Actualizado 22:25
Redacción Teleamazonas.com |
Los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo, fueron suspendidos por tres años, y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó su sentencia este jueves, 1 de mayo de 2025.
La asambleísta electa fue denunciada por violencia política de género contra la fiscal General, Diana Salazar.
Según el proyecto de sentencia del juez ponente, Joaquín Viteri, Schettini fue hallada culpable de esa infracción electoral muy grave. Además, deberá pagar una multa de USD 22 500. El organismo negó la apelación al fallo de primera instancia de junio 2024 sobre esta causa.
En el Pleno del TCE que lo conforman cinco jueces, solamente la jueza Ivonne Coloma, quien preside el organismo, votó en contra de la sentencia. La jueza argumentó que no se había garantizado el derecho a la defensa.
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La resolución, que es de última instancia, fue aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra, a puertas de que el 14 de mayo se instale la nueva Asamblea Nacional. En la práctica, la asambleísta electa no podrá asumir su curul.
La causa también incluye a la abogada Angélica Porras, en cuyo caso fue sancionada con la suspensión de sus derechos políticos por dos años y una multa de USD 13 500.
Schettini es esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien estuvo detenido por el delito de abuso sexual. Porras fue vocal del Consejo de la Judicatura de transición. Ambas forman parte del colectivo Acción Jurídica Popular.
‘Campaña de desprestigio’ contra la Fiscal General del Estado
Entre los argumentos para esta sentencia, el juez Viteri responsabilizó a Schettini de haber liderado una campaña de desprestigio contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, en relación con un supuesto plagio en su tesis.
Sostuvo que esta campaña también ha sido impulsada por terceros y va más allá de la crítica legítima a una funcionaria pública, incurriendo en expresiones denigrantes, intimidatorias y violentas.
Estas acciones -dijo- no solo han afectado a la fiscal, sino también a su madre y hermana, con el claro objetivo de restringir el ejercicio de su cargo.
Según el Código de la Democracia, estas conductas configuran una infracción electoral muy grave por violencia política de género, dijo el juez en su sentencia.
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