El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció el miércoles que todos los empleados públicos tendrán que estar vacunados contra el COVID-19 a partir del próximo mes, ya que la isla experimenta un nuevo aumento de casos.
La orden ejecutiva entrará en vigor el 16 de agosto con pocas excepciones. Quienes se opongan a ser vacunados tendrán que presentar una prueba diagnóstica negativa cada semana. Si un empleado se niega a hacerse la prueba, será obligado a usar sus días de vacaciones y, con el tiempo, podrían no pagarle, dijo Pierluisi.
“Para acabar de vencer la pandemia, este es el paso a seguir”, comentó. “La vacunación es la solución”.
Aproximadamente 27.000 empleados del gobierno son afectados por la orden, que se dio a conocer un día después de que Pierluisi ordenara otra vez el uso de mascarillas en interiores.
La isla de 3,3 millones de habitantes ha reportado más de 124.000 casos de coronavirus confirmados y más de 2.500 muertes relacionadas con el COVID-19. Más del 76% de la población ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna.
La vacunación es el único camino para combatir los escenarios provocados por la pandemia que han causado estragos en todas las esferas, económica, política y social. Algunos países cuentan con las dosis necesarias, pero el ausentismo de las personas causa nuevamente picos de contagios de la enfermedad.