Contralor presentó informe con graves hallazgos en contratos de Celec en caso Progen y Austral

El contralor general del Estado, Mauricio Torres entregó información sobre indicios de responsabilidad penal y civil por 122 millones de dólares en el caso Progen y Austral a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.

En una comparecencia la tarde de este martes, 5 de agosto, dentro de la fiscalización y control político de los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), con las empresas Austral Technical Management (ATM) y PROGEN Industries LLC. el Contralor habló de graves hallazgos de los informes emitidos el 14 y 21 de julio de 2025.

En el primer examen especial, los indicios de responsabilidad penal (IRP) involucran a 19 personas; en el segundo, a 24 personas.

En el caso Austral, la Contraloría General del Estado, tras concluir el examen especial sobre la zona La Propicia, en Esmeraldas, determinó indicios de responsabilidad penal.

La Contraloría recomendó establecer responsabilidad administrativa por 123 280 dólares y señaló responsabilidades civiles por 53 millones 958 mil dólares.

Por su parte, en el caso Progen, relacionado con la generación eléctrica en las estaciones El Salitral y Quevedo, la Contraloría recomendó responsabilidades administrativas por 130 750 dólares y responsabilidades civiles por 69 millones 58 mil dólares.

El contralor general del Estado agregó que se encuentra en curso un examen especial relacionado con la central termoeléctrica de Catamayo.

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Durante la comparecencia, los legisladores realizaron consultas sobre varios temas, entre ellos la conformación del equipo técnico que realizó los exámenes, los cambios introducidos en las cláusulas contractuales, la renuncia del proveedor al anticipo sin presentar garantías, el perjuicio al Estado superior a los 100 millones de dólares.

Además, se consultó sobre la responsabilidad de la máxima autoridad delegante, la ineficiencia de los equipos, el pago de viáticos para la verificación, la aplicación del artículo 151 de la Constitución sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, los mecanismos para la recuperación de los recursos públicos, y las diferencias entre delegación, designación y disposición. 

Finalmente, el contralor defendió el carácter técnico de los informes, elaborados por profesionales especializados y expertos en contrataciones emergentes.