Juan Diego Quesada - Carolina Mella / El País
El Gobierno de Daniel Noboa está creando en secreto y mediante engaños a los presos de las cárceles de Ecuador una base de perfiles genéticos, según tres fuentes oficiales a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Los funcionarios que llevan a cabo esta tarea les explican a los internos que estas muestras de ADN que irán a parar a un banco estatal de información les ayudará a ser identificados en el caso de que se produjera una matanza, algo que ocurre habitualmente en las prisiones del país, o que alguien suplantara su identidad.
La instrucción es convencerles de que no consulten con su abogado y que crean que el procedimiento forma parte de la rutina carcelaria. Lo que les ocultan es que tiene derecho por ley a negarse a que le tomen las muestras y que esa información genética sirve para implicarles en crímenes que cometieron en el pasado o que vayan a perpetrar en el futuro. Realizar este procedimiento es obligatorio para los toxicólogos, antropólogos, químicos forenses y psicólogos forenses del país.
Noboa, un empresario de 36 años hijo del hombre más rico del país, ganó por sorpresa las elecciones presidenciales de Ecuador en octubre del año pasado. Recibió, tras asumir el cargo en noviembre, un país sumido en la violencia y controlado por las pandillas. Paradójicamente, las bandas ejercían su poder desde las prisiones, en cuyos pabellones las autoridades no se atrevían a entrar.
En enero, los pandilleros desafiaron al Estado con el asalto al plató de una cadena de televisión mientras emitía en directo y sembraron el pánico en las calles de Guayaquil con tiroteos y secuestros. Noboa decretó el estado de excepción por “conmoción interna”, lo que le facultó para sacar al Ejército a las calles y convertir a las pandillas en objetivos militares bajo la etiqueta de terrorismo. En apenas dos meses los homicidios se han reducido a la mitad y el presidente ha anunciado la creación de dos cárceles similares a las de Nayib Bukele en El Salvador.
Los militares también han entrado en las prisiones a tratar de recuperar el control. Todavía no tienen el de todas, pero se han hecho con el dominio de la mayoría. El Gobierno ha aprovechado esta circunstancia para comenzar a hacer el registro genético. Los forenses han recibido en las últimas semanas instructivos de cómo realizar un hisopado bucal.
En la cárcel de Cotopaxi, cerca de Quito, de 4.346 internos solo unos cuantos se han negado a someterse a la prueba. En Riobamba, un presidio en la sierra andina, toda la población carcelaria acabó registrada. “No les deben leer los consentimientos a los PPL [personas privadas de libertad], ellos ni los entienden”, son las instrucciones que han recibido los forenses, según tres fuentes distintas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el ente encargado de las prisiones ecuatorianas, no ha querido responder a las preguntas que le ha hecho EL PAÍS.
El ADN, efectivamente, puede ayudar a identificar a los presos en el caso de que sean asesinados en motines, que en Ecuador son de una violencia insólita: decapitaciones a cuchillo, desmembramientos, quema de cadáveres. La información que se les hurta a los internos es que esos registros puede servir para involucrarlos en crímenes que vayan a cometer en el futuro o que ya hayan perpetrado en el pasado.
Por ejemplo, un preso condenado por homicidio que preste su material genético podría coincidir con las muestras que se recogieron en un caso de violación. Una muestra del perfil genético solo la puede pedir una jueza o una fiscal. El porcentaje de gente que accede a facilitar esta información es muy bajo en casos que se dirimen en los juzgados, según un experto, por lo que resulta más que sospechoso que el Gobierno haya convencido a prácticamente toda la población carcelaria.
De acuerdo con una fuente que presenció este viernes la toma de muestras en la prisión regional de Guayaquil, un policía recibía a los presos y les informaba de que debían rellenar un formulario, sin explicarles nada más. A continuación pasaban a una mesa donde les asignaban un código y les tomaban una fotografía. Después eran conducidos a otro lugar en el que uno policías introducían sus datos en un computador, a lo que seguía un hisopado que un perito se encargaba de almacenar para respetar la cadena de custodia.
Ninguno de ellos puso ninguna objeción y al que preguntaba se le decía que eran huellas digitales necesarias para identificarles en algún momento. “¿O sea, por si acaso nos desmiembran?”, dijo más de uno. Les contestaban que sí y continuaba el procedimiento.
El Comité Permanente de Derechos Humanos, CDH, que monitorea la situación de las cárceles, no conocía esta información. “Se estaría violando el derecho a la salud, esos datos sensibles deben estar bajo absoluta reserva y ser consentida, y proporcionada de forma voluntaria”, dice Billy Navarrete, su director. “La persona debería estar acompañada o por lo menos asesorada de su representante legal”, añade. “El Ministerio de Salud Pública es la única entidad que debería garantizar de forma ética el acceso a esa información altamente sensible, aquí no cabe otra delegación”, insiste.
El Gobierno quiere evitar también casos como el del criminal Leandro Norero, alias El Patrón, que reveló la incompetencia de las autoridades. En 2020, Norero, uno de los capos más importantes del narcotráfico, aprovechó la pandemia de la covid-19 para declarar su muerte a causa del virus y evadir a las autoridades de Perú, donde tenía una causa abierta.
La próxima vez que se le localizó, con vida, fue en una mansión en Samborondón, una ciudad rica anexa a Guayaquil. Se le encarceló de nuevo y el de octubre de 2022, en el pabellón de mediana seguridad de Cotopaxi, murió por segunda vez. El Patrón cayó en una emboscada que organizó la banda criminal los Lobos, que eran sus aliados y socios de negocios, y que mantienen el dominio del reclusorio.
En teoría, fue desmembrado y después incineraron parte de su cadáver. Sin embargo, la policía sospecha que se trataba de otra artimaña. La identificación se hizo con un estudio antropológico forense ―descripciones de los familiares, tatuajes, cicatrices― y no uno de perfil genético, porque no se tenía. Sin ese perfil biológico no se puede asegurar al cien por cien que el criminal haya muerto. Los cambios de identidad con cirugías plásticas y fingir entierros son artimañas habituales de los capos de la droga.
Artículo publicado el 16 de marzo del 2024 en El País, de PRISA MEDIA. Lea aquí el contenido completo. Teleamazonas reproduce este contenido con autorización de PRISA MEDIA.
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