Las claves del juicio 'Triple A' que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez

El denominado caso 'Triple A' activa la agenda en plena Navidad. Este proceso sigue una presunta distribución ilegal de combustibles en zonas fronterizas de Ecuador. En total, son 16 personas procesadas, entre ellas Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y seis compañías más. 

Según la Fiscalía, en este expediente se detectaron supuestas diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado. La investigación comenzó en julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)

ARCH detectó supuestas irregularidades como ventas superiores a la capacidad de almacenamiento de combustible en las estaciones de servicio y presunta exportación ilegal de combustible subsidiado.

La versión de la Fiscalía

De acuerdo al expediente de Fiscalía, el delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos mediante gasolineras, está tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (Coip) y se sanciona con cinco años de prisión.

Cuando inició el caso, Álvarez señaló que la denuncia en su contra tenía motivaciones políticas. Sin embargo, en julio del 2024, las autoridades allanaron oficinas de una de las empresas relacionadas a Álvarez.

El Burgomaestre está señalado por la Fiscalía en calidad de autor. Era representante legal de una de las compañías investigadas.

En la audiencia de vinculación de la causa se detalló que en calidad de representante legal, supuestamente firmó contratos con tres estaciones de servicio que presuntamente vendieron más galones de combustible que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados.

Los otros procesados son los representantes de las estaciones de servicio señaladas en las presuntas irregularidades. También constan gerentes y contadores que figuraban en la nómina de las entidades investigadas.

Las empresas señaladas son las comercializadoras de combustibles y las gasolineras, que supuestamente registraron inconsistencias en la facturación de combustible, el volumen distribuido y la cantidad autorizada.

Las gasolineras bajo la lupa 

Según la Fiscalía, la denuncia de la ARCH señalaba a comercializadoras y estaciones de servicio, por irregularidades en el volumen de combustible despachado y el facturado, principalmente de diésel subsidiado.

Para ello, los procesados habrían establecido relaciones comerciales entre empresas involucradas, que ofertaban el combustible a gasolineras de cantones fronterizos y mineros.

Entre las pruebas, la Fiscalía tiene los contratos supuestamente firmados por Álvarez en calidad de representante legal de las comercializadoras con las estaciones de servicio. También los documentos de las autorizaciones de Petroecuador, acuerdos ministeriales y resoluciones para que las comercializadoras señaladas puedan operar.

En la audiencia de vinculación contra Aquiles Álvarez, la Fiscalía argumentó que entre las cláusulas de los contratos para el abastecimiento de combustibles firmados con Petroecuador y Álvarez, en calidad de represente legal de las comercializadoras, se detallaba que entre las obligaciones está "verificar que los distribuidores de su red no desvíen el combustible entregado por Petroecuador dentro y fuera del territorio nacional".

Supuestamente, las comercializadoras distribuyeron el combustible sin supervisar que se que se vendía ilegalmente.

El abogado de Alvarez, Ramiro García Falconí, asumió la defensa del Alcalde porteño. Según García, es un delito imposible, ya que Álvarez es representante legal de una comercializadora que vende a distribuidores, que solo pueden comprar dentro de un cupo establecido y autorizado por la Agencia de Regulación de Combustibles e Hidrocarburos. 

En su defensa aclaró que la compra de combustible se hace mediante un sistema regulado y bancarizado. Añadió que si las estaciones vendieron el combustible de manera inadecuada, eso no tiene responsabilidad Álvarez ni las comercializadoras. Puntualizó que no tienen relación de propiedad o administración con las gasolineras que habrían cometido el ilícito.

El jurista aseguró que no se ha podido demostrar la venta ilícita del combustible. García comentó que se ha querido construir una narrativa del caso, planteado como "si fuera responsabilidad de la comercializadora el controlar a quién vende cada una de las gasolineras".

Según él, la Fiscalía señaló que su cliente "pudo haber establecido mecanismos de control para verificar que no se venda el combustible ilícitamente".

El abogado García, recalcó que según la causa de Fiscalía,  Álvarez tendría que haber estado en El Oro, Zamora Chinchipe, Guayaquil, el mismo día controlando a quién se despacha el combustible. Además que esa atribución de control le corresponde a la Agencia de Regulación.

En febrero de 2025, se allanaron cinco estaciones de servicio ubicadas en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Para abril, se vinculó a 10 ciudadanos más y una empresa. Aunque en un principio, la audiencia estaba previsto para iniciar en enero del 2026, los jueces que llevan la causa decidieron empezar el 24 de diciembre.