El «Catargate» pone en apuros a las autoridades del Parlamento Europeo

Eva Kailí, actual vicepresidenta del Parlamento Europeo, sigue detenida bajo los cargos de corrupción. La justicia de Bélgica ordenó su captura y la de otras autoridades de la Eurocámara para indagar los supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones del Parlamento sobre la celebración del Mundial de fútbol en ese país.

La principal sospecha contra Kailí, según la prensa internacional, es el presunto incremento injustificado de sus cuentas bancarias y que no están respaldadas con sus declaraciones patrimoniales.

En su declaración de 2019, la senadora gregia aseguró que tuvo ingresos anuales por 550.000 euros (573.000 dólares al cambio actual). Pero precisó que más de la mitad de ese dinero llegó por la venta de una vivienda en las afueras de Atenas, Grecia. En ese mismo año, sus depositos asciendieron a 210.000 euros, la mayor parte invertidos en un banco belga.

Pero, un solo un año después sus depositos se duplicaron y llegaron 405.000 euros. Según su declaración, en ese período sus ingresos disminuyeron a 219.000 euros. En ese mismo año, adquirió un departamento en el barrio exclusivo en Atenas de un valor total de 270.000 euros.

En 2020 sus depósitos siguen subiendo y alcanzan los 461.846 euros, pero contradictoriamente sus ingresos disminuyeron a 164.000 euros.

Además, de Kailí también fueron arrestados el asesor del Parlamento Europeo Francesco Giorgi, el ex diputado de Parlamento Europeo Pier Antonio Panzeri.

Ecuador recibió el coletazo

El escádalo de «Catargate» perjudicó al Ecuador, que esperaba que esta semana se defina la eliminación de la Visa Schengen para viajes cortos a los países de la comunidad europea.

El cancillería nacional, Juan Carlos Holguín, informó que la votación quedó aplazada hasta enero del próximo año, como consecuencia de la investigación penal a las autoridades del Parlamento. Sin embargo, anunció que confía que en las próximas semanas se retire el visado para los ecuatorianos.

Otros países perjudicados por la suspensión fueron Kuwait, Omán y, paradógicamente, los ciudadanos de Catar.