Caso Triple A: congelan cuentas y bienes del alcalde de Guayaquil y otros 15 procesados

Las medidas judiciales dentro del caso Triple A siguen extendiéndose. Este jueves 4 de septiembre del 2025 se conoció que distintos bancos ejecutaron la orden de retención de fondos en las cuentas de los 15 implicados en este proceso judicial, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El proceso judicial avanza con una serie de disposiciones. Desde el 19 de julio, cuando se dictó el llamamiento a juicio contra Álvarez y los demás implicados, el alcalde cumple con un régimen de presentaciones semanales en la Fiscalía y desde el 20 de julio utiliza un grillete electrónico para su localización.

A ello se sumó la orden emitida el 23 de julio por el juez Renán Andrade Castillo, quien dispuso a la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinardap) y a la Agencia Nacional de Tránsito prohibir la transferencia de vehículos de los acusados. También instruyó a la Superintendencia de Bancos y a la de la Economía Popular y Solidaria congelar hasta 12 salarios básicos unificados (5 640 dólares) de las cuentas de cada procesado.

Los fondos retenidos

En cumplimiento de la resolución, las entidades bancarias informaron diferentes escenarios:

A varios acusados se les retuvo exactamente el monto dispuesto, como en los casos de Rosa O., Jessenia V. y Gloria S.

Otros tenían menos dinero disponible: a Lady C. se le congelaron 2 121 dólares, a Olga O. apenas 93,56 dólares, y a Juan A. le reportaron 0 dólares en una cuenta y 107,59 dólares en otra, según detalla el portal Primicias.

En contraste, algunos superaron el límite de la orden. A Fernando V. se le inmovilizaron más de  5 600 dólares en tres cuentas, mientras que el alcalde Álvarez sumó dos retenciones: 229,62 dólares en varias cuentas y 5 640 dólares en una sola, lo que excedería el monto judicial.

El abogado de uno de los procesados solicitó formalmente que se revisen los casos en los que se habrían retenido montos superiores a lo establecido.

El trasfondo del caso

La investigación comenzó tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que detectó irregularidades en la distribución de combustibles. Según la Fiscalía, se habrían comercializado de forma ilegal 22,7 millones de galones de diésel y gasolina, lo que generó un perjuicio económico al Estado de 61,5 millones de dólares.

En total, 16 personas y seis empresas enfrentan cargos por este presunto esquema ilícito. Entre las compañías señaladas figuran Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S. A.

Por ahora, las medidas cautelares buscan asegurar bienes y recursos mientras avanza el proceso penal, que mantiene en vilo a una de las autoridades municipales más visibles del país.