El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denunció este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas contra su Gobierno, quienes horas antes deslizaron la posibilidad de iniciar en la Asamblea Nacional (Parlamento) un proceso para destituir al jefe del Estado.
En un mensaje a la nación difundido por televisión y redes sociales, Lasso hizo «un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador» ante la propuesta de su destitución, que también fue valorada por los asambleístas afines al correísmo.
El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar «el derrocamiento del Gobierno» tras anunciar este que Pachakutik, brazo político de la Conaie, evaluará solicitar en la Asamblea la destitución de Lasso.
#DETALLES | 'La intención real del señor Iza es el derrocamiento del gobierno', aseguró el presidente #Lasso. Acusó al dirigente indígena de engañar a sus bases para intentar usurpar el gobierno. #ParoNacionalEC https://t.co/J5XtxU223Z pic.twitter.com/wK3Nna9ZnC
— Teleamazonas (@teleamazonasec) June 24, 2022
El gobernante lamentó que ese anuncio realizado por Iza llegue después de que el Gobierno aceptase su solicitud de dejar al movimiento indígena ingresar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para instaurar una «asamblea popular», una de las condiciones que el dirigente había puesto para aceptar dialogar con el Ejecutivo.
Lasso también se mostró sorprendido de que este viernes la Conaie y Pachakutik hablen de promover su destitución en el Parlamento cuando el día anterior, según afirmó, habían llegado a un acuerdo con representantes del movimiento indígena.
«Esto nos deja claro que él (Iza) nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido», afirmó Lasso, quien desde un primer momento ofreció sentarse a dialogar con los promotores de las protestas.
En ese sentido, el presidente ecuatoriano agradeció las muestras de apoyo brindadas por otros partidos como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano de oponerse a cualquier intento de destituirlo, lo que implicaría elecciones generales anticipadas.
Contemplado en la Constitución
La Constitución ecuatoriana, en el numeral 2 de su artículo 130, contempla la posibilidad de destituir al gobernante «por grave crisis política y conmoción interna», lo que puede ocurrir en 72 horas una vez aceptada la moción.
Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea y de prosperar la destitución, el vicepresidente asumiría la Presidencia.
En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de la destitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocaría para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
En su mensaje, el presidente ecuatoriano consideró que «el señor Iza ya no puede controlar la situación» y «la violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos», por lo que anunció que el «Gobierno nacional utilizará todos los recursos que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales.
«La Policía nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia», advirtió Lasso.
Evalúan usar munición letal
Minutos antes, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ya había anticipado que la Policía evaluaba comenzar a usar armamento letal (perdigones) contra los manifestantes al afirmar que hay protestantes que están usando ya esa munición contra las fuerzas de seguridad.
Este anuncio llegó en el duodécimo día consecutivo de protestas donde la Conaie exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, con puntos como que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
Hasta ahora las protestas, que comenzaron el 13 de junio, dejan cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con graves actos de represión y también de violencia y vandalismo como la quema y saqueo de un cuartel policial y una emboscada a un convoy militar. EFE