Gobierno ofrece disculpas públicas a cientos de afectados de Furukawa

En un acto público se cumplió con la orden de la Corte Constitucional. El caso de Furukawa sentó un precedente en el delito de esclavitud moderna.

El Gobierno Nacional ofreció disculpas públicas a 300 afectados por la empresa japonesa Furukawa por prácticas sentenciadas como esclavitud moderna. El acto oficial se llevó a cabo en la Plaza Grande este sábado 31 de mayo de 2025.

"Respetar los derechos laborales de los trabajadores en Ecuador, forma parte de la consagración de los derechos humanos. Nunca más explotación moderna a los trabajadores. Hoy sus derechos se respetan y son parte de la construcción de una sociedad justa, igualitaria y digna", dijo la ministra del trabajo, Ivonne Núñez.

En diciembre de 2024 la Corte Constitucional declaró que la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. sostuvo una práctica análoga a la esclavitud en sus haciendas, mediante un sistema conocido como servidumbre de la gleba.

«La Corte aceptó las acciones de protección al encontrar que, hasta 2019, Furukawa mantuvo en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud«, señaló el máximo órgano de justicia de Ecuador.

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«Este sistema consistía en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición», añadió la CC.

Los campamentos dentro de las haciendas de Furukawa no tenían luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud.

Como medidas de reparación la Corte Constitucional ordenó una indemnización por daño inmaterial y material a las 342 víctimas de la servidumbre de gleba.

Asimismo, se ordenó al Estado ofrecer disculpas públicas, mismas que este sábado fueron publicadas en las redes sociales.

En el acto oficial estuvieron presentes: José de la Gasca, Ministro de Gobierno; Ivonne Nuñez Figueroa, Ministra de Trabajo; Alegría Crespo, Ministra de Educación; Juan Bernardo Sánchez, Ministro de Salud Pública; Harold Burbano, Ministro de Inclusión Económica y Social; Gustavo Camacho, Subsecretario General de Gabinete de la Presidencia de la República y César Córdova, Defensor del Pueblo encargado.

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