'Haremos sentir el poder del pueblo'; Noboa anuncia marcha contra la Corte Constitucional

"No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, nos tiren abajo las leyes". Con estas palabras, el presidente Daniel Noboa cuestionó a la Corte Constitucional y anunció una marcha pacífica. 

Durante el evento realizado en Daule, provincia de Guayas, el Primer Mandatario se refirió a la decisión de los jueces constitucionales para suspender la aplicación de artículos de Integridad, Inteligencia y Solidaridad. 

"Es importante enteder que estamos viviendo un momento en el que podemos cambiar este país", señaló Noboa, para pedir apoyo en la consulta popular y referéndum, previsto para diciembre del 2025.  

El Presidente de Ecuador recalcó que el poder lo tiene el pueblo y, por eso, convocó a una movilización pacífica la próxima semana. 

"Con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica vamos a protestar este martes 12 de agosto, porque no podemos permitir que nos tiren abajo las leyes que les pueden dar seguridadm dar paz a sus familias y dejar trabajar" 

Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Noboa aifrmó que él participará en la marcha junto a la gente con el objetivo de "hacer sentir el verdadero poder del pueblo". 

El 4 de agosto del 2025, la Corte Constitucional del Ecuador admitió las demandas contra las tres leyes urgentes impulsadas por Noboa y suspendió provisional de artículos y disposiciones transitorias en las normativas. 

Al día siguiente, el 5 de agosto, Noboa anunció las siete preguntas que planteará en la consulta popular y referéndum, entre las que incluyó un tema polémico relacionado a los jueces constitucionales. 

En la pregunta 6 se consultará si está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político. Para ello se plantea reformar la Constitución. 

Ante los cuestionamientos y críticas, la ministra de Gobierno, Zaira Rovira, aseguró que 'no es retaliación', sino que se trata de una "necesidad" para establecer mecanismos de control político sobre este organismo que, a su juicio, “está por encima de todo”.