Actualizado 19:55
Redacción Teleamazonas.com |
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, alegó que no puede usar el grillete electrónico ordenado como medida cautelar dentro del caso Triple A, porque «atentaría contra su salud». Así consta en un escrito presentado el 16 de abril de 2025.
Álvarez incluyó un certificado médico con su diagnóstico de un «cuadro clínico de hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística».
En el oficio remitido al juez consta que «el cuadro médico transcrito, deviene en incompatible para el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, es por este motivo señor juez, que solicité audiencia de revisión de medidas cautelares».
Esta diligencia ha sido programada para el 27 de mayo, fecha que para Álvarez resulta «lejana», por lo que también solicitó que sea reagendada por una más cercana, «a fin de revocar la medida cautelar de uso de dispositivo electrónico, la cual atentaría contra mi salud«.
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El juez René Andrade ordenó el uso de grillete electrónico para Álvarez y otras 10 personas, como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. También se les ordenó la presentación periódica en la Fiscalía y la prohibición de salida del país.
Álvarez también añadió en su pedido que ha cumplido con las presentaciones periódicas en la Fiscalía, demostrando su «buena fe y lealtad procesal», así como el «cabal cumplimiento» de las medidas ordenadas por el juez.
El Alcalde de Guayaquil es investigado por presunta comercialización ilegal de diésel, en la que estarían involucradas sus empresas Copedesa, Corpalubri y Flonape S.A.
El caso Triple A
Las autoridades iniciaron la investigación en julio del 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas.
Para ello, se recopilaron informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
En el caso Triple A, la Fiscalía procesó a las empresas de los tres hermanos Alvarez: Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez Henriques, y a otras diez personas vinculadas a las firmas como administradores, contadores o ejecutivos.
Entre estas se encuentra la compañía Gasolinera Copedesa Gasgrupco S.A. Según la Fiscalía, esta empresa habría vendido combustibles, sobre todo diésel, a al menos a tres gasolineras ubicadas en la frontera sur de Ecuador. Estas empresas operan en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.
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