Los 13 integrantes de una organización delictiva dedicada a la extorsión bajo la modalidad de ‘vacunas’ que fueron detenidos en Quito, el 9 de marzo del 2023, recibieron medidas cautelares. La PolicÃa Nacional rechazó la decisión judicial.
El operativo se realizó con miembros de la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (Unase) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Se allanaron cuatro domicilios en el centro y sur de la ciudad, en los que se detuvo a 12 extranjeros y a un ecuatoriano.
En ellos se encontró un vehÃculo reportado como robado, tres armas de fuego, 120 municiones, seis celulares y tarjetas de débito y crédito. Con eso, los uniformados presumen que habrÃan participado en múltiples robos y secuestros extorsivos.
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Según detalló la PolicÃa, los aprehendidos amedrentaban a las vÃctimas con ataques armados a sus domicilios y propiedades. Además les enviaban mensajes por WhatsApp, con videos del supuesto seguimiento que les realizaban.
Durante la audiencia de flagrancia, los 13 detenidos en Quito recibieron medidas cautelares. Ellos deberán presentarse ante un juzgado periódicamente y tienen prohibida la salida del paÃs. Situación que causó indignación en la ciudadanÃa y los uniformados.
Rechazo a decisión judicial
Mediante un comunicado, la PolicÃa Nacional rechazó este 10 de marzo la decisión judicial y pidieron apoyo al trabajo que realizan los uniformados, que diariamente «arriesgan su vida» cumpliendo con su labor «para garantizar la seguridad y paz» en el paÃs.
«Como Institución recalcamos que nos encontramos en la lucha permanente contra la delincuencia, siendo imprescindible que exista el trabajo mancomunado entre las instituciones del Estado, con la finalidad de combatir al crimen organizado y delincuencia común», se lee en el comunicado.
Durante, los últimos años se registra un incremento alarmante de las extorsiones bajo la modalidad de ‘vacuna’. Según los datos de la FiscalÃa, en 2022 se reportaron 1.276 casos, es decir, tres veces más que el año anterior.
El delito de extorsión está tipificado en el articulo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años para quienes lo cometan.
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