Tribunal de juicio rechaza traslado del alcalde Aquiles Álvarez a cárcel en Quito
El pedido fue planteada por el abogado Ramiro García, quien dice que se estaría afectando el derecho a la defensa en la Cárcel del Encuentro,
La audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquíles Álvarez y sus hermanos, en el caso Goleada, se realizó el viernes 13 de marzo de 2026
API
Compartir
Actualizada:
14 mar 2026 - 13:44
El Tribunal de Garantías Penales negó, este sábado 14 de marzo de 2026, el pedido para trasladar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a un centro de privación de libertad en Quito mientras se desarrolla el juicio en su contra por el denominado caso Triple A.
La solicitud fue planteada por su abogado Ramiro García, durante la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, que se retomó a las 08:30 de este sábado.
El jurista argumentó que las fallas e intermitencias en la conexión desde la Cárcel del Encuentro, donde se encuentra recluido su cliente dificultaron la comunicación durante la diligencia, lo que, según sostuvo, afectaría el derecho a la defensa.
Pese a ello, los magistrados resolvieron negar el traslado desde la esa cárcel de máxima seguridad en Santa Elena a una en la capital.
En su pronunciamiento, además dispusieron que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la dirección del centro penitenciario informen los días y horarios en los que los abogados podrán visitar a sus defendidos.
El juez ponente advirtió que, si no se garantiza ese acceso, la audiencia no podrá reinstalarse dentro de los plazos previstos.
Tras negar el pedido, las partes procesales presentaron sus alegatos de inicio. Luego de eso, la audiencia de juicio se suspendió y está prevista que se reinstale a las 08:30 del sábado 21 de marzo.
El caso Triple A investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados. Según la acusación de Fiscalía, los imputados habrían desviado hidrocarburos destinados a sectores estratégicos para venderlos de forma irregular, lo que habría provocado un millonario perjuicio al Estado ecuatoriano.
Compartir
