Penas contra menores, expulsión de Ecuador...Puntos claves de la Ley de Integridad Pública

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 84 votos afirmativos, el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, el martes 25 de junio del 2025. Esta es la tercera normativa aprobada, con carácter económico-urgente, que fue remitida por el Ejecutivo.

El texto aprobado aborda cuatro ejes: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público. la gestión pública en su conjunto, y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

En la Ley se incorporaron elementos planteados en la moción del legislador Andrés Castillo, relacionados con: el balance general del Banco Central del Ecuador; la sanción de expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional.

También se incluyó la deportación en el contexto del conflicto armado interno y la designación de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

Menores de edad penalmente responsables

La Ley de Integridad introduce reformas a 19 normas ya existentes, entre ellas, al Código de la Niñez. De hecho, uno de los principales cambios es el endurecimiento de penas contra menores de edad que cometen delitos en el país.

En la normativa se establecen penas de hasta 15 años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos de gravedad relacionados con el crimen organizado, como sicariato, asesinato, pertenencia a grupos armados organizados, entre otros.

En cambio, si un menor comete delitos sancionados con penas  superiores a 10 años se aplicará la medida de internamiento institucional de 10 a 12 años. 

En ninguno de los dos casos se aplicarán otras medidas socioeducativas privativas de libertad distintas al internamiento institucional.

• Endurecimiento de penas a menores

Este planteamiento busca, de acuerdo al Gobierno, disuadir a los menores tras haber proliferado el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas criminales.

El año pasado fueron más de 3 500 niños y adolescentes que fueron detenidos como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas delictivas, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Unicef expresó su preocupación por la aprobación de esta Ley. Esa institución   manifestó que "este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador".

"Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar posibilidad de reintegración para los adolescentes", añadió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Expulsiones a extranjeros hasta por 40 años

Esta Ley de Integridad también modifica la Ley de Movilidad Humana. Establece cambios como la prohibición de retorno al país por el período de 40 años. Esta medida se aplicaría a los extranjeros que hayan sido expulsados de Ecuador tras cumplir penas por delitos con penas de cárcel mayores a cinco años.

De incumplir esta disposición, el extranjero podrá ser declarado como un objetivo militar, si persiste el "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra las bandas criminales.

Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, no se dispondrá la expulsión de los extranjeros cuando, antes de cometer el delito, hayan contraído matrimonio, se le haya reconocido una unión de hecho con una persona ecuatoriana o tenga hijos ecuatorianos.  

Remisión de intereses

La disposición transitoria décima tercera del proyecto legal establece una remisión de "intereses, multas, costas y recargos" a  los contribuyentes que hagan el pago parcial o total de obligaciones tributarias, que se hayan generado hasta el 31 de diciembre de 2024.  

Para obtener esta remisión tributaria, el pago deberá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto aplicará para los tributos administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), con excepción del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2024. 

Evaluaciones a funcionarios públicos

La Ley de Integridad Pública deroga el artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Ahí se establecía que los servidores públicos de carrera gozarán de estabilidad en sus cargos y en caso de supresión del actual puesto, los funcionarios eran trasladados a puestos vacantes de naturaleza similar. 

En la normativa aprobada, el martes 24 de junio del 2025, se menciona que los servidores públicos gozarán de estabilidad laboral cuando se cumpla con las funciones asignadas para el cargo desempeñado, de manera eficiente, conforme las evaluaciones realizadas por la institución.

Además, la Ley de Integridad impone pruebas de confianza y evaluaciones periódicas, durante el ejercicio de sus funciones

Las evaluaciones se desarrollarán semestralmente, considerando indicadores de eficiencia, resultados institucionales y el servicio prestado a los usuarios externos e internos.

Declaratoria de emergencia en la Función Judicial

Se modifica el artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial y se estipula que, previo análisis del Presidente del Consejo de la Judicatura, se podrá declarar emergencia en la Función Judicial. El objetivo es realizar acciones inmediatas y urgentes para abordar los problemas de la administración de justicia. 

Esta declaratoria permitirá de forma temporal y excepcional, realizar las siguientes acciones: Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales.

También se reasignará y requerirá recursos presupuestarios para atender la emergencia, se realizarán evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales. Además, se hará contrataciones por emergencia.

• Sanciones a funcionarios de la Función Judicial 

Reforma al Código de la Función Judicial

Con la Ley aprobada se incluye una nueva infracción gravísima al artículo 109 del Código de la Función Judicial y tiene reloación con la forma de aplicación de la prisión preventiva.

Se menciona que se podrá sancionar a los jueces que, en procesos de delincuencia organizada, impongan medidas alternativas a la prisión preventiva o la sustituyan "sin motivación e incumpliendo los requisitos legales, en perjuicio del interés social y la protección de los derechos de las víctimas".

Lo mismo ocurrirá con los fiscales que, en presencia de un delito flagrante por delitos de delincuencia organizada, extorsión, asociación ilícita o conflicto armado interno, "beneficien al imputado con medidas alternativas sin la fundamentación debida".

Suspensión de multas por radares

Se realiza también una reforma la Ley de Tránsito que permite suspender del cobro de multas por radares. Durante 180 días, los radares funcionarán solo de manera preventiva, mientras se revisan sus estándares.

"En el plazo de 180 días la entidad competente en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, realizará un proceso de análisis, verificación y revisión de las acreditaciones nacionales emitidas a favor de los laboratorios encargados de la calibración de los medios tecnológicos de detección y sanción automática de infracciones", establece la disposición transitoria quinta de la Ley de Integridad Pública.

Durante este período el funcionamiento de medios tecnológicos de detección, registro y sanción automática de infracciones tendrán una finalidad preventiva y no sancionatoria.

Cambios en cooperativas de crédito

El proyecto de Ley de Integridad Pública genera un cambio de fondo para las cooperativas de ahorro y crédito. En la Disposición Transitoria Décimo Primera abre la puerta para que las cooperativas de ahorro y crédito puedan pasar a ser bancos. 

La norma establece que en un plazo de 90 dias contados a partir de la posesión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, esta emitirá las regulaciones necesarias para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que "deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado".

Según la normativa, la finalidad es proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía de las localidades y preservar la estabilidad financiera.