Una incesante lluvia parecía apagar poco a poco la marcha de arranque de campaña de una nueva alianza opositora en una popular barriada del este de Caracas cuando un sorpresivo evento encendió los ánimos.
Desde la parte trasera de una destartalada camioneta repleta de sardinas, un hombre con una camiseta que tenía el rostro del pastor evangélico Javier Bertucci, candidato a diputado por la Alianza Democrática, comenzó a gritarle a quienes estaban en la marcha que se acercaran para retirar el pescado gratis.
El frenesí se apoderó de decenas de personas que comenzaron a aglomerarse alrededor de la camioneta mientras Bertucci se colocaba unos guantes de látex en las manos y agarraba manojos de sardinas y las introducía en bolsas que le acercaban los asistentes al mitin y transeúntes.
Muy cerca de Bertucci estaba otro candidato de la alianza, el locutor Juan Eleazar Figallo, presentador del canal de noticias Globovisión, rodeado de un puñado de simpatizantes que le gritaban “Juancho solidario”, en alusión al nombre de su programa, y lo abrazaban emocionados dejando a un lado el distanciamiento social para evitar el contagio del nuevo coronavirus.
Es así como se ha estrenado Figallo, de 52 años, en la política venezolana. El locutor es una de las figuras de la llamada “nueva oposición” que competirá en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre contraviniendo la línea de una veintena de partidos opositores liderados por Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, que convocó a un boicot contra la consulta por considerarla un “fraude electoral” alegando que no ofrece “garantías democráticas”, postura que ha sido respaldada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la región.
La “nueva oposición”, que surge en medio de señalamientos de supuesta corrupción y cercanía al gobierno, está integrada en su mayoría por diputados y otros disidentes de Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo -las principales fuerzas opositoras-, miembros de pequeñas organizaciones y otras figuras como Bertucci, de 50 años, quien fue uno de los pocos candidatos que competió en las elecciones presidenciales de 2018 y perdió por amplio margen frente a Nicolás Maduro.
Para las elecciones parlamentarias se inscribieron 14.400 candidatos de organizaciones oficialistas y opositoras que competirán por 277 escaños en la Asamblea Nacional. El registro de candidatos de este año supera en más de ocho veces al de los comicios legislativos de 2015, en los que participaron 1.799 candidatos para elección de 167 diputados.
El grupo disidente ha sido señalado por la coalición opositora de ser financiado y promovido por Maduro para tener una “oposición a su medida” y fracturar a los sectores adversos, acusaciones que han sido rechazadas por los candidatos que defienden los comicios alegando que es la única vía para evitar la hegemonía del oficialismo y la pérdida del actual Congreso, que está bajo control de la oposición desde 2015.
Los analistas ven pocas posibilidades de victoria para la “nueva oposición” frente a la gran maquinaria del oficialismo y prevén que este nuevo grupo político, cuya credibilidad está en duda, no ayudará a la nación sudamericana a salir de la compleja crisis en la que está sumida.
El presidente de Diálogo Interamericano en Washington, Michael Schiffer, manifestó dudas sobre esta oposición que ha surgido y planteó que está “entregada al régimen”.
“Eso es parte del plan para dar una apariencia de una oposición real pero no creo que sea real. Son gente básicamente nombrada por el régimen”, agregó. Schiffer indicó a The Associated Press que luego de las elecciones parlamentarias, en las que se prevé que el oficialismo retome en enero el control del Legislativo, Venezuela enfrentará la “consolidación de un proyecto autoritario hegemónico” y estará “bastante alejada de una transición democrática”.
“Esto ha sido de Dios… Son sus designios y tenemos que cumplirlos y hacer su voluntad. Es la voluntad de Dios y es la voluntad del pueblo”, dijo Figallo a AP al ser consultado sobre su decisión de entrar en la política luego de más de dos décadas como locutor en Globovisión, un medio que ha sido vinculado al gobierno y cuyo dueño, Raúl Gorrín, fue sancionado por Estados Unidos por presuntos hechos de corrupción.
El locutor negó los señalamientos que lo relacionan a él y a otros candidatos y dijo que estas elecciones son un “espacio que ellos (el gobierno) nos están dando. Tenemos que agarrarlo, tenemos que sujetarlo, ser cada vez más fuertes e ir con todo en contra de las injusticias que se comenten en contra del pueblo”.
“La esperanza es indetenible”, expresó Bertucci, quien en la pasada campaña presidencial alcanzó notoriedad por repartir sopas en los mítines, al hablar de las motivaciones que lo mueven en esta contienda electoral. Sostuvo que seguirá “oyendo el grito de nuestra gente, a quienes los que tienen el poder han querido callar”.
Hasta hace unos meses muchos de estos candidatos eran desconocidos en la escena política local, pero de un tiempo a esta parte sus apariciones se ha hecho cada vez más frecuentes en los medios, especialmente los estatales y los cercanos al gobierno, donde por años no se le dio espacio a los opositores.
Entre los disidentes está Luis Parra, presidente de la dirección paralela de la Asamblea Nacional que también integra el diputado José Gregorio Noriega, que está optando a la reelección junto al congresista José Brito.
Parra y Brito eran integrantes de Primero Justicia y Noriega de Voluntad Popular y fueron expulsados a fines del año pasado luego de ser señalados de favorecer a empresarios vinculados al oficialismo acusados de hechos de corrupción, entre ellos el colombiano Alex Saab, quien está detenido desde junio en Cabo Verde acusado de lavado de dinero.
A mediados de año el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, suspendió las directivas de Primero Justicia y Voluntad Popular y entregó el control de esas organizaciones a Brito y Noriega. Igual decisión acordó en el caso de Acción Democrática, cuya dirección, activos y siglas pasaron a manos del político Bernabé Gutiérrez, exsecretario de organización de ese partido que rompió para apoyar los comicios parlamentarios.
Sobre las denuncias de supuesto financiamiento del gobierno que habrían recibido algunos de los disidentes no se han mostrado pruebas pero algunos políticos, que hablaron en condición de anonimato para evitar represalias de sus excompañeros de partido, indicaron a la AP que entre las evidencias que tienen está el hecho de que los congresistas disidentes han cambiado en los últimos meses su modo de vida y algunos de ellos tienen ahora escoltas armados y varias camionetas último modelo valuadas en más de 50.000 dólares cuando el año pasado no tenían ni vehículo propio para movilizarse.
Al referirse a los señalamientos de que habrían sido comprados por el gobierno, Brito, de 48 años, afirmó que esas acusaciones responden a “adjetivaciones que han quedado como chisme de pueblo” y sostuvo que sus excompañeros opositores comenzaron a atacarlos por oponerse este año a la reelección de Guaidó como presidente del Congreso y rebelarse contra una “dirigencia inmadura en su comportamiento e irresponsable en su accionar”.
Parra, Brito y Noriega acudieron recientemente a un acto de presentación de candidatos a diputados en la popular barriada de Coche, en el oeste de la capital, donde algunos de los habitantes golpearon cacerolas para protestar por su presencia mientras les gritaban “traidores” y “corruptos”, lo que obligó a acelerar el final del evento.
Brito le restó importancia a la protesta y sostuvo que fue hecha por “tres viejitas de esas cacatúas, pero cuando yo comencé hablar se quedaron calladas”.
“Aquí nadie los quiere”, afirmó Marianela González, un ama de casa de 62 años, al detenerse por unos instantes a ver desde la calle el acto de los opositores disidentes, a los que señaló de haber traído partidarios en autobuses para llenar su acto. “Los únicos a quienes engañan son ellos mismos y el pueblo les va dar una lección el 6 de diciembre cuando nadie salga a votar”, sentenció.