Actualización 18:43
Redacción Teleamazonas.com |
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un centro de rehabilitación clandestino en Nayón, al norte de Quito, este viernes 30 de mayo del 2025. El operativo se realizó en n coordinación con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) del Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional.
Según las primeras investigaciones en este lugar se cometían graves violaciones a los derechos humanos. En el reporte de la AMC se encontraron 40 mujeres, incluidas nueve menores de edad, quienes denunciaron ser víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos.
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De los testimonios recabados, las internas relataron castigos extremos como descargas eléctricas en una piscina, sumersiones forzadas en aguas residuales, agresiones físicas y prolongadas privaciones de alimentos. Una de las internas relató que fue víctima de un intento de violación por parte del encargado de seguridad mientras realizaba labores de limpieza.
En el dormitorio del administrador, los inspectores hallaron billetes de alta denominación, chalecos de seguridad, documentos de menores de edad y preservativos, evidencias que agravan la situación del establecimiento, que operaba sin ningún tipo de habilitación legal ni condiciones sanitarias adecuadas.
De acuerdo con el testimonio de uno de los colaboradores, los familiares de las internas pagaban hasta 4.100 dólares, por seis meses, por un supuesto tratamiento de desintoxicación, pese a la carencia total de acreditaciones. Varias de las mujeres afirmaron haber sido trasladadas bajo amenazas y confinadas sin su consentimiento, incomunicadas por meses y, en algunos casos, sin padecer ningún tipo adicción.
Tras la clausura, las víctimas recibieron atención médica inmediata y fueron entregadas a sus familiares, mientras que las menores de edad quedaron bajo la custodia de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), a la espera de su reunificación con sus representantes legales.
Pablo Osorio, responsable de la Unidad de Operativos de la AMC, informó que el administrador del centro enfrenta un proceso sancionatorio que podría derivar en una multa de hasta ocho salarios básicos unificados (3.760 dólares), por operar sin licencias ni permisos sanitarios, y por atentar contra la seguridad y salud de las personas.
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