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Contraloría hará siete auditorías para examinar el último censo poblacional de Ecuador

5 de marzo de 2024
Ana Rosero

La Contraloría General realizará siete auditorías, durante el 2024, para examinar el último censo poblacional de Ecuador. Así lo informó esa entidad este martes 5 de marzo de 2024.

El objetivo del ente de control es “verificar la propiedad y legalidad de los procesos de contratación y la gestión realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) durante el Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, que se realizó en el país entre noviembre y diciembre de 2022”.

Al momento, la Contraloría ejecuta tres exámenes especiales. El primero analiza los contratos para la comunicación, difusión, información y pautaje.

El segundo se enfoca en la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, en la Administración Central y Zonal 3 del INEC.

Y el tercero estudia el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y sistemas informáticos utilizados.

El organismo de control prevé ejecutar una auditoría de gestión, para verificar lo siguiente: «Actualización cartográfica y precenso de vivienda, censo experimental, empadronamiento, encuesta postcensal”.

Así como la “coordinación, gestión, logística, monitoreo y control de calidad de las fases de planificación, diseño, construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación desarrolladas por el INEC para le ejecución del censo”.

Adicionalmente, la Contraloría prevé ejecutar, en el segundo semestre de este año, tres exámenes especiales relacionados con el alquiler de vehículos para la ejecución del censo, los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica y los contratos de consultoría, bienes y servicios utilizados por la Zonal 6 y 8.

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Informe aprobado en 2023 reveló incumplimientos contractuales

El 30 de julio de 2023, la Contraloría aprobó el informe de auditoría que analizó la contratación de bienes y servicios por un monto de USD 1´998.023 recibidos por el INEC por el Censo de Población y Vivienda, cuyo periodo comprendió entre enero de 2018 y septiembre de 2022.

La auditoría determinó que el contrato para el servicio de imprenta se firmó 18 días posteriores a su adjudicación, incumplimiento el cronograma.

Además, se suscribió un acta entrega recepción parcial y solicitó el pago sin recibirse las carpetas censales. También se aceptaron bienes que no constaron ni en los pliegos ni en el contrato.

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