Polémica por declaraciones patrimoniales de jueces de la Corte Constitucional

Hay polémica por supuestas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los jueces constitucionales Alí Lozada Prado y José Luis Terán. Aunque la Contraloría ha negado haber entregado la información difundida en redes sociales este miércoles 1 de abril de 2026.

La Contraloría General del Estado habría identificado posibles inconsistencias en los bienes reportados por los magistrados, según una publicación difundida por el diario El Universo.

Según dicha publicación, hay un análisis de varios años a ambos jueces de la Corte Constitucional que muestran movimientos que no han sido plenamente justificados, por lo que fueron remitidos a la Fiscalía para su respectiva investigación.

De acuerdo con los datos publicados por ese medio, Lozada no ha justificado más de 25 700 dólares en su declaración. Además señala que su patrimonio ha crecido más de 302 310 dólares entre 2020 y 2025.

Sin embargo, Lozada reaccionó de inmediato y aseguró que no ha recibido una notificación oficial sobre estos hallazgos. Asimismo, cuestionó que la información haya sido divulgada primero a través de un medio de comunicación.

"Esto, en cualquier país decente es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de esa institución", escribió el Magistrado en su cuenta de X.

Mientras que de Terán se publicó que no pudo justificar documentadamente el origen de más de 70 000 dólares.

Frente a estas reacciones, la Contraloría emitió un comunicado en el que aclaró que los exámenes patrimoniales siguen procedimientos técnicos y se manejan con reserva, por lo que desconocen como el medio de comunicación accedió a dicha información.

Además, la entidad recalcó que su trabajo no responde a presiones políticas ni a intereses externos, sino a sus competencias de control. 

Este enfrentamiento ocurre en medio de un escenario de creciente fricción entre funciones del Estado. Lozada y Terán fueron parte de fallos contrarios al Gobierno de Daniel Noboa.

Corte advierte presiones

La Corte Constitucional respondió enfatizando que "toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones".

En un corto comunicado la Corte Constitucional advierte "un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025, que podría afectar la autonomía judicial".

E insistió en que la "independencia judicial es una garantía esencial del sistema democrático". Asimismo, exigió que los controles se realicen "con el más alto rigor técnico y respero a las competencias constitucionales".