EEUU crea mecanismo para que migrantes puedan pedir revisión de sus arrestos

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes la creación de un mecanismo para que los migrantes detenidos o pendientes de deportación puedan pedir la revisión de sus casos, si creen que no se alinean con las políticas de la nueva Administración, que busca dar «un trato humano».

Para ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) creó una herramienta para revisar esos casos. Por medio de esta herramienta, los inmigrantes podrán hacer llegar sus solicitudes por teléfono o por e-mail.

«El proceso de revisión de casos proporciona una vía para que los no ciudadanos y sus representantes soliciten una revisión adicional de los hechos y circunstancias individuales de su caso, a la luz de las prioridades de ICE para la aplicación de la ley, la detención y la deportación, ofreciendo una transparencia adicional en el proceso de inmigración», explicó el director interino de ICE, Tae Johnson, en un comunicado.

En la revisión se dará prioridad a los casos de personas detenidas bajo la custodia de ICE o pendientes de deportación inminente. 

MECANISMO PARA MIGRANTES

Según la nota, este proceso «continúa los esfuerzos para promover el desarrollo de un sistema de inmigración ordenado que trate a las personas de manera humana; al tiempo que garantiza la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública».

El pasado 8 de febrero, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que el mecanismo donde el Gobierno de Biden dará prioridad a la deportación de migrantes; personas que representen una amenaza para la seguridad nacional o pública y a los recién llegados.

La decisión supone una ruptura con la política de la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021). Política en la que se amplió el espectro de las expulsiones a prácticamente a todos los migrantes indocumentados.

Cifras de ICE indican que durante el año fiscal 2020 (octubre de 2019-septiembre de 2020) realizaron 103.603 arrestos; de los que el 90 % correspondieron a personas con condenas o cargos penales.

Además, 185.884 personas fueron expulsadas o deportadas, entre ellas 4.276 integrantes o presuntos miembros de pandillas y 31 «conocidos o supuestos» terroristas.

EFE