En Ecuador faltan 631 fiscales; el déficit de funcionarios persiste desde hace más de 10 años

La falta de fiscales en Ecuador se ha convertido en un problema que se arrastra desde hace más de una década y que impacta en la capacidad para responder a los hechos de criminalidad en el país.

Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado evidencian una brecha entre la cantidad de denuncias penales y los recursos humanos disponibles para investigar y procesar delitos.

Según el Informe de Gestión 2025, ese Ministerio Público cuenta con 870 agentes fiscales y solo en 2025 se registraron 341 784 noticias del delito. Además, hay causas penales represadas en años anteriores “lo que ha generado una alta carga procesal”, dijo el fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón. 

El número óptimo de fiscales, para atender a una población de más de 18 millones de habitantes, debería de ser de al menos 1 501 investigadores, sin embargo hay 870, una cifra inferior al promedio regional. 

Esto significa que Ecuador tiene un déficit de 631 fiscales, junto con los equipos de apoyo, como secretarios y asistentes. 

La problemática no es nueva

Alarcón reconoció que esta situación no es nueva, sino un “antecedente histórico” que limita la productividad institucional a escala nacional.

Ya en 2017, la institución advertía la falta de al menos 400 agentes fiscales. Para 2020, la necesidad había aumentado a 541 fiscales, una tendencia que continuó en los años posteriores.

En 2021, la propia Fiscalía reconoció que se requerían al menos 577 agentes fiscales adicionales, junto con sus respectivos secretarios y asistentes, para cubrir la carga procesal.

En ese año ya se advertía que el promedio mundial recomendaba 12 fiscales por cada 100 000 habitantes, pero Ecuador alcanzaba cifras menores a cinco.

Al cierre de 2022, la tasa nacional era de 4,77 fiscales por cada 100 000 habitantes, por debajo incluso del promedio latinoamericano, que se ubica en siete. Para igualar al menos ese estándar regional, la Fiscalía debía incorporar 589 funcionarios.

El escenario no ha mejorado en los últimos años, al contrario, aumentó el déficit. En 2024 faltaban al menos 614 y en 2025 subió a 631.

Las consecuencias

El fiscal Alarcón aseguró que la limitación de personal incide directamente en la capacidad operativa de la Institución.

“La Fiscalía cumple su mandato constitucional con rigor técnico y vocación de servicio, pero se requiere con urgencia un fortalecimiento integral del sistema de justicia”, aseguró.

La falta de fiscales causa acumulación de los procesos penales y los despachos de estos funcionarios están saturados de expedientes investigativos, lo que alarga los tiempos de respuesta para la ciudadanía.

La sobrecarga se siente con mayor fuerza en provincias como Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas.

¿Por qué persiste el déficit?

Un factor que afecta es que desde el 2015, el Consejo de la Judicatura no ha desarrollado concursos para la selección de nuevos fiscales, pese a los reiterados pedidos de la Fiscalía.

En 2025, el entonces fiscal general encargado, Wilson Toainga, dijo, durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que han solicitado el incremento de fiscales por varias ocasiones al Consejo de la Judicatura los fiscales, pero no hubo respuestas.

Otro de los problemas es la falta de presupuesto. Alarcón asegura que el presupuesto asignado para 2026 asciende a 138,3 millones de dólares. Sin embargo, el 92% de ese dinero se va en el pago de la nómina actual.

Y el 8% restante sirve para cubrir todas las necesidades operativas a escala nacional, desde insumos básicos hasta peritajes y protección.