que se pronunciarán una vez que verifiquen el caso.