Municipio de Quito inició el proceso para administrar el Estadio Olímpico Atahualpa

El Municipio de Quito anunció el inicio del proceso de reversión de la donación del Estadio Olímpico Atahualpa. Con la medida, ese escenario deportivo volverá a ser administrado por el cabildo, indicó el alcalde Pabel Muñoz este lunes 9 de junio del 2025.

Según Muñoz la intención es habilitar el estadio con infraestructura renovada y un modelo que fortalezca la política deportiva y de espectáculos de la ciudad. «Iniciamos el proceso de reversión para que de manera inmediata inicie la adecuación de infraestructura, mejoren las instalaciones y se defina un modelo de gestión que fortalezca su política deportiva y de espectáculos», dijo en su informe semanal de los lunes.

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Muñoz detalló que el Municipio inició el proceso de reversión hace un año. Y aclaró que la decisión no responde a la clausura que se realizó el domingo 8 de junio a ese escenario deportivo.

También dijo que los partidos que se juegan en el Atahualpa, como parte del campeonato nacional no se verán afectados por la medida. “He conversado con todos los presidentes de los clubes deportivos. Ninguno ha expresado oposición a esta decisión. Las fechas y actividades deportivas seguirán con normalidad”, enfatizó.

Incumplimiento de las obligaciones tras la donación

La Procuraduría del Municipio de Quito informó que verificaron que desde la Concentración Deportiva de Pichincha, que administraba el estadio, no cumplió con las obligaciones que se establecieron en la donación.

Por ejemplo, dijo que no se dado mantenimiento a las instalaciones, no se construyó camerinos, cedió el uso de bien a terceros e incumplió con el beneficio de entregar 500 entradas a estudiantes municipales.

Gustavo Chiriboga, Director de la Agencia Metropolitana de Control, precisó que la clausura del estadio no es una medida cautelar, sino parte de la sanción administrativa que se impuso a la Concentración.

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“Se ha seguido el debido proceso, se otorgó el derecho a la defensa, y se impuso una multa de 4 700 dólares, equivalente a 10 salarios básicos”, precisó.

Asimismo, se advirtió que la ruptura de sellos de clausura constituye un delito sancionado con privación de libertad de uno a tres años, según el Código Orgánico Integral Penal.

Pabel Muñoz recordó que, desde su construcción en 1966, el estadio no ha recibido un mantenimiento acorde a su importancia histórica y funcional. El Municipio notificó este proceso a la Comisión de Propiedad del Concejo Metropolitano, presidida por el concejal Ángel Vega, y propuso que la recuperación del estadio se realice de manera coordinada con todos los sectores.