La derogatoria de la tabla del consumo de drogas, dispuesta por el presidente Daniel Noboa deberá ser analizada por una comisión. Especialistas aseguran que la decisión de eliminar la tabla no es tan simple.
El abogado penalista, Pablo Encalda, recuerda que este anuncio ya se hizo en los gobiernos de los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso. “Cuando ya van a ejecutar, se asesoran, conversan, analizan y se dan cuenta que esa no es la vía. Que es inconstitucional”, dice.
Para él, en caso de que se derogue la normativa “todos los adictos y consumidores van a terminar presos”. Esto no cumpliría con lo estipulado en la Constitución sobre la necesidad de tratar a las adicciones como un problema de salud pública.
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Por su parte el ministro de Salud, Franklin Encalada, señala que se busca priorizar el eje preventivo sobre el curativo. Además, sostiene que esa cartera de Estado solicitará recursos para cumplir con la disposición.
“La estrategia está armada para trabajar con las personas que tienen el problema y no tenerlos como que son unos potenciales delincuentes, como se quiere aparentar”, dijo el funcionario.
Mientras tanto, desde la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se apunta que la tabla es únicamente referencial. Por lo tanto, se requiere un diálogo para establecer su alcance y debatir ciertas ideas.
Iván Saquicela, presidente de la CNJ, indicó que convocará a una reunión con los jueces de la sala penal y la Ministra del Interior para “dialogar” sobre la aplicación de la disposición.
El objetivo, dice Saquicela, es que no exista impunidad y no se criminalice sin fundamentos. La tabla fue creada en 2014 y establece las cantidades máximas que debe portar una persona para ser catalogada como consumidor, sin ir a la cárcel.