¿Qué pasará con la compra de vehículos de lujo en Ecuador?; Daniel Noboa emite reforma

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 36, el miércoles 18 de junio del 2025. Este actualiza las reglas sobre la compra de vehículos oficiales de lujo en el sector público. 

En el documento se ratifica la prohibición de compra de vehículos de alta gama en el sector público. Esta disposición ya constaba en el Decreto Ejecutivo 457, de junio del 2022.

El documento del 18 de junio del 2025, además, reforma parcialmente el Decreto 457 y establece las especificaciones para la adquisión de los diferentes tipos de vehículos para uso del Estado. 

• Crece compra de vehículos de alta gama en Ecuador

Por ejemplo, la nueva disposición presidencial permite la compra de vehículos no especializados para trabajo de campo, trabajo general y transporte colectivo. 

Pero, para adquirirlos, se debe obtener una "aprobación de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República, conforme la disponibilidad presupuestaria previa de la entidad", dice la disposición presidencial.

En cambio, para la adquisición de vehículos especializados, es decir, de aplicación especial o seguridad, se deben "cumplir los requisitos y regulaciones de la normativa específica para estos vehículos, conforme la necesidad de la entidad y su respectiva disponibilidad presupuestaria".   

“En el caso de vehículos de seguridad, se considerarán las características del vehículo o el equipamiento necesario para cumplir con la finalidad de este tipo de automotores. Pueden ser de calidad superior o tecnología avanzada, independientemente del costo, y conforme el nivel de riesgo de la autoridad", establece el Decreto 36.

Vehículos para el servicio exterior

Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitirá la normativa para regular y autorizar las compras de vehículos para el servicio exterior de uso exclusivo de embajadas, consulados, representaciones y misiones diplomáticas del Ecuador. Estas adquisiciones también estarán sujetas a disponibilidad presupuestaria.

De acuerdo con la norma, el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) emitirán las directrices operativas para aplicar el Decreto Ejecutivo 36.