“Cualquier policía involucrado en actos delictivos tendrá que atenerse a la ley”. Esa fue la advertencia del ministro del Interior y policía en servicio pasivo, Juan Zapata, para anunciar los resultados del operativo «Júpiter» este 26 de enero del 2023.
Esta fue una operación policial que se cumplió en Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas en busca de supuestos integrantes de las organizaciones delictivas «Los Choneros», «Los Lobos» y «R7».
En total fueron detenidas 21 personas todos ecuatorianas y 16 de ellos con antecedentes delictivos. La sospecha de las autoridades es que ellos participaron en delitos de sicariato, secuestro y participaron en los atentados ocurridos en Guayaquil en noviembre del 2022.
Sin embargo, el operativo «Júpiter» confirmó la presunta participación de un teniente coronel y jefe de unidad cantonal en estos delitos. El nombre del oficial no se difundió. Pero el ministro Zapata usó su caso para explicar los problemas que afronta la Fuerza Pública con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).
Los problemas legales
Esta normativa estable que la desvinculación de un policía involucrado en actos delictivos no puede ser inmediata y se demora de 45 hasta 60 días.
Por esta razón, dijo Zapata no se lo pude dar de baja al oficial aprehendido en el operativo. El comandante de la Policía, Fausto Salinas, pidió a la Asamblea que acelere la reforma de esta ley y que también se analice una norma para sancionar a los jueces y abogados que estuvieran vinculados con grupos delictivos.
El Comandante sostuvo que jueces y abogados patrocinan a uniformados para que sus sanciones administrativas sean anuladas. Muchos lograron regresar a la Fuerza Pública.
La minería ilegal es una amenaza integral a la seguridad del Ecuador https://t.co/UwqS3gvuyG pic.twitter.com/3HySPY7PBy
— Teleamazonas (@teleamazonasec) January 26, 2023
El general Salinas también habló de la compra de chalecos y uniformes para la Policía con mayor seguridad, como códigos QR, números de identificación, y la posibilidad de tener un chip. De este modo se pretende verificar a quién se vende los uniformes.
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