El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, defendió este miércoles el «uso legítimo de la fuerza» contra menores reclutados por grupos armados porque dejan de ser víctimas y se convierten en «máquinas de guerra», lo que contradice las normas del derecho internacional.
«Yo que fui director del Instituto (Colombiano) de Bienestar Familiar (ICBF) tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de las FARC y lo que hicieron las FARC fue preparar máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana y por eso aquí se tiene que usar el uso legítimo de la fuerza», dijo Molano, en una entrevista en la radio RCN.
Al ministro le preguntaban por la posible existencia de menores en un campamento de las disidencias bajo el mando de Miguel Botache, alias «Gentil Duarte», que el Ejército bombardeó el pasado 2 de marzo en el municipio de Calamar, en el Guaviare (sur), en el que murieron doce personas.
El periodista y exconcejal de Bogotá Hollman Morris dijo en un video que recibió denuncias de que «en dicho bombardeo llevado a cabo en la vereda Buenos Aires (…) habrían muerto aproximadamente 14 menores de edad», aunque Medicina Legal aún no confirmó la muerte de ningún menor.
Sin embargo, Defensa sí sabía que en el campamento se encontraban «jóvenes» como el ministro se refirió a los adolescentes menores de 18 años en varias entrevistas a radios colombianas.
«La información es que había (…) jóvenes que habían sido preparados como combatientes y que estaban planeando y desarrollando acciones, y que hacen parte por supuesto de la posibilidad que se tiene, con el derecho internacional humanitario, de desarrollar operativos en contra de ese tipo de campamentos», alegó Molano justificando un «operativo legítimo».
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¿Un menor reclutado deja de ser víctima?
Además, Molano repitió en incontables ocasiones que los menores se convierten en «máquinas de guerra», y que dejan de ser víctimas «cuando cometen un crimen».
«Se presume que cuando los niños y niñas han sido vinculados a un grupo armado es porque ha habido reclutamiento forzado», considera la directora de la organización especializada en infancia Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Olga Silva, quien dice que la otra presunción dentro del Derecho «es que ese niño y esa niña es una víctima».
Por ello, los menores «no solamente cuando están desvinculados, sino cuando están vinculados deben ser reconocidos como víctimas justamente porque el reclutamiento forzado es un crimen», alega la jurista, quien considera que en este sentido las declaraciones de Molano, viniendo de alguien con ese poder de decisión en las Fuerzas Armadas, «son supremamente irresponsables y muy graves».
Molano, que entre 2011 y 2013 fue director del ICBF -entidad gubernamental dedicada a la infancia- conoce, como apuntan las organizaciones, que los menores, al ser reclutados, se exponen a mecanismos de violencia que muchas veces les obligan a realizar acciones.
«El Estado colombiano tiene la obligación de ser garante de los derechos», indica Silva, y el hecho de considerar a un menor como máquina de guerra «se aparta de todo el deber constitucional y los deberes que tiene el Estado en materia de derechos humanos».
«Si el Gobierno sabía que ahí podía haber niños, lo correcto a la luz del Derecho Internacional Humanitario es que, por el principio de precaución que opera en el derecho humanitario, no debería haber bombardeado», explica a Efe el abogado y ex representante de la Cámara Alirio Uribe.
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En este contexto, bombardear un objetivo militar sabiendo que allí se encuentran menores «es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y viola tres principios fundamentales que son el principio de prevención, el principio de distinción y el principio de precaución».
«Lo que debió haber hecho la Fiscalía y las Fuerzas Militares era actuar para recuperar a estos niños, para rescatarlos de los grupos armados ilegales», considera la letrada.
Otros precedentes
El 29 de agosto de 2019 la Fuerza Aérea bombardeó otro campamento de disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán, Caquetá (sur), y más de dos meses después se reveló que entre los «neutralizados» había ocho menores, lo que aceleró la dimisión del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero.
Tampoco es la primera vez que un Gobierno colombiano justifica crímenes de uniformados criminalizando a las víctimas. «De seguro, esos muchachos no estaban recogiendo café», justificó en su momento el presidente Álvaro Uribe (2002-2010), sobre los jóvenes que luego se comprobaría que habían sido engañados y ejecutados por militares, para hacerles pasar por guerrilleros muertos en combate, en el caso de los «falsos positivos».
Desde las organizaciones de derechos humanos recuerdan que además el Gobierno ha recibido las 45 alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo emitió en 2020 sobre cómo se estaba incrementando el reclutamiento forzado de menores, y que estas actividades también se realizaban en el Guaviare, donde se produjo este último bombardeo.
«Se ha venido denunciando en los últimos años un reclutamiento masivo de niños y niñas por los diferentes grupos armados ilegales», recordó Alirio Uribe.
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De hecho, el pasado 26 de febrero ocho jóvenes, algunos de ellos menores, desaparecieron cuando viajaban del centro de Colombia a la Costa Atlántica para conocer el mar, y según la Policía, fueron secuestrados y reclutados por integrantes del grupo armado Los Caparros, una banda criminal de fuerte presencia en el noroeste del país.
La Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas indicó que entre 2018 y 2020 se presentaron 313 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la mayoría de ellos varones entre los 12 y los 17 años.
Organizaciones como la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) alertaron que en los primeros cinco meses de 2020, 128 menores habían sido reclutados, por lo que el delito aumentó en un 113 %, debido a la cuarentena y el cierre de escuelas.
«El Estado colombiano es responsable no solamente por acción pero por omisión frente a una grave violación de derechos como lo que está pasando con los niños y niñas en este país», resumió Silva.
EFE