En 2013 Ecuador se aprestaba a extraer petróleo del Yasuní. A pesar de haberse dicho que el crudo de esa zona se quedaría bajo tierra, las arcas públicas y el tamaño de Estado necesitaban de ese petróleo para financiarse; pero para exportarlo se requería un oleoducto.
Para ese fin, la empresa pública Petroamazonas contrató a la firma ARB Ecuador y esta, a la vez, a cientos de proveedores para recibir todo tipo de servicios como alquiler de maquinaria, alimentación y construcción de la tubería.
Sin embargo, más de 300 proveedores de bienes y servicios que trabajaron en la construcción del oleoducto para la extracción de petróleo en varios bloques del Yasuní permanecen impagos desde hace más de ocho años. Esto ha llevado a la mayoría de ellos a la quiebra y a mantener varias deudas con sus propios proveedores.
A pesar de que Petroamazonas en su momento pagó a la contratista principal y ejecutó las garantías favorables a terceros, el dinero se hizo humo y nadie se hace responsable por ello.