Caso Apagón: Amenazas de muerte y un perjuicio de 104 millones al Estado por Progen

Dos contratos emergentes con la empresa Progen habrían provocado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano de 104,3 millones de dólares, según lo reveló la Fiscalía General del Estado, este jueves 14 de mayo de 2026, en la primera audiencia del caso Apagón.

En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas en el caso Apagón, entre ellos el exministro de Energía Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero.

En la audiencia, Juan Pablo Ortiz, abogado del exministro Antonio Goncalves, afirmó que la empresa Progen “estafó al país”, y cuestionó que las investigaciones no alcancen a quienes considera los verdaderos responsables.

Según el relato del fiscal general (e), Leonardo Alarcón, el perjuicio al país se dio por el anticipo del 70% pagado a la empresa Progen en dos contratos para adquirir generadores eléctricos destinados a las subestaciones de Quevedo y El Salitral.

La diligencia se desarrolló tras descartar tres solicitudes de diferimiento. Se investiga un posible peculado entorno a contratos de generación eléctrica entre las empresas Celec y Progen.

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Intervención de Leonardo Alarcón 

Durante la primera parte de la diligencia, el fiscal Leonardo Alarcón detalló cómo, según Fiscalía, habría sucedido el peculado relacionado con la crisis energética de 2024.

Dea cuerdo con Alarcón, un grupo de funcionarios públicos, que "se aprovecharon de la falta de energía" por la que atravesaba el país, evadió procedimientos de contratación pública en diferentes fases. 

Lo hicieron para favorecer a Progen, empresa que no cumplía con especificaciones técnicas ni con obligaciones legales.

Alrcón detalló que el 2 de agosto de 2024 se firmó el contrato de emergencia Salitral por USD 99,4 millones y el contrato de emergencia Quevedo por USD 49,7 millones.

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Se investiga un prejuicio de USD 104 millones para el Estado

Las indagaciones suceden luego de que Contraloría determine un perjuicio de más de 104'370.000 de dólares para el Estado por contratos con la empresa estadounidense Progen, para instalar centrales termoeléctricas Quevedo y El Salitral.

El inicio de la investigación se conoció después de que el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara que se estaba indagando en los procesos de contratación de Celec realizados durante la emergencia eléctrica.

Dichos contratos fueron adjudicados por Celec a las empresas Progen, con sede en Estados Unidos, y Austral Technical Management, con sede en Uruguay.

Amenazas a funcionario de Celec

La Fiscalía reveló durante la audiencia que un técnico vinculado a Celec habría recibido amenazas por los contratos con Progen. 

Durante la diligencia, el fiscal Alarcón expuso la versión de Byron Orozco, exgerente encargado de Termopichincha, quien aseguró que uno de los técnicos recibió amenazas de muerte en septiembre de 2024.

Según la Fiscalía, la intimidación estaba dirigida a Paúl Flores, uno de los 21 procesados dentro del caso.

El fiscal relató que el mensaje habría sido recibido el 26 de septiembre de 2024 y contenía la siguiente amenaza: “Te ubicamos y a tu familia, te vamos a matar por los contratos torcidos y a los demás”.

La jornada judicial fue suspendida por decisión del juez Marco Rodríguez debido a las restricciones de movilidad por el toque de queda. La audiencia está prevista que se reinstalará este viernes 15 de mayo a las 08:30.