Ni el Cootad ni la Constitución impiden que Jorge Yunda continúe como Alcalde

Ni el Código Orgánico de Organización Territorial, ni la Constitución impiden que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, continúe cumpliendo sus funciones, mientras es investigado por  el caso de supuesto peculado en la compra de pruebas para detección de Covid-19.

El Alcalde tendrá que dividir su tiempo entre presentarse a la autoridad cuatro veces a la semana y dirigir el cabildo.

Yunda no podrá salir del país mientras dure la instrucción fiscal.

El Alcalde aseguró que seguirá al frente de todas las funciones municipales como lo viene haciendo desde su posesión

“Cumplí con mi primera presentación. Aquí estoy no me voy a ningún lado y seguiré aquí en la mi ciudad y en mi país”, sostuvo Yunda.

La instrucción fiscal durara 30 días.

YouTube video

Alcalde de Quito comparece en sede judicial

Yunda compareció este miércoles por primera vez ante una sede judicial. Aseguró no temer a que le coloquen un grillete o ir a la cárcel

El Alcalde de Quito se presentó por la mañana del 18 de febrero ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y lo hizo por primera vez para presentarse ante la disposición del juez que sigue el caso.

A la salida de la sede judicial aseguró haber escuchado de sus abogados las medidas cautelares dictadas por el juez. Pero precisó que «no menciona ningún grillete», como había informado la Fiscalía en la víspera.

«No tengo ninguno hasta el momento», refirió a los medios de comunicación al levantarse el pantalón y enseñar las piernas. «Pero -prosiguió- si es que si por salvar decenas de miles de vidas en esta ciudad, tengo que ponerme grillete, o enfrentar la cárcel no me da miedo, mi vocación de médico será siempre defender la vida».

Mientras se prolongue la instrucción fiscal del caso en el que fue imputado el martes, Yunda no podrá abandonar el país como medida cautelar.

Yunda fue vinculado a ese proceso de presunta corrupción como autor mediato, junto a otros seis funcionarios y exfuncionarios públicos como presuntos coautores.

La instrucción fiscal fue abierta por un delito de peculado o malversación de caudales públicos en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de covid-19, una compra realizada a la empresa Salumed S.A. que «habría representado un perjuicio para el Estado de 4.226.800 dólares», según la Fiscalía General del Estado.

Con información de EFE