En la última sesión del Consejo Metropolitano de Quito, el 21 de mayo de 2024, los concejales Andrés Campaña y Wilson Merino plantearon eliminar los sistemas de alarmas comunitarias de los barrios del alcalde y ediles. El pleno rechazó la moción con 13 abstenciones y cinco ausentes.
El 15 de mayo fue emitida la Resolución N° CDMQ-030-2024 con la aprobación del Concejo Metropolitano a la iniciativa de colocar un sistema de alarma interna en los barrios donde residen alcalde y concejales.
De acuerdo con el edil Merino, en entrevista con el portal Primicias, cada alarma costará 1 500 dólares. Sumado al costo de instalación, mantenimiento y monitoreo el valor podría superar los 100 000 dólares.
Insistió en que es el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, quien «deje sin efecto la resolución. Toda vez que se trata de un «proceso distinto al de las alarmas comunitarias», según reconoció la Secretaría de Seguridad.
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Merino advirtió que avanzar con este proceso podría incurrir en el delito de peculado, «porque se está generando un privilegio por el solo hecho de ser concejal o alcalde«.
«Me parece que desde ahora hay dos tipos de barrios en Quito. Los unos son los que viven el alcalde y los concejales, que tendrán más recursos para enfrentar la inseguridad, y los otros barrios en los que estarán el resto», lamentó el Edil.
Además, dijo que la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, fue convocada a la Comisión de Desarrollo Económico para justificar la vialidad del proyecto. Pero no asistió y envió un delegado que reconoció que «no hay ningún informe«.
Lo mismo ocurre con los análisis de riesgo al que estarían expuestos los concejales para necesitar que se implementen el «exclusivo» sistema en sus barrios.
Campaña y Merino han pedido a la Contraloría General del Estado que se aplique un examen especial del contrato para la adquisición de las alarmas comunitarias que se hizo en diciembre de 2022 y de las cuales aún hay medio millar sin asignarse a ningún barrio.
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