Misión de Observación Electoral de la Unión Europea entrega 15 recomendaciones a Ecuador

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) entregó, este viernes 27 de junio del 2025, su informe final sobre las elecciones generales del 2025 en Ecuador.

En dicho informe se encuentran 15 recomendaciones "orientadas a seguir mejorando los procesos electorales en Ecuador y avanzar hacia una mayor sintonía con las normas internacionales en materia de elecciones democráticas".

De acuerdo con la MOE UE, las elecciones se desarrollaron de manera normal, a pesar de "ciertos desequilibrios". Asimismo, la organización descartó las acusaciones de fraude, realizadas por el correísmo.

"Del análisis de la misión antes, durante, y después de las dos citas con las urnas, reiteramos que no hemos encontrado elementos objetivos que avalen las acusaciones de fraude”, afirmó Gabriel Mato, jefe de misión.  

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El informe de la MOE UE incluye 15 recomendaciones. La organización dio a conocer cinco destacadas:

• Reforma Legal y Garantías Democráticas: Se sugiere revisar las penas más severas por infracciones electorales para evitar restricciones desproporcionadas de los derechos políticos. También, revisar la infracción electoral de violencia política de género, para asegurar que esta no limite injustificadamente la libertad de expresión ni el derecho a la participación política de las mujeres.  
• Instituciones Electorales: Se aconseja revisar el sistema de selección y nominación de las autoridades electorales para garantizar la renovación efectiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).  
• Campaña Electoral: Con el fin de mitigar las ventajas asociadas al cargo de los candidatos oficialistas, se recomienda limitar, durante la campaña electoral, las actividades de la Presidencia y del gobierno a la gestión de asuntos corrientes o situaciones de emergencia. Igualmente, se sugiere que la Asamblea Nacional entre en receso durante este período.  
• Publicidad gubernamental: Se enfatiza la necesidad de mejorar la supervisión de la publicidad gubernamental y revisar el marco legal para prohibir expresamente el uso de la comunicación institucional con fines electorales, exigir la aprobación previa del CNE para toda publicidad oficial durante la campaña, etiquetarla adecuadamente. y aplicar sanciones efectivas en caso de incumplimiento.